El inicio de los diálogos entre el Gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC-EP permite fortalecer la legitimidad de la salida negociada al conflicto armado, así como de la paz como derecho supremo y colectivo consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia (CP)[1]; como consecuencia de ello, la paz debe estar por encima de los intereses políticos de las clases dominantes en el país. Por otro lado, el inicio de las conversaciones entre ambas partes implica que el Gobierno Nacional reconozca el elemento político de la lucha de la guerrilla de las FARC-EP, aunque continúe rechazando las formas en las que se han exigido históricamente dichas demandas políticas. De igual forma, implica que las FARC-EP aceptan la necesidad de buscar formas para pasar a hacer parte de la legalidad y respetar el orden constitucional vigente, llegando para ello a algunos acuerdos en cuanto a las reformas.

Texto Completo

 

Los cuatro años de negociación han estado plagados de acuerdos y desacuerdos hasta que, durante el primer semestre de 2016, lo acuerdos han venido siendo cada vez más. Así, el pasado 18 de julio del año en curso, mediante sentencia C-379 de 2016, la Corte Constitucional decidió avalar la constitucionalidad de la regulación estatutaria del plebiscito para la refrendación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Precisó que el plebiscito tiene carácter vinculante respecto del Presidente de la República y que ese acuerdo es una decisión política que no implica la incorporación de un texto normativo al ordenamiento jurídico. Al mismo tiempo, fijó el alcance de la participación de los servidores públicos en las campañas en torno a este plebiscito y la forma en que se garantizará a todos los ciudadanos, la publicidad e información en relación con el Acuerdo Final[2].

El 25 de agosto de este año, en La Habana, las partes anuncian que se ha llegado al Acuerdo Final, convocándose entonces, tal como estipulaba la ley estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del Acuerdo, el plebiscito popular para el día 2 de octubre, mecanismo que había sido propuesto por el Gobierno Nacional desde el inicio de las negociaciones en La Habana, Cuba.

Es de anotar, que existe el principio contramayoritario, que ha sido desarrollado principalmente en los tribunales constitucionales a nivel mundial; éstos tienen la característica de ser órganos independientes y calificados, que les permiten proteger los intereses de las minorías con base a una norma preexistente superior, la Constitución, por encima de la que pueden llegar a decidir las mayorías en un momento puntual. Esto no quiere decir que la aplicación de dicho principio sea independiente de los órganos que tienen un carácter mayoritario, y que, por tanto, se aparte del principio democrático, ya que son las mayorías las creadoras de esa norma básica de la sociedad.

Por ello, la paz es un derecho supremo y colectivo de interés general, e independientemente de lo que decidan las mayorías debe ser de obligatorio cumplimiento. En este caso, además, quiénes dijeron Si a la Paz y Si a los acuerdos fueron las víctimas y los territorios más afectados por el conflicto, quienes son legitimados para decidir sobre lo que les afecta directamente.

En el plebiscito convocado el 2 de octubre de 2016, el No ganó por una mínima diferencia: votaron 13.066.945 de 34.899.945 personas habilitadas para votar, el Si obtiene una votación de 6.377.482 con un 49,78%, el No obtiene una votación de 6.431.376 con 50, 21%. No obstante, el verdadero ganador de esta jornada electoral fue el abstencionismo calculado en un 62.59%, estas cifras nos permiten hacer las siguientes reflexiones:

  1. La minoría decidió por una mayoría, que por diferentes razones no salió a votar, bien sea por su apatía a la participación política, el desinterés, el hecho de que no se abriera inscripción de cédulas o por la situación ambiental que atravesaron diversos municipios, principalmente de la Costa Caribe por el paso del Huracán Matthew.
  2. La elevada abstención, que no dista mucho de la que se da en los procesos electorales, tiene unas raíces muy profundas, que se relacionan con la deslegitimación del sistema político y la desconfianza de una gran parte de la ciudadanía respecto a las instituciones públicas y sus representantes.
  3. Existe una profunda división al interior de la sociedad colombiana, sin embargo, las personas que votaron por el No, dicen que no están en contra de la paz, sino de los acuerdos, no obstante, muchos de los que hacen esta afirmación, no conocieron los acuerdos y fueron convencidos por malas interpretaciones de éstos[3], así como de diferentes medios falaces para “manipular” el voto de la opinión pública.
  4. Pese a estos acontecimientos, en las últimas semanas se ha dado un decidido respaldo por la sociedad civil, que se ha expresado mediante multitudinarias marchas. De igual manera, es necesario resaltar el apoyo y opiniones dadas por los sectores que históricamente han tenido que soportar los vejámenes del conflicto y las víctimas del mismo.

Se han allegado una serie de propuestas por los sectores que lideraron la campaña del No, las cuales indiscutiblemente deben ser revisadas, pero lo preocupante es que, en estas propuestas, lógicamente no se presenta a las víctimas en la centralidad de las mismas, por el contrario, se ha desdibujado y banalizado el nombre del acuerdo denominándolo como “el acuerdo de víctimas”. 

En el presente documento se abordan las propuestas de los diferentes sectores del No[4], para contrarrestarlas con el contenido del Acuerdo Final de Paz, el abordaje de los mismos en el ámbito internacional y otros procesos de paz, así como en la legislación, jurisprudencia y práctica histórica y política colombiana. Todo ello con el fin de llegar a propuestas que puedan acercar a los diferentes sectores. Debido a que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR o ‘acuerdo de víctimas’) constituye un sistema holístico, integral e interrelacionado, algunos de los contraargumentos se harán con base en todo lo contemplado en el SIVJRNR, así las propuestas de los sectores del No se refieran únicamente a un punto aislado.

Cualquier propuesta hecha para acercar las posiciones opuestas se limita a “precisiones” y “ajustes” en la medida en que estos se mencionan en el comunicado conjunto del 7 de octubre presentado por las partes negociadoras.[5]

[1] Artículo 22 de la Constitución Política: “La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”

[2] Sentencia C-379 de 2016, disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2030%20comunicado%2018%20de%20julio%20de%202016.pdf  

[3] Entrevista Juan Carlos Vélez Uribe. “Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”: http://www.elcolombiano.com/colombia/acuerdos-de-gobierno-y-farc/entrevista-a-juan-carlos-velez-sobre-la-estrategia-de-la-campana-del-no-en-el-plebiscito-CE5116400

[4] Estas incluyen las de Andrés Pastrana, las de Álvaro Uribe Vélez, y el documento presentado por la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC.

[5] http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/comunicado-conjunto-reunion-habana-despues-del-plebiscito.aspx

 


Vamos por la paz