Un estado en la sombra: vigilancia y orden público en Colombia, Un informe presentado por la organización internacional Privacy International

A lo largo del último decenio, el Estado colombiano ha estado creando una arquitectura de vigilancia masiva, sin autoridad legal clara ni salvaguardias adecuadas contra el uso indebido, y sin que haya habido tampoco posibilidades suficientes de escrutinio público. En un país donde se ha visto utilizar de manera habitual la vigilancia de las comunicaciones para someter a hostigamiento a quienes critican las políticas del gobierno, controlar en todo momento a los funcionarios públicos y comprometer las iniciativas de resolución pacífica del persistente conflicto armado, la ampliación del Estado de vigilancia en la sombra de Colombia es un grave motivo de preocupación.

 


El presente documento de Privacy International es el primero de dos informes donde se saca a la luz la arquitectura de vigilancia de Colombia. La organización pone de relieve en él las deficiencias jurídicas y las condiciones políticas que han dado lugar a la ampliación de las capacidades de vigilancia masiva, así como las consecuencias de ésta para Colombia, basándose para ello en archivos públicos, en documentos que eran anteriormente confidenciales y en el testimonio de personas relacionadas directamente con estos sistemas de interceptación.


Las capacidades de vigilancia del Estado colombiano han aumentado paralelamente a las operaciones militares emprendidas contra las principales guerrillas del país.1 No obstante, en los informes sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales abundan los indicios de interceptación ilegal de comunicaciones privadas, y se han producido varios escándalos en el país por el ejercicio indebido de las capacidades de interceptación por parte de diversos organismos públicos.


Desde finales de la década de 1990, la interceptación legal de comunicaciones en redes colombianas se efectúa por medio de Esperanza, sistema de interceptación que gestiona la Fiscalía General de la Nación (Fiscalía) y al que tienen acceso la Policía y, antes de su disolución, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).


Vamos por la paz