Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Consideramos que su creación por el Congreso de la República mediante el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2017 y su posterior organización por el Decreto Ley 589 de 2017 es un avance importante en la satisfacción de los derechos de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en la materia, exigidas continuamente por los movimientos sociales y de víctimas.

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH denuncia públicamente los ataques realizados en contra de la abogada JULY HENRÍQUEZ, directora de la Fundación Lazos de Dignidad, y demás defensores y defensoras de derechos humanos que vienen solicitando las respectivas amnistías e indultos, según lo preceptuado en la Ley 1820 de 2016.

El pasado 29 de mayo de 2017, en la página web: https://losirreverentes.com (periodismo sin Censura), fue publicado el artículo ‘Abriendo las Celdas de los terroristas’, el cual claramente corresponde a manifestaciones de odio; haciendo evidente señalamientos y actos de estigmatización contra los abogados y abogadas, así como de organizaciones que trabajan y contribuyen a diario con la implementación del actual acuerdo de paz.

Se debe destacar que a causa de señalamientos como los realizados por dicha página, han cobrado la vida de abogados (as), defensores (as)  y líderes (as)  sociales; quienes han tenido que soportar históricamente el flagelo de la violencia sistemática y todo tipo de agresiones y vulneraciones contra su vida e integridad física.

Exigimos a las autoridades competentes investigar este tipo de acciones lesivas y que atentan directamente el actual proceso de paz, y el paso a la transición que debe lograr el país; que tiene por objeto lograr la reconciliación y la convivencia pacífica de los y las colombianas.

Por ello, es necesario que se reconozca el momento de transición en el que se encuentra el país y rechazar esta clase de pronunciamientos, que ponen en evidente riesgo la vida e integridad física de las personas que están comprometidas con la paz de Colombia.

Doctora:

GLORIA DARY MOJICA RIAÑO

Defensora del Pueblo Arauca

Reciba un cordial saludo:

Por medio de la presente EL COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS – CAPITULO ARAUCA; hace un llamado a la  Defensoría Regional del Pueblo para que se  active el Sistema de Alertas Tempranas, para que haga acompañamiento y seguimiento ante el eminente riesgo que la presencia de  estos grupos  significa para la  comunidad araucana.

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En el Departamento del Putumayo se vive a Diario la constante Violación de DDHH, de la mano con la negligente acción de las entidades y/o autoridades encargadas de Proteger y prevenir la Violación de los mismos, en los territorios. Situación que crece con la presencia de actores del paramilitarismo y sus patrones de comportamiento, generando terror; la Fuerza Pública anuncia que en sus operaciones y acciones de inteligencia logran la captura y desestabilización de Bandas Criminales como la Constru (por mencionar algunas), sin embargo en las comunidades campesinas de los Municipios del Medio y Bajo Putumayo se ha denunciado e informado la presencia de personas armadas, de la mano con la aparición de panfletos y/o pasquines que amenazan y atentan contra el Bienestar y tranquilidad de los pobladores más aun cuando se presentan asesinatos en Zonas de alta presencia Militar; Hay que decir también que los lugares donde se presentan los últimos asesinatos de Campesinos se cuenta con fuerte presencia de Organizaciones Sociales y Bases de la MARCHA PATRIOTICA-FENSUAGRISTAS.

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Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV). Consideramos que su creación por el Congreso de la República mediante el artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2017 y su posterior organización por el Decreto Ley 588 de 2017 cumple con las expectativas y requerimientos de los diferentes movimientos sociales y de víctimas, y muestra un progreso en el compromiso del Estado, a través de sus diversas ramas del poder, de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto y la sociedad. Varias de las organizaciones firmantes pertenecemos desde hace cerca de dos años a la Mesa por la Verdad, espacio que tiene por objetivo el impulso y la exigibilidad del buen funcionamiento de la CEV.

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La Juventud Comunista Colombiana, local Camilo Albero Zuluaga -JUCO LCAZ- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, las amenazas y hostigamientos que en las últimas horas por medio de un correo electrónico, han sido víctima los militantes ANDRÉS ROLDAN GÓMEZ, responsable del eje transversal de ambiente y CAROLINA GUEVARA RINCÓN responsable del Frente de Masas Agrario y nuestra organización en general.

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Más de 60 organizaciones de todo el país enviaron hoy una carta a los integrantes del Comité de Escogencia, encargado de la selección del personal que trabajará en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En la misiva, las entidades proponen una lista básica de criterios para el procedimiento de selección, además de la realización de una sesión pública que lleve a un debate y amplia participación de la sociedad, las víctimas y sus organizaciones como garantía de transparencia, legitimidad y confianza.

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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos –CPDH-, informa a toda la comunidad nacional e internacional en defensa y protección de los derechos humanos, a los movimientos sociales, organizaciones juveniles, cívicas, barriales y populares, la siguientes situaciones violentas en contra del derecho a la protesta social y el derecho constitucional en el marco de “La revocatoria de Mandato de la Administración Distrital”, se deben brindar plenas garantías para las y los ciudadanos, pues no es la primera vez que este tipo de situaciones desencadena una serie de vulneraciones y violaciones que atentan contra los Derechos Humanos, originada por el uso desmedido de la fuerza pública:

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París, Bogotá, 23 de marzo de 2017.- La FIDH y sus organizaciones miembro en Colombia, el CAJAR y el CPDH, manifiestan su preocupación ante las modificaciones realizadas en el proyecto de ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), relativas a los criterios para establecer la responsabilidad en la cadena de mando y la participación de terceros, volviendo estos artículos inoperantes. 

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Vamos por la paz