Las organizaciones convocantes a la Audiencia Pública “Persistencia del paramilitarismo: sin garantías no hay paz sostenible”, realizada en el Salón Boyacá del Congreso de la República el pasado viernes 15 de abril de 2016, rechazan las amenazas que se presentaron los días posteriores contra los sindicalistas que intervinieron en el marco de la Audiencia por parte de Aspu, Sintraunicor y Ajucor, así como los señalamientos contra Iván Cepeda por parte de las Autodefensas Gaitanistas a través de un panfleto.

 

El espacio de la audiencia, promovido con el objetivo de visibilizar la crisis humanitaria en las regiones que se profundiza diariamente a causa del fortalecimiento de los grupos paramilitares, contó con la participación de delegados de organizaciones de diversas regiones del país y agremiaciones del orden nacional, quienes emitieron una serie de recomendaciones a la subcomisión de desescalamiento y fin del conflicto y unas exigencias concretas al Gobierno Nacional para el desmonte del paramilitarismo.

Es importante reconocer la existencia de los grupos paramilitares ya que, como se ha caracterizado este fenómeno, el fracaso de la desmovilización en 2005 está directamente ligado a los poderes locales de quienes promueven dichos grupos sin modificar sus prácticas y se siguen defendiendo intereses económicos y políticos regionales. La violencia se profundiza en la búsqueda de control territorial que viene tras una estrategia contrainsurgente basada en la estigmatización de las comunidades que viven en las zonas rurales de los municipios, las cuales han tenido que enfrentar sistemáticamente recurrentes violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

La doctrina militar, interiorizada desde hace seis décadas, parte del concepto de enemigo interno como uno de los principales fundamentos del accionar paramilitar. Por ello esta es una de las solicitudes principales: la superación de doctrinas que hoy en día siguen siendo el eje central en la formación de quienes ingresan o son reclutados para la Fuerza Pública.

Es hora de generar un ambiente propicio para la construcción de la paz. Es imperativo el cambio del lenguaje violento que aviva la polarización, la estigmatización, que no promueve la tolerancia sino que profundiza la diferencia y exclusión por parte de ciertos sectores colombianos y los medios masivos de comunicación, a los que se sige invitando a transformar el lenguaje comprometiéndose con difundir la verdad y las vivencias de las regiones.

Se repudia totalmente que en un país, que se hace llamar democrático, no existan las garantías mínimas para poder denunciar la grave situación que afronta Colombia a causa del paramilitarismo, cuya existencia ha sido negada por el Gobierno en reiteradas ocasiones, tal como sucedió en la alocución presidencial el pasado lunes 18 de abril de 2016, reafirmando la supuesta criminalidad de las “Bacrim”, sin reconocer la permanencia e incremento del accionar de estructuras paramilitares. Se exige de manera inmediata garantías políticas para comunidades, organizaciones y personas que se atrevieron a denunciar que el paramilitarismo está vivo en Colombia; garantías para la permanencia en el territorio, para hacer defensa de los derechos, para seguir ejerciéndolos y sobre todo garantías para la construcción de una paz estable y duradera.

¡No nos callaran!, seguiremos denunciando.

Firman:
Coordinación Agrominera del Noroccidente y Magdalena Medio Colombiano
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)
Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc)
Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente Colombiano (DHOC)
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica


Vamos por la paz