Audiencia Sobre situación General de Derechos Humanos en Colombia Washington, abril 5 de 2016 Buenos días honorables comisionadas y comisionados, Señor Secretario Ejecutivo y Señora Secretaria adjunta nos permitimos por su intermedio saludar a la delegación del Estado colombiano, igualmente saludamos a todas y todos las asistentes.

Esta audiencia sobre situación General de Derechos Humanos ha sido solicitada por la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.


En su representación nos encontramos en esta Mesa: Freddy Alejandro Malambo, Byron Góngora, Yomary Ortegón, Danilo Rueda y quien les habla Franklin Castañeda. Asistimos a este periodo de audiencias motivadas y optimistas por los avances del proceso de dialogo que entre el Gobierno nacional y las FARC EP se adelanta en la Habana, de igual manera por los diálogos públicos recientemente instalados entre el Gobierno y el ELN. Las negociaciones con los grupos insurgentes son un paso necesario para la construcción de la paz en Colombia, sin embargo no son el único. Para llegar a la tan anhelada paz el Estado colombiano debe implementar las medidas necesarias para asegurar la no repetición de los crímenes, las violaciones a los Derechos Humanos, el conflicto y sus causas estructurales. Colombia atraviesa una difícil situación de derechos humanos, ocasionada entre otras por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras desde el Estado para su efectivo desmonte. Así, como la falta de cambios estructurales en la fuerza pública que garanticen su deslinde definitivo de grupos criminales y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia.

Estas dos situaciones son causas relevantes en el incremento de la violencia en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, que si bien no es ajena al contexto de criminalización y persecución que se vive en Latinoamérica, en nuestro caso se ve agravado por el momento determinante que se vive en el país.

Tras consolidar y depurar la información de distintas organizaciones y fuentes, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado señala que existe un aumento en el accionar paramilitar en todo el país, que ha producido hasta marzo 15 un total de 28 personas asesinadas, 13 de ellas eran defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales; las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. En total se han registrado 54 agresiones contra defensores.

En el año 2015, según el programa somos defensores, 682 defensores(as) fueron agredidos, de ellos 539 padecieron amenazas (lo que representó un incremento de 10%  frente al año 2014), 63 asesinatos (incremento del 13%), 35 atentados, 26 detenciones arbitrarias, 8 casos de uso arbitrario del sistema penal, 8 casos de robo de información y 3 defensores desaparecidos. Los presuntos responsables serían en su orden, grupos Paramilitares con un 66% de participación, 25% corresponde a Desconocidos, 7% a agentes estatales (PONAL, FF.MM, C.T.I., otros) y las guerrillas de las FARC y el ELN aparecen con presunta responsabilidad del 0.5%.

Según la Defensoría del Pueblo en por lo menos 27 de los 32 departamentos de la paíshay presencia de estas estructuras armadas y durante este año en 14 de estas regiones se han presentado agresiones. Estas son: Santander, Putumayo, Antioquia, Arauca, Atlántico, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Sucre y en la región del Sur de Bolívar y Buenaventura. Nos Llama la atención que muchas de ellas coinciden con las zonas que serían priorizadas para la implementación de las medidas acordadas en la Habana y de las cuales dependerá un post acuerdo exitoso.

Persistencia del paramilitarismo en Colombia En Colombia, históricamente ha existido una práctica gubernamental de relativización y negación del paramilitarismo. Los hechos del paro armado decretado por la estructura autodenominada “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” en la semana anterior, que involucraron asesinatos, quemas de buses y paralización de la movilidad de las personas en varios departamentos del norte del país, específicamente Antioquia, Córdoba, Sucre, Chocó, cuya duración, dos días, no se entiende sin una actitud por lo menos tolerante y omisiva por parte de la fuerza pública, fueron la muestra patente de la persistencia del paramilitarismo producto de los yerros y equivocaciones de la desmovilización de las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 a 2006, que dejó cerca de 19.000 personas en la absoluta impunidad al recibir una amnistía de facto con el decreto 128 de 2003, así como de la falta de judicialización y respuesta del procedimiento de la ley 975 de 2005 respecto de los 3.500 que se sometieron a este proceso y sobre los cuales únicamente hay cerca de 15 sentencias en firme. La Honorable Comisión ha reconocido que en su informe anual de 2015 que se “verifican condiciones de continuidad entre las antiguas autodefensas y las denominadas bandas criminales emergentes”, solicitando la intervención del Estado para proceder en su desarticulación.

