Doctor:

VOLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZ

DEFENSOR DEL PUEBLO

Calle 55 Nº 10 -32

Ciudad

 

REF. Activación alerta temprana y prevención de hechos violatorios a los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el municipio de Mesetas- Meta.

 

 

 Respetado Doctor:

                                                 

El COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  ALERTA DE MANERA TEMPRANA, y por su intermedio a las siguientes AUTORIDADES:

 

AUTORIDADES CIVILES:

Señor: JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, Presidente de la República.

Señor: ANGELINO GARZÓN, Vicepresidente de la República.

Señor: GERMAN VARGAS LLERAS, Ministro del Interior y de Justicia.

Señores Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Señor: EDUARDO GONZÁLEZ PARDO, Defensor Regional del Departamento del Meta.

Señor: DARIO VASQUEZ SANCHEZ, Gobernador del Departamento del Meta.

Señor: ROBINSON RODRIGO MORA MAHECHA, Alcalde del Municipio de Mesetas.

Señor: MARIO GONZALES,  Procurador delegado para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

 

A LAS AUTORIDADES MILITARES:

Comandante General de las Fuerzas Militares,  General   Alejandro Navas Ramos.

Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Sergio Mantilla Sanmiguel.

Comandante de la Cuarta División del  Ejército, Brigadier General JAIME ESGUERRA SANTOS.

Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General JAIRO SALGUERO CASAS.

 

A LAS AUTORIDADES  POLICIALES:

 Director de la Policía Nacional, General OSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO.

Comandante de Policía del Meta, Brigadier General LUIS ALBERTO PERÉZ ALBARÁN.

Inspector General Oficina asesora de la Policía Nacional, Mayor General   ORLANDO PAEZ BARÓN.

 

Sobre los hechos que se han  venido presentado en el municipio de Mesetas - Meta, en los cuales se imprime la gravedad suficiente para realizar esta ALERTA TEMPRANA, pues se ha constatado y confirmado  por medio de denuncias presentadas sobre dicha situación, que existe una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y  de los Derechos Humanos, en el municipio de Mesetas, en razón de los siguientes hechos:

 

 HECHOS

 

 

1. El día 18 de octubre de 2011, en  horas de la mañana fue asesinado un joven indígena, identificado como Afael Guetio Osmos, perteneciente al cabildo de villa lucia, hecho  presuntamente perpetrado  por agentes del Estado. Al parecer el día  19 de octubre de este mismo año, aceptaron su responsabilidad sobre los hechos, debido a la presión ejercida  por los habitantes del municipio que se reunieron para manifestar su rechazo por la muerte del joven indígena.

Según la información suministrada por los habitantes del municipio,  el Ejército limitó el acceso a la zona el día en que se registro la muerte del joven, aduciendo tal limitación a posibles combates en la zona.

 

2. El día 16 de octubre de 2011, el COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS- CPDH, tuvo conocimiento a través de información suministrada por la comunidad, la cual fue reiterada en un comunicado emitido por FENSUAGRO, el día 20 de octubre del año en curso, referente a las detenciones masivas dirigidas en contra de la población civil de los municipios de Mesetas y La Uribe.

Se sabe que mediante acciones conjuntas entre el  Ejército Nacional y Policía Nacional, detuvieron a  varias personas que fueron conducidas a la base militar, ubicada en el caserío de la Inspección Segunda Municipal de la Julia del Municipio de La Uribe – Meta. Posteriormente la comunidad conoció que fueron trasladadas a la Ciudad de Granada - Meta, poniéndolas a orden de la Fiscalía 27 de esta municipalidad, a quienes se les acusó de rebelión, ellas son:

a. EDGAR RAMÍREZ, Comerciante, habitante de la julia.

b. HERMINSON HERNÁNDEZ, estuvo detenido en el año 2006, y lo vuelven a detener.

c. LUIS ALBERTO GUTIERREZ URIBE, Campesino, habitante de la vereda el placer y candidato al Concejo por el Partido Verde.

d. RUBEN DARIO OSORIO, Campesino Presidente de ASOPROAJU y candidato al Concejo por el Polo Democrático Alternativo.

e. MARIA ENELIDA BERMUDEZ URIBE , comerciante de La Julia –

f. JOHANY BERMUDEZ PINZON, trabaja como cotero, pasa gente en el Rio.

g. CARLOS JULIAN USECHE, joven campesino de la vereda La Primavera y afiliado ASOPROAJU.

