En momentos en que el país avanza en la definición de los consensos sobre los cambios necesarios para permitir un proceso de paz justo y sostenible, es una necesidad urgente reformar las normas que rigen la actuación de la Fuerza Pública mediante un proceso de deliberación democrática que involucre a todos los sectores de la nación.

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Foto-Juan-David-Tena

El 23 de junio de 2016 será recordado por las generaciones futuras como el día histórico que nació la Paz para nuestra martirizada sociedad, después de haber vivido y padecido décadas enteras de violencia y guerras políticas, donde la muerte enseñoreo sus reales a lo largo y ancho de nuestra geografía. Los hechos vividos hicieron recordar, nuevamente, las fechas luctuosas de cuando el partido liberal perdió la Guerra de los Mil Días y obligado por la derrota firmó los dos tratados históricos poniendo fin a esta conflagración fratricida.

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Foto: El país

Profundo alivio originó en los corazones de mujeres y hombres comprometidos en la Reconciliación de los Colombianos, la abrumadora mayoría con la que la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el último debate del Acto Legislativo para la Paz, con un contundente y claro resultado: 93 votos a favor. En esta forma, el Congreso de la República aprobó en ocho debates y dos vueltas el mecanismo para implementar los Acuerdos de Paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia – Farc, logrados en los diálogos de La Habana, con el gobierno nacional.

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Foto: Archivo, Centro nacional de memoria histórica

Las condiciones políticas y sociales por las que atraviesa el país, parecen reclamar la necesidad de pensar en un nuevo pacto político que abra la discusión de fondo en los temas más cruciales del momento como son los de la equidad y la justicia para alcanzar mejores índices de inclusión social, que es en el fondo la razón y el pretexto que ha justificado más de 50 años de violencia política. Y no es para menos.

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Hay que reconocer el sistemático esfuerzo que realizan hombres y mujeres por lograr la terminación de la violencia y de la lucha armada, para ayudar a conducir a nuestra sociedad a los espacios de la razón política, con el peso de las ideas, la organización y la movilización que hagan posible el surgimiento de una nueva sociedad más justa, equitativa e incluyente, donde los altos niveles de pobreza sean definitivamente superados por un nuevo modelo económico, político y social a la altura de países con alta responsabilidad social, como los que se ubican en la zona geográfica del Báltico.

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Desde hace muchos años instituciones  académicas muy importantes e investigadores sociales venían diciendo en forma sistemática: “las políticas de represión utilizadas en el control de  las sustancias psicoactivas (clorhidrato de cocaína y otras) son costosamente inoperantes”. Sin embargo, poco caso se les hizo, y más bien  se descartaron olímpicamente, sin  enfrentar el análisis profundo y cuidadoso de esta angustiosa realidad que  convirtió a nuestro país en un  descarnado campo de batalla.

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Foto: El Tiempo

En 1997 fue elegido el doctor Enrique Peñalosa como alcalde Mayor de Bogotá. Habiendo renunciado unos años atrás a su nacionalidad estadounidense, llegaba a la administración distrital  dando énfasis al sector de la infraestructura y a la gestión del espacio público como bases del desarrollo, fruto del discurso del “place management” estudiado en Estados Unidos y Francia. Las sátiras de la televisión colombiana lo presentaban pintando caritas felices y llenando de pintura los barrios “pobres” camino de los clubes y campos de Golf.

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Vamos por la paz