Todos los años, Front Line Defenders hace entrega del Premio Front Line Defenders para defensores/as de los derechos humanos en riesgo a una persona que ha contribuido de forma excepcional a la causa de derechos humanos. Han recibido este Premio defensoras y defensores de Siria, Federación de Rusia, Afganistán, Guatemala, República Democrática de Congo, Uzbekistán y Sudán.

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Fraternal saludo a todas y a todos:

 

En mi condición de preso político y de conciencia, por pensar y opinar diferente al establecimiento, he sido perseguido, estigmatizado, criminalizado y victimizado.

 La mayor parte de mi vida la he dedicado a la lucha contra la inequidad y las desigualdades sociales. Construir una patria justa donde los niños lloran pero de  felicidad, es por lo que luchamos.

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En Colombia, y particularmente en la región del Magdalena Medio, quienes tenemos el compromiso de liderar procesos sociales y políticos alternativos, hemos estado sometidos a la intemperancia del establecimiento. Para ello utilizan las fuerzas estatales y paraestatales, que cumplen la misión de criminalizar a quienes consideran el enemigo interno, utilizando la eliminación física, es decir el asesinato, y también la judicialización que conlleva el encarcelamiento.

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Siempre he tenido claro que por denunciar  la violación de los derechos humanos, han pretendido eliminarme por la vía física o judicial. Pero jamás he abdicado  ante los momentos difíciles a los que  me han sometido. Por eso, a partir del 17 de abril del año 2008, después que los criminales agotaron lo habido y por haber para asesinarme, optaron por eliminarme por la vía judicial, fue cuando armaron la infamia de la falsa reunión de la que me acusan.

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{image}http://www.comitepermanente.org/images/kate/yuri.jpg{/image}No más miedo, no más brutalidad policial

 

 

El uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado es una práctica cotidiana y permanente que contradice un derecho fundamental e irreductible de estar en desacuerdo, consagrado en el artículo 2 de la Constitución Nacional Colombia.  Esta forma BRUTAL de contención de la protesta social y el descontento es una práctica histórica que somete a las personas a una postura dócil y de subordinación ante el poder avasallador del Estado y sus políticas en benefició del orden y la propiedad. 

 


 

El uso desmedido de la fuerza por parte de la policía es un mecanismo de control social basada en crear terror y miedo generalizado. La policía cuenta con fuerzas especiales entrenadas para contener violentamente cualquier tipo de descontento e inconformidad social, siempre justificada en la premisa de mantener el orden. Las tácticas, las armas y los procedimientos desplegados por la fuerza policial especializada del ESMAD es una muestra clara que la protesta social no es un derecho.

 

 

“En caso de uso de la fuerza por agentes del estado mi tipo de sangre es…”

 

¿Por qué en Colombia existe tanto temor porque las personas muestren su descontento?

 

¿No es acaso legítimo y legal que los ciudadanos expresen su disconformidad frente a decisiones y situaciones del Estado y los poderosos?

 

¿Por qué si en la Constitución Nacional Colombiana la protesta social esta consagrada como derecho fundamental existe una fuerza policial para reprimir la  protesta?

 

¿Por qué la protesta social es criminalizada y perseguida?

 

¿Por qué en Colombia la protesta social es perseguida y reprimida?

 

¿Por qué se usa la fuerza de manera desmedida contra los que protestamos?

 

¿A quién beneficia el reprimir sistemáticamente la protesta social?

 

¿Por qué debemos tener miedo?

 

¿Quién tiene miedo de la protesta?

 

NO MÁS MIEDO. NO MÁS BRUTALIDAD POLICIAL

 

 

 

 

{image}http://www.comitepermanente.org/images/kate/presos.jpg{/image}Nuestros primeros referentes organizativos surgen con la Jornada Nacional contra la Criminalización a la Oposición Política y por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos, desarrollada en la ciudad de Bogotá el 9 y 10 de diciembre de 2009, donde participaron delegados y delegadas provenientes de diferentes regiones del país, que concluyó con la necesidad de crear un espacio permanente de solidaridad.

 

En razón a ello, se realizaron siete pre-encuentros regionales, llevándose a cabo el de la Región Caribe el 19 de mayo de 2011; en estos pre-encuentros se recogieron propuestas de organización y acción, y se decidió convocar el Encuentro Nacional por la Libertad y el Trato Digno de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”, que finalmente se desarrolló con éxito el 4 y 5 de junio de 2011 en la ciudad de Bogotá y dentro de sus conclusiones arrojó la creación de la Coalición Nacional e Internacional Larga Vida a las Mariposas.