El día domingo 16 de octubre de 2011, la comunidad del casco urbano de la cabecera municipal de La Uribe, informó que la policía nacional y el CTI del Municipio de La Uribe, habrían detenido a varias personas, ellas son:

a. AURORA GARCIA, campesina Ama de casa de la vereda Versalles.

b. GREGORIO SANTOFIMIO, campesino de 60 años de edad que se encontraba en el caserío.

c. ROSA ELVIRA SAN MARTIN, Promotora de Salud del Municipio.

d. WILMER SANTOFIMIO, hijo de Gregorio santofimio, quien trabajaba como Constructor o albañil en el caserío.

 

 

 

3. En el mes de Octubre del año en curso, se hiso  circular  un panfleto  dirigido a toda la  comunidad del municipio de Mesetas, en el que se mencionan  a varias personas aspirantes a la alcaldía del municipio.  Con este  comunicado se ven vulnerados   derechos fundamentales tales  como la Honra, buen nombre y  la libertad de expresión, comprometiendo libertades indispensables para un adecuado desarrollo  del debate electoral.

Un  punto relevante en este comunicado es la acusación que se hace al señor Alfonso Camacho, defensor de Derechos Humanos del COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS- CPDH, en la que se precisa lo siguiente:

“El camarada “Alfonso Camacho”, luchador de derechos humanos, jaja, como si todo el pueblo no supiera lo criminal que ha sido, por culpa de ese personaje hay tantos huérfanos y viudas en este pueblo…”

De esta manera, este comunicado causó un ambiente de incertidumbre y miedo  entre los habitantes del municipio, en los días de elecciones.

 

4. El Señor  Carlos Andrés Barrera Cubides, ha venido siendo víctima de persecución por parte de agentes de la móvil Nº Diez (10) del Ejercito Nacional, quienes en repetidas ocasiones han allanado la casa del señor, la última vez que lo hicieron fue el 26 de agosto del presenta año. De igual manera el día 9 de septiembre  la unidad móvil Diez (10) del Ejercito Nacional se presentó a la casa del señor  Carlos Andrés Barrera Cubides, argumentado que estaban realizando un censo, el que realizaron de la siguiente manera :(1) primero preguntaron el número de las personas que vivían en la casa, (2) segundo procedieron a pedir los documentos de cada uno, ésto es inusual en la medida, en que han realizado tal inspección en por lo menos tres ocasiones.

Cabe señalar de igual manera que el mismo día 9 de septiembre de este año, la unidad móvil Nº  Dos (2) del Ejercito Nacional fue a buscar al señor a su lugar de trabajo para solicitarle sus documentos de identificación y preguntarle por donde caminaba y los lugares que él  frecuenta, pues  un vecino de él habría dicho “que señor  Andrés tendría nexos con la guerrilla”.

5. El día 3 de septiembre, siendo las 10:30 am, se encontraba reunida la directiva Nº 48 de afiliados a la junta de la vereda de “San Isidro”, llevando a cabo  la reunión que se realiza cada dos (2) meses por la junta de acción comunal en   la cual, hizo presencia la Fuerza Pública, quienes realizaron diferentes acciones:

  • Fotografiar cada una de las casas del caserío.
  • Fotografiar a la comunidad reunida.
  • Censar a los habitantes del lugar.
  • Tomar fotos a los vehículos que pasaban y a los del lugar.

