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FORO “Fin del Conflicto”  “Implementación, Verificación y Refrendación”

Día 8 de febrero, Panel 1:
“Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo” y “Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil -en lo económico, lo social y lo político-, de acuerdo con sus intereses”, “Situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP” y “Garantías de seguridad”

 


Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) acogemos positivamente la decisión de las partes negociadoras en La Habana de solicitar el monitoreo del cese al fuego y la dejación de armas por una misión política y no armada de las Naciones Unidas. La resolución publicada por este órgano el pasado 25 de enero contempla la creación de un mecanismo tripartito que operará por 12 meses (con posibilidad de prorrogación) con el fin de vigilar y verificar el cese al fuego y la dejación de armas, y se pondrá en marcha tras la firma del acuerdo final entre las partes.
Consideramos que la presencia de un tercero internacional puede aportar de manera significativa a disminuir la brecha de confianza sobre la cesación de hostilidades entre la insurgencia y el gobierno y también entre las comunidades, especialmente aquellas en zonas más afectadas por el conflicto armado.


Sin embargo, observamos con preocupación que ningún punto de la resolución aborda la posibilidad de abrir espacios para un mecanismo de verificación y/o monitoreo independiente conformado exclusivamente por representantes de la sociedad civil. Una mirada hacia varias experiencias internacionales revela que de unos 389 acuerdos de paz examinados, 139 contenían disposiciones explícitas para el involucramiento de la sociedad civil, y en todos los casos se preveía el monitoreo de la implementación de los acuerdos en cuestiones de derechos humanos y/o la cesación de hostilidades.1


Es importante señalar que la sociedad civil colombiana es insustituible para la consecución de una paz territorial y debería por lo tanto ejercer un trabajo al menos consultivo en cuanto al monitoreo del cese al fuego entre las partes. Así mismo es de suma importancia recordar que el posacuerdo llevará consigo nuevas dinámicas conflictivas, sobre todo en las regiones, donde lo acordado en La Habana tendrá que ser implementado de manera compatible con las zonas de reserva campesina, indígena, etc.

Además de constituir una fuerza adicional e imparcial en el monitoreo, también queremos subrayar que la participación de la sociedad civil en este proceso es una forma de potenciar la construcción de la paz con justicia social y que aunque la misión acordada sea tripartita (es decir: FARC-Gobierno-ONU), esto no puede significar que las organizaciones de la sociedad civil sean subsumidas por el mecanismo formal. Finalmente, es importante resaltar que el proceso de monitoreo y verificación se debería concebir como herramienta para hacer seguimiento no solo al cumplimiento del cese al fuego sino también a todos los demás acuerdos parciales.

A pesar de una mejoría de la situación humanitaria2 tras la puesta en marcha de medidas de desescalamiento por ambas partes del conflicto, hay que tener en cuenta que la terminación formal del conflicto no equivale a una disminución de violencia a largo plazo si no se implementan de manera plena y eficaz las relevantes garantías de no repetición.


Vale la pena recordar que en términos de seguridad en el marco del posacuerdo, es indispensable adoptar medidas para el desmantelamiento de otros grupos ilegales que siguen operando en varias zonas del país y tener en cuenta el peligro que constituyen para la población civil. El riesgo que esto representa para la consecución y el mantenimiento de la paz se refleja en los resultados de varios informes sobre la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales que se ve agravada a pesar de (o en cierta manera precisamente a raíz) de las negociaciones de paz.3 En ese sentido, reiteramos también la importancia de un cambio profundo de la doctrina militar de tal manera que el ejército no desempeñe un rol protagónico en las zonas de paz.

Por lo tanto, en el CPDH partimos de que un escenario posacuerdo generará nuevos retos de seguridad y estructurales para las víctimas, la población civil en general y los defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo en contextos rurales que figuran entre los más golpeados del conflicto. Por ello, se debería hacer mención de la protección de la población civil y los derechos humanos en la resolución de monitoreo y verificación.


Cabe señalar también que las medidas de protección para la fase transitoria en Colombia se deberían extender a aquellos combatientes retornando a sus zonas ya sea tras la otorgación de una amnistía o indulto o con el fin de cumplir una sanción restaurativa.4 Teniendo en cuenta lo establecido en el acuerdo de víctimas promulgado el pasado 15 de diciembre de 2015, reiteramos la necesidad de que se defina de manera clara cuales crímenes serán amnistiables o indultables, así como la importancia de establecer el alcance de la conexidad del delito político.