 

 

DECLARACIÓN POLÍTICA

ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS 

“LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”

 

En Bogotá, durante los días 4 y 5 de junio del año 2011, nos encontramos 600 delegados provenientes de varias regiones del país, víctimas de las detenciones  arbitrarias y los intencionados errores judiciales, de las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, vividas de manera sistemática en las cárceles colombianas; así también, familiares de las y los prisioneros políticos,organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, políticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, República Bolivariana de Venezuela y las Islas Canarias, los cuales declaramos a la opinión pública nacional e internacional, que:

 

1.    La situación de tortura, tratos crueles e inhumanos que viven los prisioneros y prisioneras políticas tiene una profunda relación con la existencia del conflicto político, social y armado que vive el país, pues dicho fenómeno refleja el carácter excluyente y retardatario del actual régimen político colombiano y su incapacidad para facilitar una solución negociada a la crisis y con ello una salida hacia el Acuerdo Humanitario.

 

2.    La actitud del Presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, debe estar acompañada por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios, así como también la aplicación del principio de distinción entre quienes son combatientes y quienes no lo son y el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y como tal de sus  prisioneros de guerra.

 

3.    Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los pueblos del mundo de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, a la miseria y a la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del Estado Colombiano que durante muchos años admitió a la rebelión como expresión política de fines altruistas que era benévolamente penada.

 

4.    El Estado Colombiano ha implementado una política de estigmatización, criminalización y judicialización no solo de la protesta social, sino de la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. RECHAZAMOS el actual “Estatuto de Seguridad Ciudadana”, impuesto por la coalición de gobierno en el Congreso, el cual pretende criminalizar la protesta social y las acciones de movilización ante las anunciadas crisis del sector salud y educación, así como la profundización del modelo privatizante avisado por el actual gobierno.

 

5.    La extradición de nacionales colombianos y de prisioneros(as) políticos(as) a cárceles en el exterior y de manera especial a los Estados Unidos, constituye una agresión a la soberanía nacional y en especial al principio de derecho internacional de no extradición por razones políticas. Solicitamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a las normas del derecho de asilo  siendo repudiable la decisión de extraditar a Colombia por razones políticas al periodista y director de la agencia de noticias ANNCOL,JOAQUÍN PÉREZ BECERRA.  

 

6.    El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado  su voluntad de contribuir a la solución política negociada del conflicto colombiano y a la formalización de Acuerdos Humanitarios. Rechazamos entonces la captura y la intención de extraditar a Colombia al ex insurgente GUILLERMO ENRIQUE TORRES, conocido como “Julián Conrado”, quien se encontraba ya retirado de las filas guerrilleras y dedicado en una pequeña parcela a labores agrícolas. Exigimos su libertad inmediata a fin de garantizar sus derechos a la vida, integridad personal y debido proceso.

 

7.    La actual política carcelaria y penitenciaria obedece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario impuesto desde el Buró Federal de los Estados Unidos, tiene como consecuencia la generación de una aguda crisis humanitaria al interior de las cárceles.RECHAZAMOS, el proyecto que cursa en el Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como “ERON”, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

 

8.    El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia –INPEC-, es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad.DENUNCIAMOS la entrega de  Prisioneros(as) Políticos(as) por parte del INPEC a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión y la muerte por negligencia médica de los prisioneros, JORDÁN FABIÁN RAMÍREZ y OTONIEL CALDERÓN OVALLE.

 

9.    El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedecen al aumento del número de internos como política criminal del Estado de privilegiar la detención preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el número de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisional, así como la detención domiciliaria a las y los prisioneros políticos.

           

10.  Se mantienen las condiciones degradantes expuestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano viola de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, definiendo la situación como un Estado de Cosas Inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el Estado Colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional Colombiana.

 

11.  Consideramos incoherente la pretensión del gobierno de realizar una Conferencia Nacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo que impuso una Ley de reparación y restitución de tierras inconsulta con las víctimas y que resultará en una nueva burla a los derechos de las mismas, convive con el paramilitarismo, implementa políticas para judicializar la inconformidad social, mantiene a mas de 7 mil personas inocentes, civiles en las cárceles, estigmatiza a la oposición y acrecienta la crisis de derechos humanos en el país. El encuentro y las organizaciones convocantes, no haremos el juego a este espectáculo  de cinismo que quiere instalar el gobierno nacional y que busca  un sentido utilitarista del movimiento de los derechos humanos y las organizaciones sociales, en su afán de que sean aprobados los tratados de libre comercio con EE.UU. y la Unión Europea.

 

12.  Resaltamos y apoyamos la reciente decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que declara la ilegalidad de las presuntas pruebas obtenidas en el marco de  la “Operación Fénix”, con las cuales se ha justificado la persecución política y judicialización en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes sociales. Valoramos de esta decisión que la Corte haya reivindicado como valor superior, la legalidad y la legitimidad como requisitos consustanciales a cualquier evidencia, que quiera ser tomada como prueba judicial y en consecuencia EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA de la defensora de derechos humanos y dirigente sindical LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA.