Ese mismo día,  la Fuerza Pública  abordo  a un profesor de la región, del cual dudaron que lo fuese,  estigmatizándolo de guerrillero. Esté es un problema que se ha venido presentando con los  profesores de dos veredas, “palmeras y fronteras” las que se encuentran cerradas a la fecha, por el desplazamiento de sus respectivos docentes.


6. Un problema mayor es el presunto sometimiento por parte de los militares a los habitantes de esta comunidad .Desde la realización de  los Talleres de Derechos Humanos, los Militares se han venido alojando en los alrededores de las casas del municipio y manifiestan a la comunidad que “los derechos Humanos del D.I.H y el C.I.CR no significa nada para ellos”.

7. La Señora  Viviana Patricia Mena, madre afrocolombiana quien se encuentra en detención domiciliaria ha venido siendo víctima de una constante persecución en contra de su persona y la de su familia, pues se han presentado distintos hechos a los que a continuación se hace referencia :

El día 25 de agosto del presente año, siendo la 1:30 pm llegaron a su casa ubicada en la Vereda “Santa Helena” tropas de la unidad móvil Nº Diez (10) del Ejercito Nacional, a quienes la señora muy amablemente les ofreció algo de beber, momento en el que ellos de manera ilegal registraron su alcoba, desordenando  todo e insultando al hijo de la señora con palabras soeces y de la misma manera prosiguieron a maltratar verbalmente a toda la familia durante el resto del día, en este momento ella les expresó  a los soldados  “que lo que ellos se encontraban haciendo era un procedimiento ilegal y que le mostraran una orden judicial”.

Debido a que  ella tenía conocimiento  que sus actos era indebidos, ya que había participado en un Taller de Derechos Humanos, dicho esto ellos le contestaron de forma grocera y agresiva que el D.I.H y la C.I.CR “se lo pasaban por el culo”. De igual manera la obligaron a cocinar para ellos gastando así los pocos víveres que tenia para el  sustentó de su familia, pues cuentan con pocos recursos.

 En la noche invadieron la casa para dormir en ella y a las 9:00 pm llego un helicóptero que al momento de aterrizar ocasiono varios daños materiales a la vivienda de la señora y al lugar donde viven  los cerdos “marranera”, porque este aterrizo  al lado de la casa.

Esa misma noche,  la señora fue conducida con sus dos hijos de siete (7)  meses y diecisiete (17) años de edad a Granada (Meta) donde fue recibida por el teniente Núñez, quién la interrogo, torturo psicológicamente, acuso de miliciana y formulo varias amenazas entre ellas  quitarle la custodia de su hijo de siete (7)  meses.

En su casa se quedo su nuera y esposo, al cual  obligaron y amenazaron para que firmara un papel en blanco, así mismo le ofrecieron dinero para que no denunciara estos hechos.


8. El día 4 de agosto del año en curso,  en la vereda Palmeras del municipio de Mesetas, Unidades del Ejército Nacional adscritas a la unidad móvil N° Diez (10), prohibieron el ingreso a su  vivienda al Sr. Arley Darío Mosquera Mena, esta unidad móvil solicitó  documentos al señor y ante la negativa de este, le tomaron una fotografía   que sería enviada  a la respectiva base militar, por lo cual  procedieron a tomarle fotografías diciéndole al final que esta “iría a grupos paramilitares” .


9. El día 11 de agosto del presente año 2011, siendo aproximadamente las 11.00 am llegaron tropas de la brigada Nº Diez (10) Bacot (78), a la finca “El Tesoro” ubicada en la Vereda el “Cairo”, donde  se encontraban el Señor Jairo Serna y el Señor Edwar Moreno trabajando en ganadería, allí soldados del  Ejercito Nacional los detienen y los amenaza , diciendo que la finca y el ganado que se encuentran cuidando son de la guerrilla, que tenían que darles ganado para el consumo de ellos o  en media hora, un helicóptero vendría por ellos. Tal es la presión que ejercen sobre los señores, que se ven obligados a amarrar un novillo de aproximadamente veinte (20) arrobas para los soldados de la brigada Nº Diez (10) Bacot (78).


