08 de agosto de 2016. CIRCULAR No. 3 - Continúa la Movilización contra las políticas antidrogas que implementan la erradicación forzada manual con glifosato y los incumplimientos del Gobierno Nacional para los Diálogos Regionales con La Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales Nariño – MEROS-

 

Por garantías a la protesta social y la justa lucha de los campesinos en su derecho a trabajar la tierra.

Frente a la decisión de movilización de las organizaciones sociales de la MEROS y las comunidades en general en la región del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales- Nariño; por la problemática originada por violaciones de derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, derechos humanos y la grave crisis que se viene presentando en el marco de la vulneración al DIH por parte de la Fuerza Pública, que desconocen y criminalizan las garantías al Derecho de La Protesta Social.


Hoy las comunidades y organizaciones sociales, sindicales, ambientales, jóvenes y de mujeres a través de la RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO informan que a la fecha SE CUMPLEN 12 DÍAS DE MOVILIZACIÓN Y PROTESTA PACÍFICA, en las que se han presentado las siguientes situaciones:

1.) Desde el día 25 de julio de 2016, hay plantones de manera intermitente, en el que por un horario definido, las organizaciones sociales y comunidades participantes de la movilización realizan actividades de pedagogía popular, asambleas, actos culturales y reuniones entre las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, en las que se están explicando los acuerdos e incumplimiento del Gobierno Nacional con los diálogos regionales; socializan el porqué de la movilización y hacen pedagogía de PAZ a quienes transitan y observan los diferentes lugares de movilización. Estos plantones tienen lugar en: la Vereda El Espinal, Corregimiento Puerto Colon del Municipio de San Miguel; en la vía y cruce del Yarumo del Municipio de Orito; en el Corregimiento de San Pedro del Municipio de Puerto Caicedo; y en los Corregimientos comprendidos entre Puerto Vega y Teteye, del Municipio de Puerto Asís.


2.) El día 3 de agosto de 2016, defensores de derechos humanos integrantes de la Red de Derechos Humanos de la región, que acompañan la movilización del corregimiento de Piñuña Blanco y de la Vereda la Alea informan: “miembros del Ejército Nacional, Brigada No. 27 de Selva, hicieron un retén a 20 de metros de la concentración de las comunidades. Como miembro de la Red de Derechos Humanos me dirigí a conversar y explicarles que por favor se retiraran un poco porque estaban muy cerca de la población civil, con palabras soeces y groseras, me insultaron, me dijeron que era un tonto y se fueron. Al rato dos soldados, se metieron por el rastrojo, ocultándose de las comunidades y estaban grabando, un compañero se dio cuenta que en el rastrojo estaban dos soldados grabando. Fuimos a verificar y salieron con paso muy rápido y nos dimos cuenta que los que iban corriendo eran los mismos soldados; a la hora más o menos, pasaron miembros de la empresa Amerisur también grabando a las comunidades que estaban presentes, desde la camioneta que los transportaba.”

3.) El día viernes 5 de agosto de 2016, mientras sesionaban en Asamblea Permanente en la Estación Colon de la vereda El Espinal del Municipio de San Miguel, las organizaciones campesinas e indígenas, vieron sobrevolar drones de color verde olivo, que se atribuye a uso privativo de la fuerza pública, por espacio de una hora, también sobrevolaron por una hora más, el espacio donde los defensores de la Red DDHH del Putumayo se encontraban reunidos.

4.) El día viernes 5 de agosto de 2016, aproximadamente a las 3:00 pm, el Coronel Bonilla en enlace telefónico con el Teniente Coronel Paul Rodríguez, funcionarios de la Policía Nacional, se comunicaron con el Vocero de la MEROS, Yule Anzueta, manifestaron en un tono amenazante, que era él como Vocero quien autorizaba la protesta de las comunidades, autorizaba levantar la movilización, y quien estaba dando órdenes de bloquear carreteras. Si no acataba la orden de la Policía Nacional, tendría problemas jurídicos, afirmando que las empresas petroleras solicitaban continuar con sus operaciones normalmente.

Como defensores de derechos humanos debemos precisar, que el líder campesino, Yule Anzueta, Vocero regional de la MEROS, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, delegado de FUNDAPROGRESO filial a FENSUAGRO, quien además cuenta con Medidas de Protección otorgadas por la UNP. No es él, la única persona que determina el desarrollo de los Diálogos Regionales, si bien las comunidades y organizaciones sociales lo reconocen como un interlocutor ante el Gobierno Nacional, son ellas mismas quienes en espacios de decisión y asambleas populares de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, también protegidas por la Constitución Política, son la primera instancia constituida y constituyente de las decisiones de la MEROS ante los diálogos con el gobierno nacional. En ese sentidos las y los voceros de la MEROS no actúan por intereses personales sino por el consenso de las comunidades, es necesario que se respete el principio de autonomía y derecho de asociación desde la fuerza pública y todas las instituciones gubernamentales, en sus comunicaciones verbales y escritas y no se exponga o se genere un riesgo inminente en la señalización o estigmatización de la labor de los líderes y las lideresas que están en el territorio.