Para aquellas personas procesadas o condenadas por pertenecer o colaborar con las FARC-EP es de suma importancia que se establezcan normas para excarcelaciones veloces en casos de delitos políticos y conexos de tal manera que no se repita la liberación tardía de los 30 guerrilleros indultados por el gobierno en noviembre de 2015. Además, solicitamos que se considere la posibilidad de excarcelar guerrilleros y personas presuntamente vinculadas con el grupo armado que padezcan graves problemas de salud. Una falta de cumplimiento con medidas de excarcelación inmediata por parte de gobierno agrava la fluidez del proceso de paz/la implementación del acuerdo y debilita las medidas de construcción de confianza entre las partes.


Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos plantear las siguientes propuestas para que sean tomadas en cuenta en el marco del punto 3 “Fin del Conflicto”:


1. Cooperación con la veeduría social en el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego establecido por las Naciones Unidas y creación de un mecanismo no estatal para la verificación de la implementación de todos los acuerdos parciales


2. Implementación de medidas de protección en las zonas de paz tanto de la población civil como de los excombatientes y acompañamiento psicosocial; fortalecer mecanismos de protección de las comunidades, tales como: guardia indígena y gestores comunitarios de paz.


3. Ejercer una pedagogía para la paz de los medios de comunicación con el fin de fomentar la desestigmatización tanto de los defensores de derechos humanos, lideresas y líderes campesinos, sociales, políticos y sindicales, como de los excombatientes y lograr una reconfiguración del concepto del enemigo interno.


4. Cambio de la doctrina militar: Pedagogía para las fuerzas militares y reforzar la naturaleza a-política de las fuerzas militares; construir una nueva relación entre las comunidades y las instituciones formales, que permita restablecer su autoridad legítima a partir de la protección de los ciudadanos.


5. Considerar legislación que permita excarcelaciones de personas con graves problemas de salud y que agilice el procedimiento de excarcelación en casos de personas indultadas o amnistiadas; reforma del régimen penitenciario que padece de un hacinamiento que alcanza el 58,3% (y en algunas cárceles llega hasta niveles del 400%) y una grave crisis humanitaria que ha afectado a varios presos de las FARC-EP5.

Día 8 de febrero, Panel 2:
Organizaciones criminales, impunidad y corrupción. Desmantelamiento del fenómeno paramilitar


Aunque íntimamente ligadas, las estructuras paramilitares representan un capítulo aparte, mucho más complejo por su dimensión histórica y sus implicaciones, no sólo de carácter económico sino también las de un proyecto político-ideológico con bases y conexiones claras con diversas instituciones del estado. Por ende, se hará una diferenciación entre ambos fenómenos, con recomendaciones y propuestas específicas para cada uno.

Sobre el fenómeno paramilitar


Como se ha establecido recientemente, las organizaciones paramilitares, lejos de haber desaparecido luego de los procesos de desmovilización en los años 2005 y 2006, se han reestructurado en grupos reducidos de mayor volatilidad y complejidad – las llamadas “bandas criminales”–, cuya principal fuente de ingreso y motivo de disputa entre ellas –aunque no la única– es el narcotráfico. Según Indepaz y Verdad Abierta, para 2015 existían 14 grupos narcoparamilitares en 338 municipios de 23 departamentos. Una presencia especialmente fuerte se da en Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca, Sucre y la Guajira.6


Como se ve, son una amenaza real y latente para la población civil, las organizaciones políticas y sociales y para la puesta en marcha y consolidación de los futuros acuerdos de paz. Por ende, su desmonte efectivo es de vital importancia. Para ello, el CPDH pone sobre la mesa los siguientes puntos sobre el desmantelamiento del fenómeno, a tener en cuenta para la discusión sobre ajustes institucionales:

1. Como primera medida, creemos que inicialmente es fundamental la creación de una Comisión Oficial de Esclarecimiento del fenómeno paramilitar. Dicha comisión dará cuenta de la historia del paramilitarismo en Colombia, incluyendo las causas de su surgimiento y los actores históricos que lo han hecho posible, su desarrollo y consolidación. Aunque desde la academia, los centros de investigación y la sociedad civil se han hecho numerosos esfuerzos en esta dirección, aún no existen documentos de carácter oficial que permitan tener una visión lo más completa posible. La Comisión funcionará como un mecanismo que establezca garantías de seguridad para el ejercicio político tanto de las FARC en la transición hacia la vida civil en condiciones democráticas, como demás organizaciones sociales, movimientos políticos, miembros de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que han sido víctimas durante décadas de los grupos paramilitares, denominados hoy día como Bacrim.