10. El Señor Jairo Serna dice que  meses atrás esta brigada del Ejercito Nacional,  habría consumido tres chivos de esta propiedad con el mismo argumento y aprovechando  que el es una persona a la que se le dificulta hablar, igualmente aclara que el propietario de la finca es el Sr. Arcángel Villagrande Bernal.


11. El día 17 de agosto de este año 2011, se presentó ante el despacho del personero Municipal de Mesetas el Señor Arcángel Villagrande a denunciar ante la seccional del COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS del bajo Duda , que él es el propietario de la finca “El Tesoro” ubicada en la Vereda el “Cairo”, donde se ha  venido presentando un problema con las Fuerzas Militares, púes  según ellos la finca del señor pertenece a la guerrilla. Él Señor Arcángel Villagrande argumenta qué él puede certificar con escritura publica que la finca es de su propiedad y de la misma manera alega que se respete su buen nombre y propiedad.

 

 

ANTECEDENTES

 

1.  El 29 de octubre del año 2007, en horas de la mañana, los habitantes de la inspección La Julia, municipio de La Uribe, observaron que la policía patrullaba acompañada de encapuchados, los cuales llegaron a varias residencias y detuvieron a sus moradores sin ninguna orden judicial. En la redada fueron detenidas arbitrariamente 12 personas: John Freddy Velásquez, Hipólito Calderón, Hugo Jaramillo, José Ángel Angarita, Víctor Murcia Ferreira, Luis Efrén Ramírez López, Nancy Castaño, Orlando Aguirre, Luis Hernando Sierra, José Díaz Cuellar, Mauricio Gallego, Darley Upegui y Eliécer Sierra, quienes fueron trasladadas a la Macarena y posteriormente a Bogotá colocándolas a ordenes de la Fiscalía 16 especializada. Tres días después, en el mismo caserío aterrizó un helicóptero con  militares encapuchados, quienes detuvieron a otras cinco personas que corrieron la misma suerte.[1]

 

2.  El 21 de agosto del año 2007, la Señora Luceny Rodriguez Rodriguez, fue interrogada y señalada de guerrillera por la brigada móvil adscrita a la inspección de la Julia Meta jurisdicción de la Uribe en ese entonces. La señora Luceny Rodríguez Rodríguez, fue detenida desde horas de la mañana hasta la 11:30 pm. El Mayor Rodriguez en ese entonces y un soldado le retuvieron la cédula, le tomaron fotos, huellas y le hicieron firmar  dos documentos que no entendió, este hecho consta en testimonio dado por ella.

 

Frente a  todo el pueblo la hicieron pasar como informante del Ejército, para así intimidar más  a la gente y hacerle creer eso mismo  a la guerrilla. La Señora Luceny dice que gracias a hacer parte de la Junta de Acción Comunal y un Comité de Derechos Humanos  pudo salvar su vida en aquella ocasión. Sin embargo una vez fue liberada, la intimidaron a ella y a toda su familia, diciéndole “que tenían que volver a retenerla para que así, si fuera derecho a la carcel”, ella por miedo de ir a una carcel y observando algunos casos de detenciones arbitrarias contra personas que no tenían nada que ver con el conflicto, decidió salir de la zona junto con su familia.

 Por último se desplazaron para San José del Guaviare ,donde también fue desplazada por el hecho de huir de una zona en conflicto, hoy se encuentra nuevamente en Mesetas por problemas económicos, pero con temor de lo que pueda pasar con las fotos y documentos que en un momento la obligaron a firmar.

