Fotos: Red DDHH Putumayo

RED DE DERECHOS HUMANOS DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DE IPIALES NARIÑO. COMUNICADO N° 4
Domingo 14 de agosto de 2016. 

 

Desde tiempos inmemorables, las comunidades que sufren las graves injusticias, el abandono e incumplimientos del estado; la represión impuesta y otorgada a las fuerzas armadas por el gobierno nacional y los intereses extractivistas de las empresas presentes en la región; fuerza que combinan con “inteligencia” para hacer señalamiento a líderes y lideresas de la región, criminalizando y violentando la protesta social a las que las comunidades tienen todo el derecho; reclaman el legítimo derecho de habitar en el territorio, el derecho a la vida digna, la libertad, el agua y un ambiente sano.

Después de 21 días de manifestación pacífica, aún hoy están esperando que gobierno nacional les responda cada una de las exigencias que desde ya casi 23 meses con la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos (MEROS) en representación de las comunidades, se vienen discutiendo. Siendo hasta la fecha inciertos los avances en las diferentes comisiones de trabajo fijadas por las partes, debido a la falta de voluntad por parte del gobierno nacional quien no ha demostrado la suficiente seriedad y compromiso para que dichos diálogos avancen de manera positiva y en favor de las comunidades.

HECHOS

1. El sábado 13 de agosto de 2016, campesinos participantes de la movilización en el punto de movilización pacifica La Alea recibieron tres (3) citaciones judiciales de la fiscalía dirigidas a los señores EDWIN FABIÁN RAMÍREZ y JULIO (no llevaba el apellido sino que dice PASTOR IGLESIA PENTECOSTAL) y la señora LUZ DARY RODRÍGUEZ donde se les solicita comparecer acompañados con defensor de confianza a las instalaciones de la Fiscalía 12 Especializada de la Estructura de Apoyo EDA Puerto Asís, ubicada en el Batallón de Ingenieros No. 27 “General Manuel Castro Bayona”; dicha citación no fue entregada por parte de un funcionario de la Fiscalía, sino por integrantes del ejército nacional, quienes abusan de su posición, entregándoles la citación con un trato que no corresponde.
De la misma forma, estamos a la espera de confirmar por las comunidades más citaciones de este tipo, que han llegado a la Vereda y a la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica. Se debe recordar que en ocasiones anteriores, funcionarios de la Empresa AMERISUR han amenazado a los manifestantes, tomado fotografías y videos y han dicho que ellos hablan con quién sea para judicializar.


La confrontación verbal, entre funcionarios de la Empresa AMERISUR, ha llegado a tal punto, que la gente requiere que los garantes de los diálogos regionales, y los funcionarios como personería acompañe la movilización pacífica, pero no han accedido. Solo los defensores de derechos humanos de las organizaciones sociales han llegado a verificar las situaciones.

2. El Domingo 14 de agosto de 2016, en la Vereda la ALEA, la fuerza militar recorre los espacios donde la comunidad está en asamblea permanente en el marco de la movilización, los militares intimidan a los manifestantes utilizando palabras amenazantes; diciendo que ellos los levantan (refiriéndose a las comunidades) del lugar como sea, ya que los carros de las empresas que transportan petróleo van a pasar por encima de quien sea.

3. El Domingo 14 de agosto de 2016, las comunidades concentradas en el punto de Movilización Pacífica de San Pedro desde tempranas horas deciden hacer acciones de movilización y plantones de pedagogía sobre las vías como único medio de llamar la atención del Gobierno Nacional para que este de soluciones a la problemática que se viene presentando; en el punto de San Pedro se logró llegar a un acuerdo entre las autoridades y los manifestantes.

 


4. El domingo 14 de agosto de 2016 para el punto de Movilización Pacífica de San Miguel, se realizó el mismo espacio de pedagogía en las calles y la vía pública, de la misma forma se informa a las autoridades municipales que el Gobierno Nacional ordenó atacar a los manifestantes con el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD ). El ataque violento por parte del ESMAD deja un compañero lesionado en la pierna derecha tras recibir un impacto al parecer de arma de fuego. Cabe resaltar que durante la ofensiva de la fuerza pública se encontraron artefactos no convencionales o legales que hicieron excesivo el uso de la fuerza y pusieron en peligro la vida de los manifestantes.

5. El domingo 14 de agosto de 2016 para el punto de Movilización pacifica en el punto del Yarumo, Municipio de Orito, se realizó un plantón pedagógico por espacio de una hora, fue bajo vigilancia y toma de fotografías por parte del Ejército y la Policía Nacional. Recordemos que este punto de Movilización y Asamblea Permanente tiene como particularidad la participación del pueblo indígena de los Pastos y su cabildo, el cual está protegido por el DIH y la Constitución Política, se intentó dialogar y acordar una metodología para realizar la movilización y el plantón pacifico, pero no se acercaron al lugar funcionarios de la alcaldía municipal con capacidad de decisión. Lo que dificulto el ejercicio y derecho a la protesta social, pues la Policía Nacional del Municipio de Orito, intentaba entrar al cabildo para hallar los responsables de la manifestación, desconocían la protección y respeto por el DIH de los territorios indígenas. El Taita como autoridad mayor del Cabildo Indígena de los Pastos, tuvo que salir de su espacio ancestral, para explicarle al funcionario a cargo de la Policía Nacional, en qué consistía la Consulta Previa y el respeto por la Jurisdicción Indígena.


EXIGIMOS.

 Cese la represión brutal y violenta por parte del Estado en contra de las comunidades manifestantes.
 Mayor compromiso, seriedad y voluntad política por parte del gobierno nacional para avanzar en las comisiones de trabajo fijadas en el marco de los diálogos que se adelantan con la MEROS.
 Alternativas de solución reales a la difícil problemática que hoy padece la región.

El Gobierno Nacional, los funcionarios públicos y la fuerza pública en cumplimiento de su deber de garantía de los derechos humanos, deben asumir las funciones de prevención de la violencia en el marco de políticas de seguridad ciudadana. Proteger a las y los defensores de derechos humanos, líderes, comunidades vulnerables, campesinas, afrodescendientes e indígenas contra violaciones de los derechos humanos; inclusive si estas violaciones han sido cometidas por miembros del Ejército Nacional que se encuentran en el área con antecedentes y denuncias ya realizadas en el marco de los diálogos regionales. El Estado Colombiano puede ser responsable internacionalmente por criminalización y represión a la población civil más vulnerable, en el marco de las obligaciones del Estado se debe garantizar el respeto de esos los derechos colectivos por encima de los intereses privados.

Ante estas acciones de intimidación, amenaza y represión, llamamos al gobierno nacional a ser coherente con su discurso de paz, pues esta no se construye con represión y violencia. Nuestro llamado es a las instituciones encargadas de velar por los derechos de la población civil a pronunciarse y hacer efectivo su papel en defensa de las comunidades que hoy se manifiestan exigiendo sus derechos violentados por este gobierno que atenta contra las mayorías más necesitadas de la región.

A todas las organizaciones sociales hermanas, defensoras de derechos humanos de carácter nacional e internacional invitamos a solidarizarse con la justa lucha que hoy libra el pueblo del Putumayo.

 


RED DE DERECHOS HUMANOS DE PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DE IPIALES NARIÑO

Fotos: Red DDHH Putumayo

 


Vamos por la paz