Cerca de 1000 personas se dieron cita en la Plaza de Bolívar, para presenciar la firma del Nuevo Acuerdo de paz, que se logró, luego de la inclusión de 56 de los 57 ejes temáticos en los que fueron aglutinadas las propuestas expuestas por las organizaciones y voceros del NO, quienes obtuvieron la mayoría simple en las elecciones plebiscitarias del pasado 2 de octubre.

Dicha firma, se desarrolló en un acto sobrio en el Teatro Colon de la ciudad de Bogotá, el cual conto con la aceptación anuente de  cerca de 800 invitados, entre congresistas, organizaciones sociales, victimas y personalidades que han trabajado en torno a la paz de nuestro país.

Una intervención musical y los discursos del presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri “Timochenko”, bastaron para sellar este acuerdo, el cual será refrendado por medio del Congreso de la República, como lo vienen anunciando en sus últimas apariciones, cada una de las delegaciones de paz.

Los discursos

En medio de su discurso, “Timochenko”, destaco la participación de organizaciones, agrupaciones y víctimas en la construcción y consecución de este acuerdo de paz. Acuerdo que en  últimas, recoge gran parte de las inquietudes y propuestas del grueso del pueblo colombiano, destacando movimientos Lgbti y organizaciones de mujeres, con lo que finalmente sentencio que “el pueblo está harto de la violencia”

Por su parte, el presidente Santos, hablo de su preocupación inmediata por la dilación en el proceso de implementación  del acuerdo, llamando a la refrendación e inicio de este proceso. Además, resalto que este nuevo acuerdo, recogió la mayoría de las propuestas planteadas, sin transformar los puntos  esenciales. Finalmente hablo del proceso de concentración de las Farc en las zonas veredales y la entrega de armas a las Naciones Unidas en un plazo de 150 días.

¿Qué cambio en el Nuevo Acuerdo?

Si hacemos un análisis cuidadoso de los cambios que se hicieron al acuerdo inicial, en realidad, existen modificaciones sustanciales a temas sensibles que, en principio, parecía complicados de ser incluso revisados. Ello habla, pues, de la buena voluntad de ambas partes por llegar a buen puerto y seguir perserverando por el inicio de la construcción de una paz estable y duradera.

En el punto de Reforma Rural Integral, se aseguró la garantía de la propiedad privada, que no sería tocada o afectada de ningún punto, y se aclaró a qué se refería exactamente el concepto de terrenos baldíos: territorios expropiados administrativamente que hubiesen sido indebidamente apropiados, y cuyo proceso de expropiación se hará de conformidad con la Constitución y las leyes vigentes. Además, se llegó a un balance entre el fomento de la economía campesina y familiar y la de gran escala. En el punto de participación política, se llegó a que, en vez del 10% del total de presupuesto para los partidos, se asigne una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos en las elecciones previas al acuerdo final.

En lo referente al fin del conflicto, se redujeron las zonas y los puntos transitorios de 23 y 8 a 20 y 7. Sumado a ello, atendiendo a la preocupación sobre las llamadas “milicias urbanas” y que pudieran no acogerse al proceso de reincorporación, las FARC se comprometieron a incluir en su listado de miembros a aquellos “no armados”. Sobre los menores reclutados o dentro de las Farc, ambas partes convinieron en la creación de un programa para su reincorporación a la vida civil dentro de máximo los 15 días siguientes a la firma del Acuerdo Final. En el tema de drogas ilícitas y su solución, aquellos que hayan tenido responsabilidad o hayan participado de algún modo con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena deberán pasar por la JEP.

Finalmente, en el tema de víctimas y justicia, se acordaron y aclararon diferentes apartes: en cuanto a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas se especificó que se dará un papel preponderante a organizaciones de víctimas y derechos humanos para la recolección de información (entre ellas, MOVICE, la Coeuropa, ASFFADES y País Libre). Se despejaron dudas también en el tema del tratamiento de los militares, al declarar que sus acciones, al ser ellos los garantes y quienes ostentan exclusivamente el uso legítimo de la fuerza, se presumen legales. En ese orden de ideas, se especifica también que se decidirá caso a caso la conexidad del delito político y que serán los magistrados quienes apliquen los criterios de la restricción efectiva de la libertad. Por último, se elimina la posibilidad de que extranjeros sean magistrados del Tribunal; su presencia sólo podrá solicitarse como amicus curiae, es decir, para que emitan conceptos o den su posición con respecto a asuntos jurídicos específicos.


        


Vamos por la paz