5.) El mismo día Viernes 05 de agosto de 2016, en el Municipio de Puerto Asís, mientras en el parque central se encontraba Ildefonso Mendoza, tomándose un jugo, fue abordado por cuatro motos de la policía nacional, quienes le preguntaron si él había participado en un reciente incidente en el Bancolombia del municipio con un paquete chileno, aduciendo que tenía las características físicas de la persona sospechosa. Lo intimidaron con preguntas sobre su vida personal y laboral, mientras tanto le tomaron fotografías y le advirtieron que iban a estar pendientes de él. Es de anotar que Ildefonso Mendoza es defensor de derechos humanos y vocero regional para los diálogos con gobierno nacional en los corregimientos de Piñuña blanco y la Vereda la Alea, quien además es Coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales- Nariño,

6.) El día 06 de agosto de 2016, en la casa de habitación del Equipo Jurídico de la Red de DDHH del Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales- Nariño; se encontró en una pared externa, un mensaje en grafiti amenazante en letras rojas y blancas que decía: “Q CHIMBA MORIRSE, Para ya no MOLESTAR A NADIE… J.A.”. es de anotar que la casa se encuentra en un barrio tranquilo del municipio de Puerto Asís, en el que este tipo de mensajes en paredes, no se había presentado antes, y según afirman los vecinos y obreros del lugar, apareció hace una semana y aunque es de común conocimiento que en el Municipio de Puerto Asís no hay alumbrado público, no se explica la razón por la cual este tipo de cosas pasa inadvertida, por el cuadrante de la Policía Nacional.
Por lo mismo, este mensaje y de acuerdo a los hechos y antecedentes de agresiones, seguimientos e intimidaciones a los defensores y las defensoras de derechos humanos en la región y en el país, se toma como una amenaza directa contra la vida e integridad de los defensores de derechos humanos que integran la Red de Derechos Humanos. No lo podemos tomar como un hecho aislado.

7.) El día domingo 07 de agosto de 2016 a las 11:20, en el Punto de Concentración ubicado en la Vereda El Espinal, Corregimiento Puerto Colon del Municipio de San Miguel, el Teniente Martínez funcionario de la Policía Nacional, hizo acusaciones con palabras amenazantes a los defensores Yobani Hernández, Claudia Patricia Erazo y Andrés Quiñones integrantes de la Red de DD.HH; el Teniente, cuestionó los conocimientos de los defensores sobre la defensa de los DD.HH y el DIH, mencionó que el nuevo código de policía “le permitía llevárselos sí él quería”.
El mismo día, la Asamblea Permanente se vio interrumpida por un Teniente del Ejército que se identificó como David Ricardo Meza adscrito al Batallón Especial Energético Vial No. 9 ubicado en la base militar La Concordia, del Municipio de Valle del Guamuez; el Teniente del Ejército acompañado de su tropa, portando armas de largo alcance, irrumpieron en la caseta comunal y rodearon el lugar, se dirigieron a la población presente y les amenazaron con judicializar a los presentes, sin comprensión del contexto, ni preguntar o priorizar el diálogo con los voceros o líderes de la Asamblea, les gritaban a la comunidad que ellos perjudicaban a muchos con sus actuaciones y debían detenerse.

Los anteriores hechos violatorios y situaciones mencionadas que han soportado las y los defensores de derechos humanos, los líderes y lideresas y voceros de las organizaciones sociales y la MEROS, por parte de los funcionarios de la fuerza pública es una clara intimidación y estigmatización por la labor, son actos arbitrarios que exceden sus funciones y carecen de las recomendaciones que por ley, debe agotar la fuerza pública para intermediar con las manifestaciones espontaneas, pacíficas y el ejerció a la protesta social que surge hoy en el contexto de la región. Esta movilización pacífica, en el marco del Artículo 37 de la Constitución Política debe gozar de garantias plenas, surge por las dinámicas del dialogo entre la MEROS y el Gobierno Nacional; las conversaciones y los puntos de la agenda regional, de la que hacen parte funcionarios públicos de las diferentes instituciones, entidades, ministerios y presidencia nacional; todos ellos con amplio conocimiento y notificados de la situación.

