Históricamente el Departamento de la Guajira ha sufrido la desidia de sus gobiernos, implementando una política minero-energética que, sumado al evidente abandono por parte del Estado Colombiano, llevan a la población a un nivel de pobreza extrema y hambruna que tiene a sus habitantes pidiendo a gritos una ayuda que trascienda sus exigencias inmediatas.


La actual crisis humanitaria en La Guajira no se debe al fenómeno de “El Niño”, como el gobierno nacional ha querido hacer ver. Si bien es cierto existen condiciones geográficas particulares, propias de la región, la crisis humanitaria es el resultado de la precariedad en el suministro de agua potable a sus habitantes y la negligencia de los gobiernos departamentales en torno a la administración y uso de los bienes naturales que posee el departamento. El desabastecimiento del agua viene desde décadas atrás. Las principales fuentes acuíferas no han sido priorizadas para el abastecimiento de agua con fines domésticos y de consumo humano; su uso, en cambio, se ha orientado a la agroindustria, generando conflictos de uso en las diferentes subregiones del departamento. Esto último agravado por las reincidentes pretensiones de la transnacional minera Cerrejón de alterar el curso natural de algunos acuíferos superficiales, para la extracción del carbón mineral que se encuentra bajo sus lechos, con el beneplácito del gobierno nacional, vulnerando el derecho fundamental de los guajiros al acceso al agua para consumo humano.

De la misma manera, la empresa minera no solo propone la desviación de ríos y arroyos, sino que su desarrollo implica, además, el desplazamiento de algunas comunidades asentadas en torno a estos cuerpos de agua y al área de extracción minera directamente, obligando a la desaparición de comunidades enteras, bien sea de forma conciliada o de manera forzada, sin mencionar el incumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado entre la transnacional y las comunidades que se han desplazado de manera concertada, que hoy manifiestan no contar con las condiciones ofrecidas al momento de negociar su traslado, ni mucho menos con las condiciones en que habitaban sus territorios antes de ser expropiados.

 


Es inconcebible que el 60% del PIB del departamento sea producto de la desmedida extracción de bienes naturales, que generan un impacto ambiental irreversible y no se refleja en la calidad de vida de sus pobladores, por el contrario, los sume en la miseria y expone a condiciones extremas, por la presencia permanente de material particulado en el aire y la incomodidad del ruido y vibraciones sísmica por las voladuras con explosivos que a diario se realizan en el interior de la mina para desprender el mineral del suelo. Ante este panorama, al que es sometido el Pueblo Guajiro, convocamos a la comunidad nacional e internacional a participar en el Tribunal Popular contra las Transnacionales en la Guajira, a realizarse los días 3 y 4 de octubre de 2015 en la ciudad de Riohacha.

 


Carácter y Objetivo del Tribunal Popular


El Tribunal Popular contra las Transnacionales en La Guajira es una acción pública no gubernamental, inspirada en el Tribunal Russel que sometió a juicio de opinión a los Estados Unidos por los Crímenes de Lesa Humanidad cometidos contra el pueblo de Vietnam (1967); este tribunal de opinión sesionó posteriormente contra las dictaduras militares en América Latina (1973) y en ocasión a los flagelos contra los Pueblos de Irak (2004), Palestina (2009) y Ucrania (2014).
También tomamos como referente al Tribunal Permanente de los Pueblos, constituido en 1979, como acción de continuidad del Tribunal Russel, que en representación de la conciencia ética de los pueblos ha enjuiciado a Estados genocidas e instituciones internacionales como Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sobre la base de las convenciones internacionales de derechos humanos y en la defensa de los derechos de los Pueblos.
Bajo este legado de justicia ética y de opinión sesionará el Tribunal Popular contra las Transnacionales en la Guajira, a fin de someter a juicio, bajo los estándares de verdad, justicia y reparación integral para las víctimas, a los responsables de los flagelos cometidos contra el Pueblo Guajiro y la naturaleza.
Este tribunal no impondrá sanciones judiciales, pero sí aportará a la verdad y realizará un llamado ético público en defensa de los derechos del Pueblo Guajiro y de la naturaleza.
Metodología

El Tribunal Popular contra las Transnacionales en la Guajira tendrá dos momentos importantes; en un primer momento, se desarrollarán acciones previas consistentes en visitas de verificación y acciones humanitarias, en la cual se recepcionaran testimonios, se documentaran casos y se ofrecerán orientación jurídica y en salud a las y los afectados por la extracción de carbón; en un segundo momento, sesionará el Tribunal Popular, donde se enjuiciara a los responsables de los flagelos cometidos contra el Pueblo Guajiro y la naturaleza, contando como magistrados con personalidades del mundo intelectual y los derechos humanos. 

Visitas de verificación y documentación: Se desarrollaron en los meses de octubre y diciembre de 2014, consistieron en el traslado de abogados e investigadores a territorios donde habitan las comunidades afectadas por los impactos de la extracción del carbón, quienes recolectaron denuncias, identificaron víctimas y documentaron varios casos.  

Acción Humanitaria y de Verificación: Se desarrollará el 3 de octubre de 2015, será un espacio para la recolección de nuevos casos, orientación jurídica y atención en salud a comunidades afectadas directamente por la extracción de carbón. Estas acción también se concibe como escenario de solidaridad, con el fin de ayudar a mitigar las difíciles condiciones a las que son sometidos los habitantes de la región, realizando una jornada de atención en salud por medio de una brigada de médicos y enfermeros, transmitiendo el sentir incluyente que el Estado nunca les ha proporcionado por someterlos al total abandono. 

 

Acción Principal – Juicio


El Tribunal Popular contra las Transnacionales en la Guajira sesionara en audiencia pública el 4 de octubre de 2015 y se desenvolverá en tres momentos.

En el primer momento, se presentaran las denuncias y testimonios sobre el panorama de la posible violación de los Derechos Humanos en el departamento, relacionados con la extracción minera. Serán escuchados líderes sociales y populares, victimas, abogados y organizaciones de derechos humanos, quienes señalarán los casos puntuales de abuso y violación de los derechos humanos.

En el segundo momento, las transnacionales acusadas tendrán la oportunidad de ejercer su defensa y los magistrados analizaran los argumentos de las partes y estudiarán todas las pruebas que se le presenten sin importar la fuente de que provengan.

En el tercer momento, los magistrados procederán al juzgamiento y emitirá un fallo sobre la responsabilidad de los flagelos cometidos contra el Pueblo Guajiro y la naturaleza, que sirva como base para sustentar acciones de carácter jurídico y político en beneficio de las víctimas.


El Tribunal Popular contra las Transnacionales en la Guajira constituirá un proceso movilizador y solidario de distintas organizaciones de la sociedad civil, encaminado a hacer de la población Guajira el principal beneficiario de las inmensas riquezas que posee este departamento, con profundo respeto a la vida y a la naturaleza; por lo que hacemos extensiva esta propuesta a todas las organizaciones de derechos humanos, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas, campesinas, sociales, obreras, estudiantiles, de mujeres, de trabajadoras y trabajadores, nacionales e internacionales, que sientan identidad con esta propuesta y estimen que este escenario nos permite avanzar en construcción de la verdad y la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra el Pueblo Guajiro y la naturaleza.


Vamos por la paz