 

DECLARAMOS, INVITAMOS,  SOLICITAMOS Y EXIGIMOS:

 

1.    Este Encuentro Nacional decide constituirse en una gran Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” como referente coordinador y organizativo. Esta funcionará a través de COORDINADORAS REGIONALES, nacidas de las delegaciones regionales y los referentes nacionales aquí presentes, las cuales, a su vez,  dinamizarán su trabajo a través de comisiones.

 

2.    Invitamos a fortalecer la más amplia movilización social y política a favor de la paz,  la solución política negociada y el acuerdo humanitario que derrote la continuidad de los planes guerreristas plasmados por el Presidente  Santos en su "Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad”anunciada por su Ministro de Defensa, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los cuales profundizan la política de guerra, la pobreza, la impunidad y la aguda crisis humanitaria que vive el país.

 

3.    Exigimos la LIBERTAD INMEDIATA DE TODAS Y TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS -en sus categorías de guerra, de conciencia y víctimas de montajes judiciales-, que se encuentran hoy en cárceles extranjeras y colombianas.

 

4.    Anunciamos nuestra vinculación a las jornadas unitarias de protesta que tienen por objeto la defensa de los derechos de las y los prisioneros políticos, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.

 

5.    Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las cárceles colombianas.

 

6.    Invitamos a participar masivamente el 15 de octubre de 2011, en las diversas actividades del Día Nacional de los y las Prisioneros Políticos. Como encuentro proclamamos esta fecha en pro del Acuerdo Humanitario y la Paz.

 

7.    Llamamos a los medios de comunicación en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de las y los prisioneros políticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso.

 

8.    El día 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos,conmemoraremos esta fecha en las calles con todas las organizaciones defensoras de derechos humanos.   

 

9.    La Coalición Nacional e Internacional por el Trato Digno y la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “LARGA VIDA A LASMARIPOSAS” se compromete en el desarrollo de un PLAN DE ACCIÓN para arrancar de las cárceles a los miles de prisioneros y prisioneras políticas, que se encuentran injustamente en ellas en razón de su inconformidad con las políticas antipopulares del gobierno.

 

10.  Exigimos a la Fiscalía General de la Nación la rigurosa investigación y acusación ante los jueces, por crímenes de lesa humanidad como las torturas y mutilaciones al prisionero DIOMEDES MENESES CARVAJALINO y en general las torturas practicadas en las prisiones, al igual que los supuestos suicidios como los homicidios al interior de las cárceles y las muertes por inasistencia médica. 

 

11.  Respaldamos las justas peticiones de los prisioneros en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Valledupar “La Tramacúa” declarados en jornada de protesta pacifica desde el 9 de mayo por las torturas y tratos crueles que padecen, exigiendo trato digno, traslado por cercanía familiar y cierre de ese penal; en consecuencia, exigimos al gobierno colombiano instalar la comisión de negociación solicitada por los prisioneros y resolver de manera inmediata la crisis de derechos humanos que los afecta.

 

12.  Proclamamos que este movimiento por la libertad de los prisioneros políticos en Colombia se basará en los principios de solidaridad, la ternura, lucha por la paz, el acuerdo humanitario y los derechos universales a la vida y la libertad.

 

Bogotá D.C., Colombia - Junio 5 de 2011

DELEGADOS Y DELEGADAS DEL ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS EN COLOMBIA

“LARGA VIDA A LA MARIPOSAS”

 

 

{video}https://youtube.googleapis.com/v/W46lHafidOU{/video}El día 7 de diciembre de 2012, el Sr. David Rabelo Crespo, defensor de los derechos humanos, fue sentenciado a 18 años y 3 meses de prisión, acusado de homicidio agravado tras un larguísimo juicio plagado de irregularidades.

 

El defensor, quien es secretario general de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) había sido arrestado el 14 de septiembre de 2010 y permaneció detenido en la cárcel La Picota desde ese momento, esperando el veredicto que se conoció el 7 de diciembre pasado, pese a que las audiencias del juicio habían finalizado el 18 de mayo de 2012.

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De cualquier punto de vista, la falta de la justicia y los fracasos de los procesos judiciales en el caso del preso político colombiano, David Rabelo han sido atroces.  El 11 de diciembre, 2012, este conocido defensor de derechos humanos cumplió dos años detrás de las rejas.  Ese mismo día también se publicó su condena y su sentencia de 18 años de cárcel.

La campaña mundial para lograr la libertad de Rabelo se adelanto el 1 de febrero cuando se envío  una carta a su favor  que fue entregado al fiscal colombiano, Eduardo Montealegre Lynett.

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Vamos por la paz