El día 15 de febrero del 2004, siendo las 3:00 pm, desapareció el señor Benito Carvajal Zavedra identificado con cedula de Ciudadanía número  4.527.323 de Pueblo Rico (Risaralda). Los hechos ocurrieron en la vereda “La Española”, del municipio de “lejanías”, lugar en el que se encentraba una brigada del Ejército Nacional, a cargo del entonces capitán Garzón y los paramilitares. La familia denunció la desaparición y con una orden procedieron a buscarlo, pero  en medio de esta búsqueda, el Ejército no los dejó continuar con las pesquisas y desde esa fecha, hasta el día de hoy, no se ha tenido ninguna información de su paradero

 

3. El día 13 de noviembre de 1996, siendo  aproximadamente las 8:00 am en la Vereda “Muriba”  Municipio de Mesetas, fue  torturado y posteriormente asesinado el Señor Feliz  María Pérez Rodríguez; su cuerpo fue sepultado por la Junta de acción comunal y los campesinos  el día 17 de Noviembre del mismo año a orillas del “caño pailas” de la misma vereda ante la negativa del Ejercito para devolver el cadáver y así darle “una cristina sepultura” .Éstos hechos fueron denunciados por el presidente de la junta y la Fiscalía de Mesetas.

 

4.  El 11 de marzo de 2009, un juez penal del circuito de Granada (Meta) condenó a 30 años de cárcel a cuatro militares adscritos a la brigada móvil número 12 del ejército nacional, hallados responsables del asesinato de Jaime Antonio Velásquez Vásquez, el 12 de septiembre de 2006 en Mesetas (Meta). Los hechos ocurrieron durante la operación “esplendor”; de acuerdo con lo establecido, Velásquez Vásquez fue presentado como un miliciano que pretendía atacar a la tropa con una granada, al igual que pretendía huir mientras activaba el artefacto explosivo. La fiscalía probó que la víctima fue señalada por una desmovilizada que buscaba obtener beneficios económicos. Posteriormente, el 26 de junio de 2008, el comandante del corregimiento de “Andinapolis” informa que al señor Edilberto Meneses, lo estaban amenazando, se hizo acta y se envió a la Fiscalía[2].

 

FUNDAMENTOS LEGALES

 

En desarrollo de lo expuesto exigimos al estado Colombiano responsabilidad estatal frente a los derechos a  la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal y familiar, a la honra y reputación, a la libre movilidad y a la propiedad de los campesinos.

Pues en  desarrollo del  accionar militar, el estado Colombiano, presuntamente estaría  violando  los principios de humanidad, necesidad militar, distinción, inmunidad civil y proporcionalidad y sobre todo el carácter de protección que tienen los civiles y sus bienes.

En este sentido la Corte Constitucional, se ha referido de manera específica a las normas del Derecho Internacional Humanitario y al respecto ha señalado lo siguiente:

  “El Constituyente de 1991, en el ánimo de configurar un cuerpo estricto de garantías para la protección de derechos y basado en los principios del derecho internacional general, estipuló como condición imperativa de las medidas de excepción el respeto al derecho internacional humanitario[3].

 El derecho internacional humanitario comprende aquellas normas que tienen como objeto la humanización de los conflictos armados, procurando la protección de la población civil ajena a la confrontación y estableciendo límites a los procedimientos bélicos. Estas normas de derecho internacional han sido caracterizadas por la Carta Política como prevalentes al orden jurídico interno (Art. 93 y 214-2), lo que implica su obligatorio cumplimiento en cualquier situación.  Esta perspectiva de obligatoriedad, además, se ve reforzada por la condición de ius cogens que tienen la casi totalidad de las normas del derecho internacional humanitario, esto es, de postulados comúnmente aceptados y que no pueden ser desconocidos en un instrumento internacional posterior[4].

 El respeto de las reglas del derecho internacional humanitario es un imperativo para la efectiva protección de los derechos y garantías consagrados en la Carta, a la vez que constituye un presupuesto para la realización de la dignidad de los individuos que son afectados por el conflicto armado. Estos elementos cobran especial relevancia en la situación actual del país, que exige un reforzamiento de los procedimientos que estén dirigidos a la salvaguarda de la población civil[5].

