Se busca canalizar las energías ciudadanas hacia inaplazables reformas políticas que afiancen la paz 

Los sectores progresistas, de diversas fuerzas democráticas, sociales y étnicas, miembros del Congreso de la República, avanzan en la construcción de un pacto para enfrentar la sombría ola obstruccionista y reactiva contra la convivencia sociopolítica.

Al mismo tiempo, se proponen canalizar las energías ciudadanas hacia inaplazables reformas políticas que afiancen la paz e impidan la demonización del proceso, consolidar un frente anticorrupción y ambiental para enfrentar el cambio climático mediante un debate público inteligente y ético de cara a las próximas elecciones de funcionarios legislativos y administrativos territoriales y locales.

En este empeño, multitudes estudiantiles, organizaciones sociales y trabajadores agrarios, así como la inmensa franja de desempleados urbanos y las víctimas del desplazamiento, han venido ofreciendo su respaldo condicionado a la satisfacción, tantas veces aplazada, de sus demandas sectoriales. No lo es menos el estímulo que le traslada a esa expectativa unitaria y progresista las bajísimas estadísticas de aprobación del gobierno Duque y el sistemático asesinato de líderes sociales, cuya cifra escalofriante —bajo este mandato— ha conmovido a la comunidad internacional.

“Ensanchar las brechas internas y profundizar las divisiones fortalecería el albedrío de los sectores reaccionarios para reestructurar una JEP ajustada a sus intereses guerreristas”.

Merced a esto, en las dos cámaras fueron ya derrotadas las objeciones presidenciales (en la Cámara, 110 contra 44; en el Senado, 47 contra 34), cuyo interés primordial (el de Duque) es cumplir la oferta de su partido (el Centro Democrático, CD) y de su jefe de “hacer trizas la paz”, mediante sistemáticas operaciones de filibusterismo y agresiones verbales y físicas orientadas a presionar desde la antidemocracia la deconstrucción de la estructura legal de la JEP. El CD se propone adecuar —con sus habituales audacias de cálculo operacional— la normatividad justiciera del organismo a sus intereses, por el peligro que les representa la exposición de la verdad por parte de quienes se allanen a la legitimidad de esa alta jurisdicción.

La pluralidad de dirigentes en las fuerzas alternativas —que están a la vanguardia democrática del Poder Legislativo— ha reflexionado sobre los efectos que tendría el debilitamiento de su deliberación interna y la fragilidad de la interacción política —que hasta entonces avanzaba en ese escenario con graves signos de perturbación— en el futuro de la convivencia y el desarrollo de una cultura política democrática.

En tal sentido, ensanchar las brechas internas y profundizar las divisiones fortalecería —en el campo de los adversarios— el albedrío de los sectores reaccionarios para reestructurar una JEP ajustada a sus intereses guerreristas. Es decir, hacia una ‘machtpolitik’, o política de la fuerza, y el favorecimiento de proyectos de corte neoliberal como los contenidos en el PND. Este último, un programa (no un proyecto de sociedad, como ordena la Constitución Política) con nulas capacidades para garantizar el lazo social como puede confirmarlo quien tenga la paciencia de estudiar sus farragosas 1.600 páginas, en las que el bien y el mal intercambian lugares en contra de la justicia social y la economía productiva.

La dinámica de reinstitucionalización en que se encuentran empeñados los dirigentes alternativos coincide con investigaciones de sociología política, según las cuales la estabilidad y el funcionamiento adecuado de una sociedad democrática dependen de que sus ciudadanos se organicen en unos pocos grupos importantes (idealmente dos), definidos de manera clara, que sostengan opiniones diferentes en cuestiones centrales de política.

En el empeño de consolidar la paz y construir proyectos democráticos para el desarrollo social y político, los progresistas son acosados, cuando no agredidos, por la reacción derechista. Han debido enfrentar la fuga de dos votos (femeninos, lamentablemente), comprados con burocracia y presupuesto público. Presiones indebidas de similar —o peor— linaje como las que han sufrido los magistrados de la Corte Constitucional —paradójicamente, aquellos que se han pronunciado, en sentencias que los honran, contra las objeciones presidenciales a la JEP o el uso del glifosato—, a quienes el Gobierno norteamericano ha despojado de sus visados.

Todo ello es consecuencia del escenario promisorio que se abrió tras la firma de los acuerdos de La Habana, pues las cosas ya no serán iguales en términos de discusión política sobre la calidad de la democracia en posconflicto. Los altos niveles de participación ciudadana en la consulta anticorrupción de 2018 (11’674.951 votos) y en las presidenciales del mismo año (8’028.033 votos por Colombia Humana, la más alta en la historia de la oposición; 1’317.429 por la Alianza Verde y 736.367 por el Polo Democrático) indican que hay esperanzas para la democracia.

Esa significativa participación de las ciudadanías liberadas de ataduras clientelistas suma el 53,58 por ciento, y con ello se consolida el ingreso de nuevas fuerzas sociales que van a presionar un giro democrático orientado al desarrollo de unas instituciones políticas más fuertes, complejas y autónomas.

 

Alpher Rojas C.

Investigador en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos. Autor del libro ‘Desastre en la ciudad’, sobre el terremoto de 1999 en el Eje Cafetero.

Junta Directiva Nacional - CPDH

 


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