La Delegación Asturiana visitó en los últimos once días comunidades, organizaciones sociales y víctimas del Alto Mira y San Luis Robles, municipio de Tumaco; autoridades indígenas de la ACIN en Santander de Quilichao, y del CRIC en La María (Cauca); comunidades campesinas de Gaitania (Tolima); presos políticos y prisioneros de guerra en la Cárcel Picaleña de Ibagué; organizaciones sociales en Tibú y Cúcuta (Norte de Santander), Arauca y Saravena (Arauca) y Yopal (Casanare)



Y tras sostener reuniones con autoridades civiles y militares en Cúcuta, Yopal y Bogotá,

Expresa:

1. Satisfacción por los avances en la mesa de diálogo con las FARC en La Habana y por la constatación del cumplimiento del cese unilateral del fuego por parte de esta guerrilla. Al tiempo, constata el incremento de la confrontación con el ELN y el EPL, insurgencias que han expresado una voluntad de diálogo que no encuentra eco en el gobierno colombiano.

2. La preocupación por el retroceso que implica para las víctimas el fallo de la Corte Suprema de Justicia revocando la decisión del Tribunal Superior de Medellín que había calificado todos los homicidios contra los y las militantes de la Unión Patriótica como crímenes de lesa humanidad. Consideramos que es un mal precedente a puertas de la conversión de las FARC en organización política.

3. Su preocupación por el aumento de las agresiones y por la falta de garantías para la población en general y, en especial, para las personas que defienden los Derechos Humanos en las seis regiones visitadas. Más de 60 defensores-as asesinados en el último año confirman la falta de protección eficaz para dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, opositores políticos y quienes se oponen a los planes de gran minería y agronegocios. Las amenazas, el riesgo y la desprotección que afectan a miles de dirigentes sociales como los campesinos JIMMY ORTIZ GUTIERREZ, JERONIMO RADA, JHOANA TOVAR, CARLOS SAMUDIO.

4. La preocupación por la situación ilegal, inconstitucional en la que se encuentra la población carcelaria y de manera especial los prisioneros de guerra de las FARC y del ELN recluidos en pabellones de máxima seguridad de la cárcel Picaleña (Ibaguè), aislados en un pabellón de extraditables, alejados de sus familias, sin acceso a servicio médico incluso mediando orden judicial, sin información sobre el proceso de diálogos de La Habana, represaliados por protestar, sin defensa jurídica. Algunos presos llevan más de dos años sin juicio, mezclados con otros presos, por lo que reclaman patios donde puedan estar juntos.

5. La inquietud por el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T282 del 2014 que ordena el cierre de la cárcel de Valledupar por insalubridad y por las violaciones de derechos fundamentales de las personas recluidas.

6. La preocupación por la reparamilitarización en connivencia con sectores de la fuerza pública en todas las regiones visitadas y bajo diferentes nombres: Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, Clan Úsuga, etc. Estos grupos se ubican en: Chilví, via Tumaco, Candelilla y Llorente; en el Consejo Comunitario Rescate las Varas de Tumaco, en la Jabonera entre Ataco y Coyaima; en Mesa de Polen-Planadas; en la vereda Maracaibo y en los municipios tolimenses de Chaparral, Natagaima, Purificación, El Guamo, Saldaña y Prado; en el corregimiento de Gaitania-Planadas civiles armados y sin identificar retienen a civiles y los interrogan en el puesto de policìa; en Cúcuta y sus cinco municipios anexos hay presencia paramilitar como reconoce el Comandante de la Policía, así como en Tibú y Petrólea donde decretan toque de queda y mantienen desaparecido al dirigente HENRY TORRES y amenazados a los concejales; en Matarratón y la finca El Porvenir (Casanare) hay paramilitares (relacionados con el grupo del extinto Víctor Carranza) que amenazan y hostigan al campesinado para despojarlo de sus tierras.

7. Preocupa la desigualdad que padecen las mujeres en el ámbito laboral y político, las vejaciones y violaciones en las áreas de conflicto armado, la violencia intrafamiliar, la re-victimización a la que las someten el Estado y la justicia, la situación de desprotección ante grupos armados que imponen hasta la forma de vestir y la invisibilización generalizada de estos problemas.

8. Su preocupación por la impunidad estructural, por la falta de medios en las instituciones de justicia y por la pasividad y desinterés de la fiscalía para investigar amenazas, asesinatos y otras violaciones graves de los Derechos Humanos cometidos contra la dirigencia social del país. Nos preocupa la falta de resultados y consiguiente impunidad por el crimen del dirigente social e integrante del Congreso de los Pueblos CARLOS PEDRAZA SALCEDO ocurrida hace 14 meses. Consideramos muy grave el asesinato de DANIEL ABRIL en Trinidad (Casanare) en noviembre pasado y la impunidad hasta la fecha.

9. Nos preocupa la política de criminalización de la legítima protesta social mediante reformas del Código de Policía que coartan libertades básicas y permiten apresamientos arbitrarios de dirigentes sociales y manifestantes, incluidos vendedores ambulantes.

