El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Seccional Caquetá,  teniendo en cuenta la OLA DE TERROR Y DE VIOLENCIA, desatada contra el movimiento obrero, campesino, sindical y popular en Colombia, con hechos repudiables como los asesinato de Erley Monroy, dirigente de la Asociación Campesina del Losada-Guayabero, ASCAL-G y Didier Lozada Barreto, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Platanillo de San Vicente del Caguán, la presencia de encapuchados en varias regiones del país, caso concreto en la vereda Bolivia del Municipio de El Paujil Caquetá, las llamadas amenazantes y extorsivas en el corregimiento de Santa Ramos del Municipio de Puerto Rico Caquetá  y en veredas de los Municipios de la Montañita y Milán, entre otros aspectos;  se pronuncia ante la comunidad nacional e internacional en los siguientes términos:

1.- Condenamos de manera fehaciente la violencia desencadenada contra el pueblo colombiano y de sus organizaciones sociales, sindicales y populares, la cual se condensa en el asesinato selectivo de sus principales dirigentes, la represión generalizada y la creación de un ambiente político enrarecido, difuso y confuso que contribuye al accionar de los grupos paramilitares y de bandas criminales que han anegado en sangre y dolor la geografía patria, con los consiguientes desplazamientos forzados y por ende la concentración de la tierra en manos de unos pocos latifundistas

2.- Denunciar las amenazas que en días recientes ocurrieron en el corregimiento de Santana Ramos, Municipio de Puerto Rico, donde algunas familias fueron víctimas de amenazas  extorsivas   con intento de desplazamiento.

3.- Denunciar que hace 22 días, en el caserío Bolivia del municipio de El Paujil, personas encapuchadas y con armas de fuego incursionaron de manera violenta, amedrentando a varias familias. Estos sujetos fueron a buscar a Hernando Cano y Edwin Chicué, pero no lograron encontrar a los dos ciudadanos quienes  se  escabullaron  mientras los sujetos indagaban por ellos. Los ciudadanos pertenecen a la Junta de Acción Comunal de Bolivia y son líderes populares  reconocidos del sector.

4.- Denunciar que un grupo que se hace llamar “paramilitares del Orteguaza” está incursionando entre  el kilómetro cinco la Ye de Milán vía a San Antonio de Getuchá. Este grupo ya han extorsionado a varios campesinos y ganaderos de la región y se presentan con armas cortas y largas. A la par con estos hechos, muy recientes, también viene presentándose el robo de ganado en varios sectores de la región.

5.- Cuestionamos la inoperancia  del gobierno nacional y de las instituciones destinadas a garantizar la vida y seguridad de los habitantes de Colombia.  Por el contrario, hay una actitud complaciente  frente a estas actuaciones criminales.

6.- Es preocupante que en Departamentos altamente militarizados, con retenes y controles permanentes de las fuerzas militares, se presenten estos hechos que enlutan la ciudadanía en general.

7.- Se infiere de esta oleada violenta, que el propósito fundamental de los autores intelectuales y materiales de la guerra sucia y los asesinatos, es abortar el proceso de paz, provocar el rompimiento del cese bilateral del fuego entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional para propiciar el escalamiento de la confrontación armada en Colombia.

En Consecuencia exigimos al gobierno nacional y departamental del Caquetá:

1.- Adoptar medidas prácticas que garanticen la seguridad y protección de los dirigentes de las organizaciones sociales, sindicales y populares de Colombia y del Caquetá, incluyendo a toda la población civil para que desarrolle con tranquilidad y libertad sus actividades laborales sociales, políticas y familiares.

2.- Acelerar las investigaciones que conlleven al esclarecimiento y castigo de los responsables de los asesinatos de los dirigentes populares e implementar acciones destinadas a contrarrestar la acción de los grupos paramilitares y bandas delincuenciales impidiendo la extorsión,  el despojo de las pertenencias de los campesinos y el desplazamiento forzado.

3.- Implementar el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y la insurgencias de las FARC-EP.  Iniciar oficialmente negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

4.- Combatir efectivamente a los grupos paramilitares, desenmascarando a sus financiadores, entregándolos a los organismos judiciales para que adelanten el proceso penal con sus respectivas sanciones,  resarcimiento económico, psicosocial e integral a quienes han sido víctimas de sus actuaciones.

Junta Directiva

Cpdh-Seccional Caquetá


Vamos por la paz