2. Se espera que los insumos aportados por dicha Comisión, que expandirán los hallazgos ya conocidos (acerca de su estructura armada, sus métodos de control territorial y sus diversas alianzas con poderes locales y regionales, sector privado y miembros de la fuerza pública), permitan iniciar el proceso de desmonte efectivo de dichas estructuras. Para ello, en primera instancia el estado colombiano debe reconocer la persistencia del fenómeno paramilitar y como tal otorgar dicha categoría a esos grupos, situación que aún no ha sido esclarecida por haberles otorgado el carácter de organizaciones meramente criminales.

3. Estimular y fortalecer el papel de las organizaciones de víctimas y otras organizaciones acompañantes es clave para persistir en el desmantelamiento del fenómeno. Como se ha demostrado desde la creación de la Ley de Justicia y Paz, de manera independiente y en un contexto en que la justicia ordinaria ha demostrado poca voluntad para luchar contra el reagrupamiento paramilitar, las distintas organizaciones sociales se han dado a la tarea incansable de asumir el rol de denuncia y movilización contra este fenómeno7.

4. Por ello, se propone la creación de una Comisión de Investigación conformada exclusivamente por miembros representantes de las diversas organizaciones de la sociedad civil con un asesoramiento específico y constante de la Justicia. Teniendo en mente el necesario enfoque territorial y diferenciado que la construcción de la paz debe tener, se propone que este organismo esté compuesto por subcomisiones regionales, que puedan dar cuenta de las dinámicas propias de cada territorio y que haga énfasis en la manera particular en que las estructuras narcoparamilitares han atacado a las mujeres y a las comunidades indígenas, afro y campesinas.

5. Articular ese esfuerzo particular de las organizaciones sociales con una voluntad absoluta de enjuiciamiento y desmonte del fenómeno paramilitar con la justicia penal ordinaria. Esto requerirá un proceso de renovación en el seno del ámbito judicial que tenga en cuenta el enfoque diferenciado planteado anteriormente. Ello implica que lleguen a la institución judicial miembros que representen directamente a esos sectores (una mayor cantidad de mujeres, comunidades afro, indígenas, campesinas y víctimas directas).

6. Enfocados en la pedagogía y la Cátedra para la Paz, desde el CPDH se requiere que un apartado especial de estas iniciativas incluyan el estudio del fenómeno paramilitar y sus prolongados efectos políticos, sociales y sobre la población civil. Todo ello, enmarcado en la serie de mecanismos que aseguren la no repetición de estos hechos en el futuro.


7. De igual manera, consideramos que es necesario tipificar el fenómeno paramilitar, el cual deberá ser sancionado de manera ejemplar a fin de no volver a repetir las grandes violaciones y crímenes atroces que estos grupos han cometido en el país, incluyendo el apoyo financiero, logístico y político de quienes promocionan y animan esta clase de “defensa” de los grandes latifundistas.
Combate a las organizaciones criminales: redes de apoyo y corrupción
Brevemente, además del fenómeno del narcotráfico, las economías criminales se basen en un amplio espectro de actividades no reguladas, que van desde la actividad minera (especialmente el oro), pasando por la extorsión y hasta el contrabando de gasolina y el tráfico de fauna y madera.


Para ello, siempre teniendo en mente el rol clave de la sociedad civil y sus organizaciones como partícipes de primera mano, consideramos de particular relevancia la discusión de las siguientes propuestas:

1. En este caso, es necesario consolidar las llamadas “infraestructuras de paz” para evitar que se propague un nuevo ciclo de violencia y, además, para desmantelar por completo el accionar de organizaciones ilegales cuya base son las economías criminales. Este concepto se refiere a “una red interdependiente de sistemas, instituciones, recursos, valores y habilidades sostenida por el gobierno, la sociedad civil y las comunidades que promueve el diálogo y la consulta, previene los conflictos y facilita la mediación pacífica cuando la violencia ocurre en una sociedad”.9

2. La definición de una política clara y coherente de lucha contra la corrupción y la impunidad, que ataque directamente los eslabones altos de la cadena criminal y no, cómo se ha determinado recientemente, los mandos medios y bajos, que no alteran realmente las estructuras y, de hecho, sí hacen que la población civil fortalezca sus vínculos con las organizaciones pues dependen directa o indirectamente de estas actividades (en regiones como el Bajo Cauca, Antioquia o el Eje Cafetero, donde incluso la población se ha movilizado contra el gobierno).

