La Europa es una finca ubicada en Ovejas (Sucre) uno de los quince municipios que hacen parte de la subregión de Montes de María, que comprende parte de los departamentos de Sucre y Bolívar. La región ha tenido históricamente vocación agropecuaria y bovina y ha estado caracterizada por una conflictividad histórica por el uso y apropiación de la tierra entre grandes latifundistas, terratenientes, campesinos y Estado.


Los Montes de María ha sufrido con especial fuerza los embates del conflicto armado desde inicios de los años noventa, cuando algunas pequeñas guerrillas de la zona se desmovilizaron, lo que dio paso a la entrada de las autodefensas desde mediados de la década patrocinados por políticos y empresarios de la región. Los diversos bloques, grupos y llamadas autodefensas campesinas terminaron por unificarse como Bloque Héroes de Montes de María (BHMM) en 1997. Su accionar violento por medio de estigmatización, brutales masacres y asesinatos selectivos a la población desplazó a 215.933 personas entre 1998 y 2010, según datos del Sistema de Información para población desplazada del Gobierno.

Únicamente en Ovejas 24.205 personas fueron expulsadas hasta octubre de 2011, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. El pico de estos hechos se presentó entre 1999 y 2002. En 2005, con la desmovilización paramilitar, el Bloque Héroes de Montes de María abandona la zona y desde ese año descienden los desplazamientos. Entre 2006 y 2007 se intensifica la acción del ejército contra el frente 37 de las FARC, que se debilita de manera significativa.


A partir de ese momento, llegan empresas a la región a comprar terrenos a precios significativamente bajos como ARGOS la cual compro 6600 hectareas asegurando que actuó de buena fe y que en ningún momento los campesinos fueron obligados a vender, sin embargo el El Tribunal de Restitución de Tierras de Cúcuta estableció, en una sentencia del pasado 16 de febrero, que la cementera no compró de buena fe exenta de culpa una parcela a un campesino en El Carmen de Bolívar (Bolívar), utilizando diferentes figuras jurídicas” para acumular tierras de campesinos desplazados y le negó la compensación que exigía.

La sentencia llama la atención de que a Argos no le importaron estas anomalías, ni tampoco que hiciera muchas preguntas. Con una simple indagación, dictamina la justicia, Argos pudo haber descubierto que en la Gobernación de Bolívar había denuncias de que intermediarios se estaban aprovechando de este labriego.
Este fallo sienta varios precedentes en la restitución de tierras. Uno de ellos, es que la responsabilidad de los terceros en el conflicto armado no se limita a la financiación de los grupos armados ilegales, sino que incluye cómo se aprovecharon del impacto de la violencia para hacer sus negocios.


Otro caso que demuestra la participación de empresarios es el de Juan Guillermo Vélez Jaramillo, representando a una supuesta empresa llamada Arepas Don Juancho, que compra once hectáreas del terreno de la finca La Europa, pero luego hacia 2010 empiezan los problemas con aquellos dueños de tierra que no quisieron vender e incluso con varios de aquellos que a pesar de haber vendido, luego hicieron sentir su voz de protesta por lo que consideraron fue un precio demasiado bajo. Según Verdad Abierta, el precio de la hectárea en esa época fue únicamente el 6.8% del valor actual. Vélez Jaramillo intentó poner una acción legal contra los campesinos que estaban ocupando la tierra pero un juez de garantías le dio la razón a los reclamantes. Entre 2011 y 2012 empezó de nuevo la violencia en la zona, especialmente hacia aquellos campesinos que se habían dado a la tarea de liderar la lucha por su tierra: se decía que la presencia de amenazas, ataques a la población y presencia de civiles armados que formaban ejércitos anti-restitución de tierras eran patentes, como señala el informe de riesgo no. 009-12 de la Defensoría del Pueblo.


A estos hechos se suman el homicidio de Alex Miguel Arrieta en el 2008, la quema de 10 ranchos en 2011, el asesinato en marzo de 2011 de Éder Verbel Rocha, miembro de MOVICE Sucre, el atentado que casi le cuesta la vida a Andrés Narváez el 12 de junio de 2014 y el homicidio en el municipio de Palmitos, de Hernando Pérez Iriarte, líder reclamante de tierras el dia 2 de marzo de 2016.