El carácter prevalente del derecho internacional humanitario impide que pueda ser desconocido a través de las medidas de estado de excepción.  Es evidente que al pertenecer el derecho de los conflictos armados al ámbito del derecho internacional general, su preceptiva adquiere la misma función que los derechos intangibles a los que se hizo referencia al analizar los artículos 4 del Pacto Internacional y 27 de la Convención Americana, lo que a su vez es reforzado por la obligación de cumplir con los compromisos que el Estado colombiano ha suscrito en virtud de la ratificación y aprobación de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales”[6].

Téngase en cuenta así mismo que la Constitución ordena en el inciso segundo del artículo 93 que en la interpretación de los derechos consagrados en la Carta, debe estarse a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia[7].

Al respecto cabe recordar que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, está conformado por el conjunto de normas internacionales de índole convencional cuyo objeto y fin es "la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como frente a los Estados contratantes"[8].

Dicho ordenamiento normativo de protección se halla contenido en los instrumentos internacionales,  de ámbito universal o regional, suscritos para otorgar fuerza vinculante a los derechos reconocidos y enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en los preceptos y principios que integran el “ius cogens”[9].

Hasta el momento las autoridades civiles y militares del nivel nacional y regional no han realizado todas las acciones tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los habitantes del municipio de Mesetas, resultando, ineficiente y en momentos negligente, en su  obligación de respetar y garantizar los Derechos fundamentales de los ciudadanos, pasando por alto, de la misma manera, las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Considerando que se podrá atribuir la responsabilidad al Estado Colombiano en cabeza del Señor Juan Manuel Santos Calderón, a la Gobernación del Departamento del Meta en cabeza  del Señor Darío Vásquez Sánchez y a las fuerzas regulares (militares y de policía) del Estado por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el municipio de Mesetas-Meta, por su indiferencia e ineficacia frente a los hechos denunciados, en el tendido en que no se tomen las medidas necesarias para proteger a la población civil, respetando sus Derechos fundamentales y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Luego de un análisis de los hechos, antecedentes, información disponible el COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  ALERTA DE MANERA TEMPRANA SOBRE LA OCURRENCIA DE NUEVOS HECHOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO los cuales tienen ocurrencia en el municipio de Mesetas departamento del Meta.

La información  expuesta deberá ser confirmada por las autoridades antes mencionadas, actuando en todo caso  de manera eficiente en la urgencia de tomar todas y cada una de las medidas de orden político y disposición de la fuerza publica para la efectiva protección de la comunidad señalada.

 

Atentamente,

 

DIEGO MARTÍNEZ

Secretario Ejecutivo

COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS –CPDH

 

Copias:

 

  1. Señor: JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, Presidente de la República.
  2. Señor: ANGELINO GARZÓN, Vicepresidente de la República.
  3. Señor: GERMAN VARGAS LLERAS, Ministro del Interior y de Justicia.
  4. Señores Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
  5. Señor: EDUARDO GONZÁLEZ PARDO, Defensor Regional del Departamento del Meta.
  6. Señor: DARIO VASQUEZ SANCHEZ, Gobernador del Departamento del Meta.
  7. Señor: ROBINSON RODRIGO MORA MAHECHA, Alcalde del Municipio de Mesetas.
  8. Comandante General de las Fuerzas Militares,  General   Alejandro Navas Ramos.
  9. Comandante del Ejército Nacional, Mayor General Sergio Mantilla Sanmiguel.
  10. Comandante de la Cuarta División del  Ejército, Brigadier General JAIME ESGUERRA SANTOS.
  11. Comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional, Brigadier General JAIRO SALGUERO CASAS.
  12. Comandante de Policía del Meta, Brigadier General LUIS ALBERTO PERÉZ ALBARÁN.
  13. Inspector General Oficina asesora de la Policía Nacional, Mayor General   ORLANDO PAEZ BARÓN.
  14. Señor: MARIO GONZALES,  Procurador delegado para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

 

 

 



[3] C-148/2005; pg. 24.

[4] Ibíd.,pg.25

[5] Ibíd., pg.25

[6] Ibíd., pg. 26

[7] Ibíd., pg. 26

[8] Ibíd., pg. 26

[9] Ibíd., pg. 26-27


Vamos por la paz