3. Una política de integración y articulación de estas comunidades, directamente ligadas a las estructuras criminales, con la ley y las instituciones. Se requiere, por tanto, que el Estado entienda, de un lado, que debe tener en cuenta la particularidad de cada territorio. Del otro, que se identifique claramente que su fin último es la protección de los ciudadanos y que para ello minimice a toda costa los impactos negativos en términos de seguridad hacia la población civil. Con ello se espera que la percepción de la gente en los territorios sobre el estado se transforme positivamente y abandone y se desligue de las economías criminales.

4. Ello requiere, a su vez, el abandono de una política puramente militarista y de presencia de la fuerza pública. Es decir, delimitar los roles y responsabilidades de las Fuerzas Militares en la lucha contra estas estructuras, para que no se presenten violaciones a los DDHH ni abusos de poder. Los territorios que las FARC dejen militarmente luego de su reintegración a la vida civil deben ser ocupados de manera responsable no sólo por las FFPP sino por las demás instituciones del Estado.

Día 8 de febrero, Panel 3:
“Reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”


El CPDH considera que es fundamental en la etapa de posacuerdo hacer reformas y ajustes estructurales, que son de carácter prioritario e impajaritable y que sin lugar a dudas, de a no hacer estos ajustes se podría fácilmente tener más posibilidades de fracasar que consolidar y mantener esa paz estable y duradera que necesita el país.

1. Como primera media se considera pertinente que las entidades y funcionarios que tuvieron conocimiento de hechos delictivos y victimizantes, especialmente de los hechos cometidos por las estructuras paramilitares y agentes estatales, respondan por la falta a su deber constitucional. De igual manera se propone que las entidades Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, realicen un informe respecto a las denuncias penales y quejas ante la Procuraduría que presentó la población civil en su debida oportunidad y no fueron adelantadas de manera adecuada o no se iniciaron de manera oficiosa. Así mismo se indique las investigaciones que se iniciaron de manera oficiosa, las investigaciones que fueron archivadas, se precluyeron o inhibieron. También que se informe los motivos por los cuales se generaron esas omisiones, que privaron y siguen privando de garantías judiciales a la población civil de la debida administración de justicia.


Vale la pena destacar la impunidad que se ha dado en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Después de diez años de vigencia de esta ley, solo se han pronunciado 33 sentencias en total.10 “La Fiscalía ha enviado 1307 compulsas de copias para investigar a políticos, y 1212 para investigar a miembros de las FFPP por su apoyo a las autodefensas. A pesar de que en estos 10 años de Justicia y Paz, los exparamilitares han confesado más de 50.000 crímenes, las 33 sentencias que existen hasta ahora sólo

2. Así mismo y en relación con el punto anterior, se deberá revisar la conducta de las entidades y los funcionarios que en una mayor medida cometieron las referidas omisiones, a fin de poder establecer las causas de este actuar, situación que evidentemente contribuyó para que se favorecieran de cierta manera estas conductas y continúen realizando sin ninguna clase de control. Bajo esta premisa de “un Estado social debe ser capaz de tener la suficiente capacidad de evitar los delitos o hechos punibles, es por ello, que en un Estado Social, se debe buscar medios alternativos para proteger la sociedad, por lo que en este escenario no tendría cabida el derecho penal y se aplicaría de esta manera, el principio de subsidiaridad de ser la última ratio”12.
Es decir, se deben dar verdaderas políticas públicas que permitan el debido tratamiento a conductas que merecen más un carácter de orden administrativo que penal, este país no puede seguir penalizando y ampliando las tipologías penales.

3. El ministerio de comunicaciones deberá hacer una comisión que verifique (junto con una instancia internacional de prensa, por ejemplo periodistas sin fronteras) que el contenido de la programación de las franjas de TV y de radio no tengan bajo ninguna circunstancia y bajo ningún pretexto contenidos discriminatorios, que estigmaticen a un grupo determinado o simplemente que no hagan llamados a la reconciliación y al verdadero respeto por las diferencias culturales, raciales, étnicas, políticas, de diversidad, de género y religiosas. Por lo cual se cree conveniente que está comisión esté integrada por la sociedad civil, Defensoría del Pueblo y delegados del ministerio.

