A pesar del aviso de cese al fuego unilateral decretado por las FARC-EP, y de que estos meses han sido los de menos confrontaciones armadas en la historia del conflicto armado; las organizaciones sociales y de derechos humanos alertan con gran preocupación acerca de la fuerte escalada paramilitar en diferentes zonas del país.

 


El pasado cinco de abril, la Comisión Colombiana de Juristas, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos un balance acerca de las amenazas contra líderes políticos y defensores de derechos humanos.


En un comunicado expedido por el secretariado de las FARC-EP, alertan sobre un crecimiento del 35% de los grupos paramilitares en el país. Esto sumado a las múltiples denuncias que han presentado las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno por su parte, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y el ministro Juan Fernando Cristo, han insistido en la negación del fenómeno paramilitar y continúan llamando a estos grupos como “Bandas criminales”.


Ni siquiera después del paro armado del “Clan Úsuga” en diferentes regiones el gobierno se atrevió a llamarlos paramilitares. Este paro fue convocado un día después de la presentación de la mesa de interlocución entre el gobierno y el ELN, y se ha evidenciado que la forma de actuar y el tipo de operaciones que realizan estos grupos de autodefensas, son el mismo modus operandi de los grupos paramilitares de los años 80, 90 y 2000.


Se hace difícil pensar en la paz desde las regiones cuando el Estado colombiano no ha implementado las medidas necesarias para asegurar la no repetición de los crímenes, las violaciones a los Derechos Humanos, el conflicto y sus causas estructurales. Los lugares y regiones en donde se desarrolló este paro armado, coinciden con aquellas regiones y comunidades que desde hace años vienen reclamando la restitución de las tierras y la reparación; además en estas regiones hacen presencia organizaciones de víctimas y defensoras de los derechos humanos, las cuales son las primeras en declararse objetivo militar para estos grupos de autodefensa.


Otra característica por la que les seguimos llamando paramilitares, es que muchas de estas estructuras paramilitares hacen presencia y controlan la economía de muchos municipios, con la aprobación de las autoridades locales o los empresarios con intereses directos en los territorios.


 Colombia atraviesa una difícil situación de derechos humanos, ocasionada entre otras por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras desde el Estado para su efectivo desmonte. Así, como la falta de cambios estructurales en la fuerza pública que garanticen su deslinde definitivo de grupos criminales y contribuyan de mayor manera a la profundización de la democracia.


Hasta marzo 15 se pueden contar un total de 28 personas asesinadas, 13 de ellas eran defensoras de Derechos Humanos, líderes y lideresas de movimientos y organizaciones sociales; las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de ‘limpieza social’, como parte de una estrategia de generar terror y zozobra para controlar a las comunidades donde hacen presencia estos grupos. En total se han registrado 54 agresiones contra defensores en este año 2016.
En el año 2015, según el programa somos defensores, 682 defensores(as) fueron agredidos. Colombia se ha convertido, a pesar de los anhelos de paz de la mayoría, en el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo en por lo menos 27 de los 32 departamentos del país hay presencia de estas estructuras armadas y durante este año en 14 de estas regiones se han presentado agresiones.


Como organización defensora de derechos humanos, solicitamos el apoyo de las organizaciones hermanas alrededor del mundo, así como de la visibilización de estos hechos por parte de los medios de comunicación. Hemos llamado las cosas por su nombre, y estamos decididos en continuar esta lucha por el desmonte de la estructura paramilitar y todas las afecciones que estos criminales han desatado en las regiones de Colombia.


Si queremos algún día alcanzar la paz, los ciudadanos debemos de dejar de sentir miedo; las víctimas merecen reclamar con dignidad una reparación que realmente simbolice un desagravio y los lleve a la reconciliación. Los excombatientes deben tener el derecho de expresarse en la contienda política, y la democracia debe ser esa herramienta para la reconstrucción del tejido social colombiano


Vamos por la paz