El 1 de abril de 2016 el presidente de la asociación de campesinos y campesinas de la finca La Europa, Argemiro Lara, líder defensor de derechos humanos y de restitución de tierras recibió a su celular amenazas a través de mensajes de texto firmadas por las Águilas Negras, está amenazada se presentó dentro del marco del paro armado organizado por los grupos paramilitares, Seis días después, el 7 de abril, hombres vestidos de negro se han paseado por diferentes zonas del predio en motocicletas de alto cilindraje intimidando a la población.


Además, en la vereda los números perteneciente al corregimiento de salitral municipio de ovejas han sido incinerados varios ranchos, en el mes de julio del pasado año se realizó una reunión con las victimas del corregimiento, dicha reunión se realizó en un rancho en el cual habitualmente funciona un billar, al dia siguiente de la reunión el billar fue quemado, en hechos recientes se registran otras quemas de, al menos cuatro ranchos entre ellas se encuentra la vivienda del señor RICARDO MANUEL FERNANDEZ registrada el 1 de marzo del presente año, es importante resaltar que este campesino es el presidente de la asociación de cultivadores desplazados y retornados del corregimiento de Salitral .


En otros municipios aledaños, también se ha reportado presencia del grupo paramilitar autodenominado como Águilas Negras, al punto que el 28 de enero, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo de inminencia referente al municipio de El Carmen de Bolívar , también en los Montes de María, donde alerta del peligro inminente en el que están los pobladores reclamantes de tierras de la Finca El Tamarindo por la presencia y amenazas del citado grupo paramilitar.


Relación del paramilitarismo con la clase política y el narcotráfico


Al hablar de presencia paramilitar en el departamento es imposible obviar su relación con el tráfico de drogas y la dirigencia política de la región. La zona ha sido corredor estratégico de narcotráfico y su clase política quizá de las más corruptas del país. Dichos fenómenos han institucionalizado el crimen en el departamento. El famoso Pacto de Santa Fe de Ralito, acuerdo firmado por jefes paramilitares, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre para “refundar la patria”, es el más claro ejemplo de las terribles alianzas entre las autodefensas y los gobiernos locales y departamentales, para imponer su terror y controlar mediante métodos ilegales que generaban miedo en las comunidades para obligarlas a votar a su beneplácito.


El Estado colombiano ha manifestado haber desmontado a los grupos paramilitares. Sin embargo, Sucre es uno de los principales testimonios que contradicen esa afirmación. Dichas estructuras políticas que se alimentaban de la muerte y el terror que impartían los grupos paramilitares continúan ejerciendo el poder –como se señala más adelante– y el incremento en el tráfico de drogas alimenta día a día a ese monstruo paramilitar al que el Estado llama BACRIM, claro eufemismo para ocultar la realidad, el fracaso de la Ley de Justicia y Paz.

En el departamento se ha reportado presencia en los últimos años de varios grupos como Rastrojos, Águilas Negras o Urabeños/Clan Úsuga, también autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De hecho, Sucre está entre los cinco departamentos donde se produjeron más amenazas contra el movimiento social y popular en 2015 ; el Capítulo Sucre MOVICE, que acompaña el proceso de la Finca La Europa, es además el capítulo más amenazado en los últimos años dentro de la plataforma.


Es importante recordar que el departamento de Sucre las campañas políticas ha sido el reflejo de la fuerza de estos grupos narcoparamilitares pues financian campañas políticas que tienen unos gastos millonarios que luego son invertidos en compra de votos . Dicha estructura política ilegitima se mantiene vigente. Muchos de estos dirigentes políticos tienen cuentas en paraísos fiscales, según las últimas informaciones provenientes del caso de los llamados Papeles de Panamá . Hasta el momento se han conocido los nombres de Jesús Antonio Paternina, exalcalde de Sincelejo (2008-2012) y su hijo Pedro Paternina Gulfo, quien llegó a la Asamblea Departamental con el aval de Opción Ciudadana, antiguo PIN, uno de los partidos que más senadores y representantes sumó a la lista del escándalo de la parapolítica . Paternina Gulfo, se dice, es cercano a Yahir Acuña, señalado de nexos directos con paramilitares y parapolíticos, entre ellos ‘Jorge 40’, ‘Diego Vecino’, Enilse López ‘La Gata’, Álvaro ‘El Gordo’ García y Salvador Arana, exgobernador del departamento (los dos últimos cumplen una condena de 40 años por tal motivo).
Históricamente el golfo de Morrosquillo ha sido un punto estratégico para los narcotraficantes por su acceso al mar (ver anexo 1). En el último año se han incautado toneladas de drogas e incluso fue derribada una avioneta proveniente de México, un país con estrechos vínculos de narcotráfico: el Cartel de Sinaloa y el Clan Úsuga trabajan de manera conjunta en el tráfico de drogas y de armas, información que puede ser constatada en los anexos que acompañan el presente documento.