4. De igual manera es de vital importancia debatir y hablar con toda la sinceridad respecto de la necesidad de adelantar la respectiva reforma para hacer efectiva la disminución de la fuerza pública así como el presupuesto destinado a las FFPP.

En el caso de Colombia se debe realizar un estudio minucioso de las personas que han estado inmersos en investigaciones ya sean penales o administrativas por violaciones a DDHH o infracciones al DIH, a fin de establecer una verdadera transparencia al interior de las Instituciones, permitiendo que el país conozca los resultados del referido estudio.


Sancionar de manera ejemplar los casos de abuso de autoridad, asegurando un trato digno a los y las colombianas, implementando un mecanismo efectivo de políticas diferenciales; por lo cual en la etapa de posacuerdo se deberá crear un Comité de seguimiento y verificación a las labores y acciones que realice las FFPP (incluido el manejo del presupuesto nacional), este Comité estaría conformado por delegados de las FFPP que tengan amplio conocimiento de DDHH y DIH, la sociedad civil, preferiblemente por organizaciones de Derechos Humanos y delegados de Naciones Unidas, que tenga una duración mínima de diez años.


Abolición del servicio militar obligatorio, el cual debería ser remplazado por un servicio cívico comunitario, por lo cual tendría que crearse un organismo nuevo que sea el que coordine las labores que deberán realizar los jóvenes y sería valioso que apoyen jornadas de alfabetización, convivencia, cuidado ambiental etc.


Al firmar el acuerdo de negociaciones entre las FARC-EP y el gobierno nacional esperamos de manera pronta se haga lo mismo con el ELN, debido a que no persistiría esa latente amenaza que atente contra la estabilidad y estructura militar por lo cual se debería reducir impajaritablemente de manera paulatina y considerable el pie de fuerza, el cual debería darse en un lapso máximo de cinco años. Se deberá aprovechar el conocimiento de estos hombres y mujeres haciendo un estado del arte de sus conocimientos para incluirlos en diferentes sectores económicos y sociales.


Especializar a los miembros de las FFPP en derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional humanitario, sin tergiversaciones de ninguna índole, dado que estas tergiversaciones son las que han causado de una u otra manera incalculables violaciones e infracciones a los DDHH y al DIH.


La prohibición de usar técnicas y métodos que atenten contra la vida e integridad de la población civil, se deberá en todas la esferas hacer ejercicios pedagógicos relacionados a la reconciliación y dejar de ver enemigos internos y por ende dejar de tratar así a la población civil.


De igual manera se propone que la policía este adscrita al ministerio del interior, y que se haga una clara distinción entre la Policía Nacional que estaría encargado de la seguridad y el Ejército nacional de la defensa y cuidado de fronteras.


Día 9 de Febrero, Panel 1 y 2:
Implementación, verificación y refrendación


Como lo hemos planteado en la discusión sobre la veeduría social a la cesación de hostilidades y la dejación de armas, también consideramos que debería existir un mecanismo de esa naturaleza para el monitoreo y seguimiento de todos los acuerdos parciales y el acuerdo final de La Habana. Esto porque creemos que entre más amplia la participación de la sociedad civil, tanto en un proceso de paz como en un escenario de posacuerdo, más estable y duradera será la paz alcanzada.


Apoyamos por lo tanto la idea de crear un mecanismo u órgano que facilite la interlocución y sincronización entre la sociedad civil y el sistema nacional de implementación. Cabe señalar que la consecución de la paz en Colombia depende de gran parte de la construcción de una democracia plena, cosa que va mucho más allá de lo acordado en La Habana y que tiene que ser apoyado por todos los ciudadanos y las ciudadanas.


En el CPDH partimos que una de las medidas más eficaces y profundas para garantizar la no repetición del conflicto son las reformas constitucionales, o bien, la convocatoria de una asamblea nacional constituyente para dar origen a una nueva constitución, proceso que tendría un enorme significado para marcar una clara línea divisoria entre el pasado y el futuro.
A esto se suma la importancia de generar espacios con la más amplia participación posible te todos los sectores, lo cual permite que la fase transitoria se conciba como un nuevo inicio, no solo desde el punto de vista de las elites y las partes negociadoras del conflicto, sino también para todo el conjunto de la sociedad colombiana. De ahí considerar también la posibilidad de que una nueva constitución puede servir como un nuevo pacto social entre los sectores polarizados de Colombia.


