Dos grupos de víctimas del conflicto armado, asentadas en Bogotá y Villavicencio regresaron a El Castillo (Meta), su lugar de origen, del cual grupos paramilitares les despojaron de sus tierras y las sometieron a desplazamiento forzado, en el marco del proceso de paramilitarización de la región del Ariari entre 2002 y 2008.


Las víctimas llegaron a El Castillo a darle vida a un acto de nominado Caravana por la Memoria y la Paz. Este evento se desarrolló entre el 2 y el 5 de diciembre pasados, en diversos puntos de la geografía de este municipio del Meta, testigo como ningún otro de la crudeza del conflicto entre los diferentes actores armado y sus consecuencias con la población civil.


Medellín del Ariari, Caño Claro, Puerto Unión y Puerto Esperanza, fueron los puntos de la geografía local en los cuales participó la Caravana, no sólo para recordar los hechos dolorosos perpetrados por los paramilitares, en complicidad de la fuerza pública, más exactamente del Batallón XXI Vargas, sino también para proyectarse el retorno a sus tierras, en lo que tiene que ser una apuesta de compromiso del Estado colombiano en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC.


La amenaza paramilitar que no termina


El posicionamiento de las estructuras paramilitares en la región del Ariari data de la ruptura de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, que tuvieron como epicentro a San Vicente del Caguán; en tanto el afán de los máximos comandantes paramilitares era ocupar las regiones históricas, no sólo de la guerrilla, sino también de resistencia del movimiento campesino.


Por esta razón, y a expensas del Bloque Centauros de las Autodefensas para combatir al frente 26 de las FARC, es que se inicia el proceso de paramilitarización de la región, en donde jugarán un rol importante batallones XXI Vargas y Albán de la Brigada 7 del Ejército Nacional, además de la aceptación de Víctor Carranza, dueño de minas de Caliza en la región, en poder contar con un grupo armado que le hiciera contrapeso a la guerrilla.


En ese orden de ideas, los grandes planes contrainsurgentes en la región coincidieron con las dinámicas de vaciamiento del campo y ruptura del tejido social de los pobladores, además que la extensión temporal del accionar paramilitar permitió la configuración de patrones de impunidad sistemáticos, en cuanto el Estado no investigó y sancionó a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, además que permitió la continuidad de estos hechos.

Incluso, a tan sólo dos días del inicio de la Caravana, paramilitares del grupo Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) difundieron en Medellín del Ariari un intimidatorio panfleto en donde se manifiesta el inicio “de la limpieza social” y el cual recuerda las épocas de alias Pereque y alias Julián, otrora comandantes paramilitares de la región que, a través de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos y cooptación del poder local, persiguieron a las comunidades campesinas que, en su mayoría, se vieron en la obligación de migrar a otras ciudades.


Construir región desde la Memoria


La Caravana fue la oportunidad para que brotaran las iniciativas de paz y reconciliación de los pobladores residentes y de quienes aspiran volver en un proceso de retorno al territorio. Una de esas iniciativas es el Parque de la Memoria, el cual busca, desde lo simbólico, generar un referente de rechazo a la violencia, dejar un mensaje claro y contundente a las siguientes generaciones de las consecuencias del conflicto armado, para que dolorosas experiencias no queden en el olvido.


El acto de cierre de la Caravana consistió en la realización del II Foro de Derechos Humanos, en donde se pudo evidenciar que, a pesar de la organización comunitaria en función de reconstruir el tejido social, aún las autoridades no leen la región en clave de la reparación a las víctimas y al combate efectivo a los paramilitares que siguen atemorizando a los pobladores.


Por lo pronto, los siete núcleos (experiencias organizativas de las Juntas de Acción Comunal) insisten en fortalecer el Comité de la Memoria, para comprometer a los diferentes entes institucionales en la recuperación de esta región y preparar el retorno de los que, a causa y en razón del conflicto, no tuvieron otra opción que marcharse.

 


Vamos por la paz