Entretanto, la OACNUDH EN SU INFORME ANUAL SOBRE 2015 precisó que “grupos armados post-desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz”.

En este sentido, manifestamos que la forma efectiva de cumplir lo recomendado por la CIDH Y LO ANALIZADO POR LA OACNUDH, es afrontar decididamente la discusión y reconocer que el paramilitarismo en Colombia se mantiene como causa de graves violaciones a derechos humanos, particularmente responsable de agresiones contra defensores de derechos humanos en las regiones, al igual que líderes sociales y reclamantes de restitución de tierras, cuyo sostenimiento se debe en gran parte a las relaciones que mantienen a nivel local con agentes de la fuerza pública que conocen y colaboran por acción u omisión con sus actividades, al igual que su connivencia conpolíticos y miembros de la institucionalidad.

Si no se aborda como corresponde este fenómeno, los logros que se obtengan frente a los acuerdos de paz con las guerrillas de las FARC y del ELN en materia de no repetición, estarían en peligro y dejarían la puerta abierta para un nuevo ciclo exacerbado de violencia. Impunidad y Acuerdo de Justicia para la Paz El acuerdo entre el Gobierno y las Farc que crea la jurisdicción Especial para la Paz, prevé que todos los actores del conflicto armado responsables de crímenes internacionales incluyendo los miembros de la fuerza pública, podrán comparecer ante este sistema. Sin embargo, observamos con preocupación factores institucionales que propiciarían el fracaso de este sistema que pretende acabar con la impunidad.

La falta de actividad y diligencia investigativa por parte de la Fiscalía cuando se trata de violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado, es notoria y evidente,  partiendo de la negación estructural de la responsabilidad de los niveles superiores del Estado y de actores privados que han agenciado o se han beneficiado de los crímenes. En segundo lugar, es notoria la actividad de la Fiscalía para establecer la responsabilidad penal de los integrantes de las FARC y del ELN de quienes han documentado alrededor de 56.000 investigaciones.

La Fiscalía ha venido acelerando en los dos últimos años los procesos para el procesamiento colectivo de integrantes de las organizaciones insurgentes, apelando a contratos con entidades privadas con la finalidad de adoptar metodologías que le permitan formular imputaciones colectivas, con costos superiores a los 1.355 millones de dólares aproximadamente. La Fiscalía ha anunciado además que de manera exclusiva se destinaron 800 investigadores de la Unidad Nacional de Contexto para investigar los crímenes en que están incursos los integrantes de las FARC y el ELN. Pero esa dirección y distribución de recursos humanos, logísticos y económicos no existen para los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública.Consultado el Fiscal General de la Nación sobre si estos procedimientos y estrategias de priorización se habían adelantado en las investigaciones contra agentes estatales manifestó que aún no lo habían hecho, pero que lo harían en un futuro.

En tercer lugar, como resultado de la aplicación del procedimiento de justicia y paz contra integrantes de los grupos paramilitares, la fiscalía ordenó la compulsa de copias contra mas de 13.000 actores económicos, políticos y militares, sin embargo estas  investigaciones no han avanzado y serán remitidas a la Jurisdicción especial para la paz.

A este ritmo, se llegará a una situación donde los responsables de violaciones a los Derechos Humanos como los falsos positivos y desaparición forzada, no concurran ante la Jurisdicción Especial para la Paz a rendir cuentas por esta práctica sistemática. Lo mismo sucede con los casos de violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado, la Mesa de Seguimiento a los autos 092 y 009 de la Corte Constitucional en su reciente informe, constató que la estrategia de la Fiscalía General de la Nación ha concentrado sus esfuerzos humanos y económicos en investigar la violencia sexual cometida por las guerrillas, pero no así con la cometida por la Fuerza Pública y las nuevas formas de paramilitarismo llamadas por el gobierno Bacrim, casos que no se investigan bajo el análisis en contexto y que permanecen en las fiscalías territoriales sin ser esclarecidos. Las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, tal y como consta en informe que  entregaremos a la Comisión, ha constatado que la impunidad en los delitos de violencia sexual en el conflicto armado alcanza el 97%.