La fuerza pública debe estar a la altura de las conversaciones y diálogos regionales, conociendo no sólo el contenido de las actas, sino poniéndose en su deberes legales como protectores del interés colectivo sobre el interés individual o privado, dejan mucho que decir frente a sus funciones, cuando sólo despliegan operaciones, u obedecen ordenes con amplio despliegue militar, tecnológico, capacidad logística, y humana en la protección de empresas petroleras o empresarios, y no en la población más vulnerable; como la es la población rural, los y las ciudadanos de a pie, en su legítimo derecho a la libre expresión, derecho de reunión, asociación, manifestar sus inconformidades, organizarse, y ser actores participes de la construcción y sana crítica en un Estado Social, Democrático y de Derecho.

Es de amplio conocimiento y difusión, la sistemática violación y agresiones a defensores de Derechos Humanos, y en especial a líderes e integrantes del Movimiento Político Y Social Marcha Patriótica, por este motivo es imperante como Defensores de Derechos Humanos mencionar que en el marco de la movilización en la región, se presentó la siguiente agresión, que tampoco podemos verla como un hecho aislado:

1. Desde el día 2 de agosto hasta el día 6 de agosto de 2016, El Movimiento Político Y Social Marcha Patriótica programó dentro de sus actividades sociales y humanitarias para todo el departamento una Brigada Internacional de Salud- Manuela Sáenz; conformada por un equipo de trabajo multidisciplinar de 11 personas médicas y psicólogas. Consistió en visitar tres municipios del departamento del Putumayo para realizar acciones de promoción y prevención en el derecho a la salud, y además se visitó algunos puntos de las diferentes asambleas permanentes de la movilización regional, para atender situaciones de primeros auxilios. Estas actividades se desarrollaron normalmente y sin percances; acompañadas todas las actividades por integrantes de la Red de Derechos Humanos del Putumayo.
El día 7 de agosto desde las 6:00pm partiendo del Municipio del Valle del Guamuez, Putumayo, el equipo humano que conformó la Brigada Internacional de Salud se dirigía hacia el Municipio de Pasto, Nariño; para continuar con su misión humanitaria. Siendo las 3:00am, a 5 kilómetros del Municipio de Pasto, hombres encapuchados con armas de fuego y armas blancas, bajaron a los integrantes de la Brigada Internacional de Salud; les amenazaron y les hurtaron sus cámaras fotográficas, computadoras, teléfonos celulares y dinero. Inmediatamente, informaron a las autoridades de Policía Nacional, pero aún se encuentran sin obtener a la fecha respuesta por la denuncia y los hechos violentos.


Desde la RED DE DERECHOS HUMANOS de la Región hacemos un llamado, una vez más para que se brinden las garantias y el pleno derecho a la protesta social consagrado en el marco constitucional y jurisprudencial, y tratando de poblaciones altamente vulnerables en el marco de los diferentes conflictos sociales y armados que se han vivido, exigimos:
- Garantías de no repetición por los hechos que a la fecha constituyen violaciones contra el derecho de defender los derechos humanos y el territorio, así como solicitamos a la Defensoría del Pueblo, la OACNUDDHH y a la Fiscalía General de La Nación, impulsar las investigaciones disciplinarias y penales necesarias que den justicia frente al uso arbitrario del cargo, abuso de autoridad, amenazas e intimidación, cometidas durante el ejercicio de cargos y funciones públicas por miembros de las instituciones de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

- Al Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos, atender de manera inmediata la crítica situación que vive la región, y conjunto con el Ministerio del Interior atender en materia de Prevención y Protección de Derechos Humanos las vulneraciones contra líderes y defensores de derechos humanos. Así como una manifestación de voluntad política para concertar cuanto antes las exigencias presentadas por las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, de la MEROS y todos sus procesos organizativos, políticos y comunitarios que conforman cuatro comisiones de trabajo.

- Al Ministerio de Defensa como dirección de la fuerza pública, prevalecer en sus directrices, operaciones e instrucciones, el respeto por la Constitución Política, el Bloque Constitucional, y Tratados Internacionales suscritos por el Estado Colombiano para que se respeten los Derechos humanos y el derecho internacional humanitario, al interior del territorio, no sólo en el marco de la protesta social sino en el marco de todas las actividades que comprenden los Diálogos Regionales para el Putumayo, la Baja Bota Caucana y Cofania Jardín de Sucumbíos de Ipiales-Nariño.

Se exige a las instituciones públicas, Gobernación, Alcaldías, Personerías municipales, Defensoría del Pueblo la verificación en terreno y despliegue institucional en la garantía de derechos de las comunidades.
RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DE IPIALES NARIÑO.




Vamos por la paz