El narcotráfico y sus corredores estratégicos están estrechamente ligados a las agresiones y amenazas contra los reclamantes de tierras, población desplazada que como se señaló al inicio paulatinamente ha empezado a emprender el retorno amparados en la Ley de Restitución.

 


Presencia armada de grupos paramilitares sucesores


Estos grupos paramilitares siempre que son capturados les incautan armas de fuego, de largo y corto alcance, así como granadas y toda clase de material explosivo, sin olvidar las drogas.
Su modus operandi es diverso pero lo que más se destaca de su accionar es en la modalidad de sicariato, en donde tienen bastante experiencia.

Sobre esto, se ha señalado que las estructuras paramilitares están recurriendo a jóvenes con ausencia de recursos y en situación de vulnerabilidad para que desempeñen estas acciones. Además, los patrones de actuación de estos grupos, según la propia Defensoría del Pueblo, contra la población civil, ligadas al control del territorio y al tráfico de drogas se han mantenido: amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, reclutamiento, control del microtráfico y las rutas internacionales del narcotráfico; con estas prácticas, según la Defensoría “el grupo busca fragmentar los procesos sociales, la confianza en las autoridades, evitar procesos de denuncia frente a violaciones a los DDHH y cualquier atisbo de presión social hacia la estructura armada” (referente a Sincelejo).


El día 6 de abril de 2016 se capturaron a un total de 20 personas pertenecientes al Clan Úsuga/AGC en la ciudad de Sincelejo y el municipio de Santiago de Tolú.


La relación entre la presencia de este grupo paramilitar, el control territorial, el tráfico de drogas y las amenazas y agresiones contra quienes ejercen la labor de defensa de los derechos humanos y se refleja en la declaración de la Defensoría del Pueblo en la Nota de Seguimiento n° 025-15, primera al Informe de Riesgo N° 003-13 (Emitida el 18 de noviembre de 2015) que dice “se observa una alta probabilidad de riesgo sobre los sujetos sociales, políticos y económicos, especialmente, los líderes y lideresas que revindican derechos de las víctimas, representantes de las víctimas en la mesa de participación municipal y departamental, reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes del MOVICE capítulo Sucre” . Esta situación, si bien se refiere a Sincelejo, es extensible a todo el departamento, donde se extiende el control de este grupo.

Vemos con preocupación el fortalecimiento de los grupos paramilitares que vienen incrementando su presencia y control territorial, el paro armado que organizaron estos grupos es un ejemplo claro del terror y miedo que generan en las comunidades hasta el punto de lograr la suspensión de las actividades comerciales, académicas, laborales, logrando un control social sobre las comunidades, Nos preocupa las declaraciones del ejército y la policía que desconocen estos graves hechos y minimizan la problemática atribuyéndole los hechos a unos pequeños grupos delincuenciales cuando en realidad son los mismos de las masacres, desapariciones, despojos de tierras entre otras violaciones de los derechos humanos.

 


Anexos 1.

Mapa del departamento de Sucre por regiones

 

ANEXO 2.

http://www.elmeridiano.co/interceptan-y-destruyen-avioneta-en-sucre/28937

ANEXO 3.
Detenido alias ‘Diego’, 'caletero' del Clan Úsuga en Corozal, Sucre
Martes, Enero 26, 2016 - 15:20
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El coronel Julio César Sánchez, comandante del Departamento de Policía de Sucre, informó que en las últimas horas fue detenido Carlos Alberto Álvarez, alias ‘Diego’ quien era uno de los hombres que quedó pendiente por capturar en la ofensiva contra el ‘Clan Úsuga’ a comienzos de octubre de 2014.
En dicha oportunidad fueron detenidas cerca de 200 integrantes de esa estructura narcotraficante al igual de la estructura de ‘Los Rastrojos’.
Casi cuatro meses después se da con el paradero de ‘Diego’, de 31 años, quien es señalado por las autoridades de ser ‘caletero’ (esconder armas de fuego, material de guerra y sustancias estupefacientes) al igual que de recopilar información de inteligencia sobre el movimiento de las autoridades en Corozal.


ANEXO 4

http://elmeridiano.co/duro-golpe/36386

 


Vamos por la paz