El proceso de una constituyente podría darle legitimidad a lo acordado en La Habana, pero aún más importante, ayuda a garantizar que el acuerdo de paz no solo ponga fin a la violencia sino también crea un Estado estable y bien organizado capaz de resolver los problemas del modelo económico, el régimen político, el sistema judicial, el desarrollo territorial y de falta de justicia social.14 Además, creemos en el potencial de una constituyente para cambiar de manera profunda y a largo plazo la cultura política en este país. También concebimos una transición constitucional como oportunidad para iniciar un proceso indispensable de reconciliación, dialogo social y por lo tanto una educación democrática de la población.


Sin embargo, reconocemos algunos de los retos que surgen al concebir una asamblea constituyente como mecanismo de refrendación, tal como por ejemplo la necesidad de actuar de manera ágil para refrendar los acuerdos en un momento transitorio. Si en aras de asegurar la paz inmediata después de la firma de los acuerdos se plantea otro mecanismo de refrendación, nos pronunciamos a favor de convocar una constituyente en una etapa posterior para abordar aquellos temas relevantes y de tal manera fortalecer el mantenimiento de la paz:


Teniendo en cuenta lo anterior, sugerimos:


1. Creación de una comisión de sincronización para la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la implementación.


2. Materializar los futuros acuerdos de paz como medida de no repetición y de transición democrática. Uno de los mayores problemas en varios de los procesos de paz en el mundo, han sido que los acuerdos o textos de paz se han quedado en letra muerta y olvidada, dependiendo su aplicación de la voluntad de los gobiernos de turno. Se requiere para ello la asimilación de un dialogo constituyente, que partan por advertir que los actuales acuerdos de Paz, tienen en sí una naturaleza transformadora y convocante para la realización en Colombia de una Asamblea Nacional Constituyente.

3. Realización de pre-constituyentes en los distintos niveles territoriales de la nación, desde las cuales deberían salir las propuestas de contenido para la nueva constitución15.

 

Citas:

1 Christine Bell & Catherine O’Rourke (2007) The People’s Peace? Civil Society, Peace Agreements and Participatory Democracy

2 http://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/onu-destaca-mejoria-de-situacion-humanitaria-tras-dialogos-con-farc/16440415


3 “[Se denota] un repunte significativo en las agresiones en fechas cercanas o posteriores al anuncio del acuerdo en el punto de justicia de los diálogos de paz en La Habana entre Gobierno de Colombia y FARC en septiembre 2015.” Boletín Trimestral, Somos Defensores Julio-Septiembre 2015

4 Uno de los guerrilleros indultados y liberados en enero de 2016 ya ha sido objeto de amenazas de muerta y desplazamiento de su oficina: http://linkis.com/analisisurbano.com/toMzr

5 http://www.verdadabierta.com/bloques-de-las-farc/5920-que-va-a-pasar-con-los-presos-de-las-farc y http://www.colombiainforma.info/politica/derechos-humanos/2957-debate-parlamentario-para-superar-la-crisis-humanitaria-en-las-carceles-de-colombia


6 Indepaz. X Informe sobre grupos paramilitares. (2015), Verdad Abierta (2015).

7 Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. El Desmantelamiento del Paramilitarismo: Aprendizajes y Recomendaciones desde las Víctimas. (2014).

8 Fundación Ideas para la Paz. Economías criminales en clave de postconflicto. (2016).

9 Instituto Catalán para la Paz. Colombia en el posconflicto violento (2014).

10 Estadísticas oficiales de la FGN, Julio 2015

11 http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10-anos-de-justicia-y-paz/6110-la-magnitud-de-los-crimenes-develados-por-justicia-y-paz


12 Luigi Ferrajoli – Derecho y Razón.


13 Esta medida se hace con base a la información suministrada por peaceaccords.nd.edu, un portal de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) que evalúa los niveles de implementación de los acuerdos de paz alrededor del mundo. Los casos mencionados están calificados en dicho sitio web como “Implementación total” por ende su escogencia en este informe.

14 Huber Ballesteros, Colombia: ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente?


15 Huber Ballesteros


Vamos por la paz