No cuestionamos los procedimientos que permitan individualizar a todos los responsables de crímenes contra la población civil en el marco del conflicto armado. Lo que si queremos destacar es que el funcionamiento y efectividad de las entidades creadas en el sistema especial de Justicia para la Paz demanda que el aparato de justicia haya realizado la tarea previa de adelantar efectivamente las investigaciones y establecer especialmente quiénes han tenido las mayores responsabilidad en la perpetración de los crímenes de sistema.

Si la labor investigativa del aparato de justicia no avanza de manera pronta y eficaz para establecer la responsabilidad de los crímenes, difícilmente podrá pensarse que el Tribunal Especial para la Paz pueda cumplir la función para la cual fue diseñado. De no suplirse estas deficiencias, los logros alcanzados en el acuerdo especial sobre justicia, corre el riesgo de verse frustrado al momento de su implementación.

La Fiscalía General de la Nación tiene una enorme deuda pendiente con la sociedad colombiana y de su diligencia para afrontar esta problemática dependerá si las esperanzas de paz, justicia y garantías de no repetición pueda hacerse realidad.

Conclusiones y propuestas:

Los procesos de conversación entre el Gobierno Nacional y las guerrillas FARC y ELN tienen un importante propósito, no se trata sólo de desarticular unos actores armados, sino de fortalecer la democracia para que en adelante sea la vía participativa y no la armada el camino para la búsqueda de transformaciones sociales. Es por esta razón que proponemos la creación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición que tenga participación de las víctimas y asesoramiento de los órganos de protección internacional de derechos humanos, y que se nos habilite un espacio para proponerlo en las Mesas de Negociación con las FARC y el ELN.

La construcción de garantías de no repetición implica la adopción de medidas institucionales y políticas públicas para evitar que hechos como los acá descritos se repitan, implicaría entre otros temas:

1) Dotar de plenas garantías a los defensores y defensoras de los derechos humanos, a la oposición política y a los líderes de movimientos sociales

2) Adoptar las medidas necesarias para garantizar el real desmonte del paramilitarismo

3) Construir una doctrina militar para la paz y los derechos humanos

4) Modificar la legislación y prácticas que limitan el ejercicio de la protesta y movilización social. Ello implica también la concertación de un Protocolo Nacional de actuación de la Fuerza Pública como se acordó en la Mesa Nacional de Garantías desarrollada en 2015

5) Fortalecer la separación entre FFMM y Policía Nacional de manera que esta última tenga un enfoque civilista, de seguridad humana y que dependa de un ministerio civil

6) Reforma de administración de justicia para que se revierta la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos

A la Comisión Interamericana solicitamos:

1) Tener en cuenta el contexto presentado al momento de evaluar las solicitudes de medidas cautelares sobre defensores y defensoras de derechos humanos y al hacer seguimiento a las existentes.

2) a requerir al Estado colombiano que reconozca públicamente la alarmante situación de la persistencia del paramilitarismo y proceda efectivamente a la judicialización y sanción de sus integrantes, al igual que emprender sus esfuerzos a la depuración de los agentes de la fuerza pública y funcionarios gubernamentales que a nivel local, e incluso regional, cohonestaron en el pasado con las Autodefensas Unidas de Colombia, además sobre los actuales que por activa o pasiva apoyan los grupos que permanecieron debido al fracaso de la desmovilización ocurrida entre 2003 a 2006.

 3) Dado que en el capítulo V del reciente informe anual de la CIDH, se revela el mantenimiento de la grave situación de derechos humanos y el incumplimiento de recomendaciones del Informe de su visita a Colombia, solicitamos se mantenga la valoración de la situación de Colombia entre las situaciones más graves del continente consideradas en el capítulo IV de su informe.

Vea la audiencia completa:


Vamos por la paz