El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, informa a toda la comunidad nacional e internacional en defensa y protección de los derechos humanos, a los movimientos sociales, organizaciones juveniles, cívicas, barriales y populares, la siguientes situaciones violentas en contra del derecho a la protesta social y el derecho constitucional en el marco de “La revocatoria de Mandato de la Administración Distrital”, se deben brindar plenas garantías para las y los ciudadanos, pues no es la primera vez que este tipo de situaciones desencadena una serie de vulneraciones y violaciones que atentan contra los Derechos Humanos, originada por el uso desmedido de la fuerza pública:

  1. Hoy, 26 de marzo de 2017, hacia las  10:00 am dos integrantes de la Juventud Comunista Colombiana en la ciudad Bogotá, JOSÉ HERNANDO ROMERO y JHON CASTILLO, se encontraban  recogiendo firmas para el proceso de Revocatoria del Mandato del Alcalde Enrique Peñalosa en la plaza del 20 de julio localidad de San Cristóbal.
  2. Tiempo después, ambos ciudadanos fueron víctimas de un acto de agresión por parte de la fuerza pública, los jóvenes JOSE ROMERO y JHON CATILLO, proceden a grabar dicha situación, como lo permite el margen legal vigente y constitucional:

LEY 1801 DE 2016 (julio 29)

Artículo 21. Carácter público de las actividades de Policía. Todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones.

La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta.

  1. Garantizando la publicidad de la acción policial, y haciendo el ejercicio constitucional de sus derechos, los ciudadanos JOSE ROMERO y JHON CASTILLO, son física y verbalmente agredidos por miembros de la Policía Nacional, los funcionarios públicos proceden a llevárselos inicialmente al CAI de SAN BLAS. Según la información de la comunidad, observaron que los funcionarios de la Policía Nacional, responsables de la anterior situación son el Subteniente de la Policía de San Cristóbal y los patrulleros identificados con número 224513 y 167711.
  2. La comunidad informa, que los jóvenes, fueron fuertemente golpeados y que una vez subidos a la patrulla los dirigen a la Estación Central de la Policía Nacional ubicada en San Cristóbal donde siendo la 1:00 pm los detienen en un garaje, con la advertencia que se los van a llevar al Centro de Traslado por Protección – CTP- (antigua UPJ) en Puente Aranda, para posiblemente judicializar.
  3. Siendo las 5:00pm no hay más noticias sobre el paradero de los ciudadanos y jóvenes integrantes de la JUCO, les incomunicaron y no han permitido que hablen con sus abogados de confianza o con sus familias.
  4. Hasta las 5:30pm, le informan a los abogados de los jóvenes que han sido trasladados al CTP. Para sorpresa de los defensores de derechos humanos, este lugar se encuentra sin presencia de la Personería Distrital y sin funcionarios del distrito que garanticen el debido proceso y las garantías dignas de detención.

Las y los defensores de derechos humanos del CPDH y la Comisión Distrital de Derechos Humanos de Marcha Patriótica, se ha comunicado con todas las autoridades competentes del distrito en aras que se dé una pronta e inmediata libertad para los jóvenes detenidos. A todas luces hay una serie de irregularidades en el procedimiento, inconsistencias administrativas que sumadas a la actual estigmatización de la que han sido víctimas las personas que lideran la Revocatoria del Mandato de la Alcaldía en la ciudad de Bogotá, se están configurando patrones sistemáticos por parte de funcionarios públicos y funcionarios adscritos a la Policía Nacional por acción u omisión.

Hacemos un llamado a la capacidad de gobernabilidad en la ciudad de Bogotá, para que se emita un pronunciamiento desde las instituciones distritales en las que se inste a tomar medidas de prevención, seguridad y protección desde la Personería Distrital, Defensoría del Pueblo, el Departamento de DDHH de la Policía Nacional, la Secretaria de Gobierno Distrital y la Alcaldía Mayor de Bogotá; para blindar el ejercicio a la libertad de expresión y se priorice en base al derecho constitucional de protesta social a quienes recogen firmas o participan de las campañas legales que permiten por mandato de la Revocatoria al Mandato del Gobierno Distrital de turno.

El ejercicio de la política, la libertad de expresión y todas la libertades democráticas en la ciudad de Bogotá, hacen parte de la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, los funcionarios públicos no deberían tomar posiciones a favor o en contra, la altura de las instituciones y su capacidad para la resolución de conflictos no se puede ver sometida al libre arbitrio de los pensamientos, ideas, valores y canones morales de algunos miembros de la Policía Nacional, en especial.

Hoy el momento histórico por el que Estado Colombiano atraviesa y se ha comprometido, se enmarca en la solución dialogada de los conflictos, las instituciones y entidades públicas deben mantener ejemplarmente conductas de transparencia y lucha contra la corrupción, no contra organizaciones juveniles o contra manifestaciones políticas, movimientos sociales, cívicos o barriales que hacen también en su ejercicio cotidiano la construcción de soberanía y Estado.

Exigimos a la Procuraduría se investigue sobre este caso y demás casos que en el marco de la Revocatoria del Mandato al Alcalde Enrique Peñalosa en la ciudad de Bogotá, se estén configurando, por el exceso de fuerza y abuso de autoridad, pues no puede permitirse que están conductas sean constantes en la función pública.

Exigimos que la Fiscalía General de la Nación inicie investigaciones frente a los hechos violatorios contra la integridad, física y psicológica, la libertad, la honra y la presunción de inocencia que se han configurado en estas acciones por parte de miembros activos de la policía nacional contra integrantes de la JUCO y otras expresiones ciudadanas.

Hacemos el llamado a la ciudadanía a continuar denunciando en su acceso a la justicia, estos desaciertos y violaciones que atentan no solo contra la integridad de las personas sino contra el tejido social, se evidencia que hay una falencia administrativa e institucional sino se frenan este tipo de actos contra las y los ciudadanos.

 Bogotá, 26 de marzo de 2017


Vamos por la paz