El Estado Colombiano, presentó su séptimo informe sobre la situación de Derechos Humanos que ha vivido en los últimos seis años ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A este documento, las organizaciones defensoras de DDHH de la coeuropa, elaboraron un informe alternativo que presentaron sobre la situación. A continuación el informe ejecutivo y la carta de presentación del documento.

Comité de Derechos Humanos de la ONU

118ª sesión, Ginebra, 17 de octubre de 2016

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Buenos días.

En 2010 el Comité le encargó a Colombia avanzar en tres aspectos clave: la posible impunidad causada por el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares (Recomendación 9), la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas como guerrilleros muertos en combate (Recomendación 14), y los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, abusando de las actividades de inteligencia (Recomendación 16). Seis años después, la situación muestra que Colombia no implementó lo recomendado.

  1. La desmovilización de los grupos paramilitares no garantizó los derechos de las víctimas, ni desmanteló este fenómeno. Por el contrario, estos grupos se han reorganizado y fortalecido, y continúan cometiendo violaciones a derechos humanos. Ellos, junto con las fuerzas militares y los grupos guerrilleros hacen parte del conflicto armado que todavía persiste y causa muertes, desplazamientos, violencia sexual y reclutamiento y uso de niños y niñas. Entre tanto, Colombia no ha regulado el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y quienes resuelven las solicitudes de objeción hoy, son militares.
  2. Aunque las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado han disminuido, aún siguen ocurriendo. La impunidad en las cerca de 5000 investigaciones por los mal llamados “falsos positivos” es alta. Ningún alto mando militar o funcionario ha sido condenado. Entre tanto, el Estado insiste en promover reformas normativas para sustraer a los responsables del ámbito de la justicia.
  3. La persecución a la labor de defensa de derechos humanos aumentó en los últimos años. En 2015 fueron asesinados 63 defensoras y defensores, y a septiembre de 2016 ya han muerto 54. La casi total impunidad en las investigaciones por estas agresiones contrasta con el alto número de líderes criminalizados y procesados judicialmente. Las medidas de protección del Estado no son efectivas. Aún no incorporan los enfoques étnico o de género y favorecen la continuación de las acciones de inteligencia ilegales, ante la impunidad que cobija a los responsables de los delitos del DAS y la falta de controles efectivos para dichas actividades.

De otro lado, después de diez años, Colombia sigue siendo el segundo país con mayor número de desplazados forzados. La adopción de la Ley de víctimas no ha sido suficiente para solucionar este estado de cosas, ni para reparar integralmente a las víctimas. Entre tanto, aumentan los casos de desplazamiento forzado como consecuencia de la implementación de proyectos extractivos, de agroindustria o infraestructura.

La movilización social ha crecido, pero no existen garantías para su ejercicio y a quienes participan se les estigmatiza o se les detiene. La Policía reprime la protesta con violencia y uso excesivo de la fuerza, fundamentada en normas como la Ley de seguridad ciudadana, las resoluciones sobre armas de letalidad reducida o el nuevo Código de Policía, así como por la impunidad que cobija a los responsables de los abusos.

El hacinamiento carcelario pasó del 35% en 2010 al 56% en 2016. Tras la reforma al modelo de salud, los detenidos aún sufren dolores o mueren por falta de atención médica adecuada. No existen mecanismos independientes para denunciar e investigar las violaciones que ocurren en las cárceles. Aunque la crisis ha sido reconocida por el Estado, las medidas para solucionarla no se adoptan. Por otra parte, es importante señalar que Colombia no está cumpliendo los dictámenes del Comité, y que está cuestionando la obligatoriedad de estas decisiones.

Finalmente, las organizaciones de víctimas, sociales y de derechos humanos consideramos que el Acuerdo de paz sí satisface los derechos de las víctimas. Por ello nos inquieta la discriminación que generan las críticas por la inclusión de los derechos de las mujeres y las personas LGTBI en el Acuerdo. Queremos pedirle al Comité que respalde el proceso de paz con las FARC, y que urja la pronta definición de la actual incertidumbre. Así se podrán concentrar esfuerzos en la negociación con la guerrilla del ELN y avanzar en garantizar la no repetición de la violencia.

Gracias.

Resumen ejecutivo de recomendaciones


Vamos por la paz