El  informe analiza de forma detallada el problema del uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH o “la Comisión”) ha recibido de forma continua información apremiante corroborando que las y los defensores en las Américas son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento en diversos contextos, con el fin de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen.

Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.

Leer y descargar el informe: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

Algunos datos sobre Colombia :

La CIDH ha tenido conocimiento de que las y los fiscales y las autoridades encargadas de la investigación penal en ocasiones realizan investigaciones previas secretas a defensoras y defensores, las cuales pueden incluir actividades e informes de inteligencia por parte del ejército o la policía, y pueden ser previas a, parte de, o incluso a falta de una investigación penal en contra de un o una defensora de derechos humanos. Un ejemplo claro de ello sería el operativo de inteligencia llevado a cabo en 2005 a raíz de una visita de la CIDH a Valledupar por oficiales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia. Dicho operativo presuntamente tuvo como objetivo “determinar los casos que la Relatora [para Colombia, Susana Villarán] estudia y los testimonios que presentan los ONG, además el lobby que adelantan para presionar una condena del Estado”73F 74.

En Colombia, Carolina Rubio Esguerra, jefa de la seccional Santander de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y facilitadora del capítulo Norte de Santander del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), quien actúa como delegada al Comité Operativo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, fue detenida el 16 de noviembre de 2010 y acusada por el delito de rebelión. La investigación en su contra se inició con ocasión de las declaraciones rendidas por dos desmovilizados de la guerrilla de las FARC, quienes manifestaron que Rubio Esguerra presuntamente habría pertenecido al Frente 24 de este grupo guerrillero, entre los años 2002 y 2005. El 23 de noviembre de 2010, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, junto con el Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, enviaron un llamamiento urgente expresando preocupación por las alegaciones de que su detención y las acusaciones en su contra pudieran estar relacionadas con sus actividades pacíficas y legítimas de promoción y protección de los derechos humanos78F 79. Finalmente, el 27 de julio de 2011 el Fiscal 87 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos declaró que no había pruebas suficientes para iniciar un juicio ya que los cargos se basaban en los testimonios de dos testigos de poca credibilidad79F 80.

Por otra parte, la Comisión ha indicado que la repetición de declaraciones estigmatizantes puede contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que pudiera acarrear una afectación a la vida e integridad personal del defensor o defensora, aumentando su
vulnerabilidad, ya que funcionarios públicos o sectores de la sociedad podrían interpretarlas como instrucciones, instigaciones, autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos contra su vida, seguridad personal, u otros derechos12 0F 121. Particularmente, cuando estos señalamientos se dan en el contexto de conflictos armados, los grupos al margen de la ley podrían considerar que los actos de violencia destinados a acallar a las y los defensores cuentan con la aquiescencia de los gobiernos121 F 122. Por ejemplo: Según un informe de Human Rights First respecto de Colombia, muchas defensoras y defensores son acosados sistemáticamente por paramilitares después de la desestimación de una investigación o con posterioridad a ser acusados por medio de declaraciones públicas, y a veces tienen que buscar asilo en otro país122F 123. Por ejemplo, Alfredo Correa de Andreis, activista de derechos humanos y profesor de la Universidad de Magdalena fue arrestado el 17 de junio de 2004 y acusado por el Fiscal 33 de Cartagena de rebelión y pertenencia a las FARC. El juez habría declarado el caso sin fundamento. Sin embargo, el 17 de septiembre de 2004, poco después de haber sido liberado, fue asesinado por presuntos paramilitares, quienes al parecer habrían creído las declaraciones del Fiscal123F 124.

En este sentido, la CIDH considera que los Estados tiene el deber particular de proteger y otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que puedan realizar libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su labor, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. En esta línea, la prevalencia de los derechos humanos en un Estado democrático se sustenta, en gran medida, en el respeto y la libertad que se brinda a los defensores en sus labores


Vamos por la paz