Este documento tiene como finalidad, cuestionar si los derechos  de las minorías pueden estar sometidos a la decisión de las mayorías o en estos casos se debe respetar el principio contramayorítario, busca hacer una aproximación jurídica, tanto a nivel nacional como internacional del derecho a la paz como derecho supremo que debe ser respetado y las razones por las que no debe ser sometido a la voluntad de las mayorías, del mismo modo, explica el por qué, el inicio de los diálogos de paz de La Habana son un reconocimiento al origen de la insurgencia en Colombia, reconociendo que el país vive una profunda desigualdad social y económica, hace un cuestionamiento, sobre quiénes son los legitimados para refrendar el Acuerdo Final, ¿aquellos que solo han visto la guerra por televisión o aquellas víctimas y comunidades que tienen que vivir los vejámenes de la guerra en su cotidianidad?, el Acuerdo Final no solo incluye el derecho fundamental a la paz y no es este derecho el que a través de refrendación popular se sometió a la voluntad del pueblo, el Acuerdo en sí mismo incluye la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos fundamentales de las personas y los territorios más golpeados por el conflicto político, económico, social y armado, territorios en los que jamás ha habido presencia del Estado, es por eso que termina siendo cuestionable que una serie de derechos fundamentales incluidos en el Acuerdo facultando al Ejecutivo la generación de políticas públicas que  garanticen el goce y disfrute de los derechos fundamentales, en aras de que, en palabras de la Corte Constitucional éstos no terminen sometidos a  “la tiranía de las mayorías”[1] es por eso que al final se hacen una serie de propuestas que terminan siendo viables jurídicamente en aras de implementar los acuerdos y garantizar los derechos fundamentales de los grupos poblaciones referenciados anteriormente que siempre debieron ser garantizados pero que en la actualidad no gozan del disfrute de estos, el texto concluye con una aproximación a las formas de implementación del Acuerdo Final en aras de proteger a la población más vulnerable en nuestro país.

 

[1] Sentencia C-379 de 2016 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

 


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