La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) denuncia y rechaza el homicidio de Víctor Morato (líder social) y de un poblador de la región del Cimitarra en hechos ocurridos entre los días 16 y 17 de enero de 2018 en horas de la noche, en los municipios de Yondó (Antioquia) y Cantagallo (Bolívar).

Hechos

El martes 16 de enero asesinan a un poblador en la vereda Santo Domingo del municipio de Cantagallo, en hechos que se desconocen y que están por aclarar.

El miércoles 17 de enero pasadas las siete de la noche fue asesinado Víctor Morato (líder social), presidente de la junta de acción comunal de La Rompida, que hace parte de la Mesa Comunal por la Vida Digna de Yondó, y miembro del comité de servicios públicos de Yondó. Una vez terminado su día de trabajo, el señor Víctor se desplazaba a su casa por la ruta Yondó - Cantagallo, donde fue arremetido por hombres desconocidos. Cabe decir que las comunidades cercanas a la ruta Yondó - Cantagallo, ya habían denunciado a inicios de año la presencia de actores armados sin identificación.

Estos graves hechos ocurridos se suman a las constantes amenazas hechas a líderes sociales de la región, situación que preocupa y reclama un manejo urgente por parte de las autoridades competentes.

Repudiamos y alertamos

1. En la región del Sur de Bolívar y Yondó hay presencia constante de actores armados desconocidos y encapuchados con fusiles cometiendo robos y amedrentamiento a la población rural. Varias fincas han sufrido robos de ganado, y la vereda Remolinos de jurisdicción del municipio de Yondó sufrió el robo de varios computadores en la escuela.

2. El 31 de diciembre de 2017 actores armados sin identificación atacaron a un poblador rural de la vereda Lejanías en la ruta Yondó-Cantagallo.

3. En el marco de una creciente expresión de la inconformidad social liderada por organizaciones sociales y dirigentes de juntas comunales, se han presentado dos manifestaciones en el municipio de Yondó donde la comunidad reclama al Estado inversión social para el territorio. Preocupa que alrededor de estos temas y activación de la movilización y protesta social ocurran asesinatos y violación a los derechos humanos, máxime cuando conocemos que habrá nuevas protestas como la convocada en el municipio de San Pablo para días venideros.

4. Los asesinatos, amenazas y hostigamientos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos han persistido en 2018 aun cuando el acuerdo de paz con las FARC trajo una serie de medidas de protección a los territorios, las comunidades y los liderazgos políticos y sociales. El incumplimiento de estas medidas afecta uno de los ejes fundamentales de la apertura democrática y la democratización, requisito indispensable para la reconciliación nacional y la construcción de paz. A saber, Colombia cerró el 2017 con 170 muertes de líderes sociales y defensores de paz y, a la fecha, ya se ha presentado un número elevado de asesinatos.

5. El Estado pretende enmarcar la despreciable ola de asesinatos de líderes sociales y políticos en la falsa disyuntiva de si hay sistematicidad o no. No podemos caer en el juego de esa falsa disyuntiva que busca distraer y encubrir una realidad que no admite maquillajes. Fuerzas oscuras, opositoras del proceso de paz, enemigos de la paz, declarados unos y encubiertos otros, buscan cortar de un tajo la esperanza y la ilusión de paz y reconciliación sembrada por el Acuerdo Final y el inicio de la implementación de los acuerdos.

Exigimos a las autoridades

1. Al Ministerio de Defensa para que reconozca la sistematicidad de los crímenes cometidos en contra de los líderes sociales.

2. A la Procuraduría General de la Nación para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población.

3. A la Unidad Nacional de Protección, que se garantice la protección de los derechos fundamentales de los defensores de derechos humanos y líderes sociales.

4. A la Fiscalía General de la Nación que dé con el paradero y haga responder ante la Justicia a los autores directos y mediatos de estos crímenes, estableciendo los móviles de los mismos y garantizando a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición

5. A las entidades de la rama ejecutiva que brinden garantías reales para la defensa de los derechos humanos en cumplimiento de nuestra Constitución Política.

6. Exigimos al Estado colombiano la activación del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política, decreto ley 895 del 29 de mayo del 2017, como instancia de protección de los territorios, las comunidades y los liderazgos políticos y sociales.

Solicitamos

1. A la segunda misión política de la ONU verificar las medidas de seguridad individual y colectiva de los líderes sociales y políticos, defensores de derechos humanos y activistas de paz en los territorios.

2. A las organizaciones defensoras de derechos humanos, movimiento sindical, medios de comunicación y comunidad estudiantil, brindar solidaridad a la comunidad campesina y exigir al Gobierno colombiano respuesta oportuna en la investigación y en las medidas de protección

3. A la sociedad colombiana en su conjunto, que acompañemos de manera solidaria al movimiento social y sus dirigentes comunales.

4. A la comunidad internacional, para que realice un monitoreo a la grave situación de derechos humanos y la persistencia de la intimidación a los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra - ACVC


Vamos por la paz