10. La elevada concentración de la propiedad de la tierra y del ingreso en pocas manos agravan la inequidad y la exclusión que afecta a las comunidades campesinas y afrocolombianas del Pacífico, a los desplazados en las grandes ciudades, y de manera muy grave a los pueblos indígenas, llevados al borde de la extinción por la destrucción de su territorio, la corrupción y el hambre física.

11. La inequidad incrementa el conflicto social al que se responde con acciones represivas que han sido denunciadas por la brutalidad del ESMAD y con actas de compromisos que el Gobierno incumple de manera sistemática.

12. Las violaciones del DIH por la fuerza pública que sitúa tanques, tropas y material de guerra en sitios poblados y en tramos de las carreteras junto a viviendas y escuelas en las vías entre Tumaco-Chilví; Cùcuta-Tibù, y Arauca-Saravena-Yopal. Violatorio del DIH es que el ejército nacional haya construido una base militar, una pista de aterrizaje y un muro que dividen en dos el casco urbano de Planadas (Tolima).

13. Su preocupación por el Plan Nacional de Desarrollo, el desmantelamiento de los programas de reforma agraria, la entrega de baldíos de la nación a empresarios y multinacionales violando derechos derivados de la posesión y de la propiedad de colonos y campesinos, los proyectos mineros y agroindustriales del gobierno que desconocen los planes de vida y de desarrollo de las comunidades, todo ello en contravía de lo pre-acordado en el punto de Reforma Rural Integral en la mesa de La Habana y de lo firmado con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular durante las movilizaciones del 2013 y 2015.

14. El estado de abandono y re-victimización en que se encuentran las víctimas, a pesar de la profusión de normas y agencias que avanzan poco en temas como la restitución de las tierras cuyos reclamantes son asesinados. Es el caso de HERNANDO PEREZ, segundo solicitante asesinado en el municipio Los Palmitos hace tres días por bandas de paramilitares al servicio de terratenientes que también persiguen a los campesinos-as reclamantes de la finca La Europa, de Ovejas (Sucre) como le ocurre a ANDRES MANUEL NARVAEZ, herido a tiros y cuyo agresor goza de libertad al tiempo que se estanca el proceso de restitución en un tribunal de Cartagena de Indias.

Doce años de observación sistemática de los derechos humanos en Colombia y 99 personas acogidas por el Programa Asturiano de atención a Víctimas de la Violencia en Colombia, legitiman a esta Delegación para:

    Llamar al gobierno colombiano a otorgar garantías y proteger de manera efectiva a los líderes sociales y a quienes defienden los Derechos Humanos, sin los cuales no será posible la democracia plena ni la creación de vías de diálogo para atender las demandas legítimas expresadas en el conflicto social, económico y político.
    Exhortar al gobierno a declarar el cese bilateral e indefinido del fuego y de las hostilidades aprovechando la fecha el 23 de marzo próximo.
    Llamar a las agencias de la ONU, a la Delegación de la Unión Europea y a las agencias de cooperación a que incluyan como prioridad en la etapa de post-acuerdos el apoyo a los planes de desarrollo social y económico propios de las comunidades y con participación directa de ellas. Consideramos que imponer planes de desarrollo ajenos al legítimo interés de las comunidades puede generar un nuevo tipo de conflicto.
    Instar al gobierno colombiano a atender las demandas territoriales de los pueblos indígenas, a proteger sus territorios y a hacer efectiva la consulta previa, libre, informada y consciente, así como hacer cumplir la normativa internacional sobre derechos de los pueblos, que incluye la justicia propia y el fortalecimiento de la Guardia Indígena.
    Instar al gobierno a buscar coherencias entre lo que acuerda en La Habana y lo que ocurre en las cárceles con los prisioneros de guerra y prisioneros políticos.

La 12 Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia está integrada por:

-TANIA GONZÁLEZ PEÑAS, Eurodiputada de PODEMOS, miembro del Parlamento Europeo 2015-2019, integrante del Grupo de Izquierda Unitaria Europea GUE-NGL; Vicepresidenta de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, portavoz de la XII Delegación Asturiana de Derechos Humanos en Colombia 2016.

-LUCIA MONTEJO ARNAIZ, Diputada de PODEMOS en la Junta General del Principado de Asturias, JGPA; Presidenta de la Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales de la JGPA.

-BELÉN GARZÓN SUCAR, Representante de la ONG Ingeniería Sin Fronteras Asturias.

-AQUILINA FUEYO GUTIÉRREZ, Profesora de Ciencias de la Educación, Facultad de Pedagogía, Universidad de Oviedo.

-JAVIER ARJONA MUÑOZ, Integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Cooperación Internacional SoldepazPachakuti.

-CARLOS MARIA MEANA SUÁREZ, Abogado laboralista, expresidente de ACSUR Las Segovias.

-JAVIER OROZCO PEÑARANDA, Coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos.

Javier Orozco Peñaranda

Coordinador Programa Asturiano de Derechos Humanos
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