Con gran preocupación denunciamos la aparición de un panfleto amenazante dirigido en contra de la vida, la convivencia, las libertades democráticas, y la seguridad de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, apareció desde el sábado 15 de noviembre de 2016 en las áreas rurales del Municipio de Valle del Guamuez y del Municipio de San Miguel, las Veredas Jordán Guisia, Los Llanos, Betania y las veredas de la rivera del rio del Valle del Guamuez, DENUNCIAN, que “después de un operativo militar aparece misteriosamente un panfleto en el cual se imponen multas y normas de convivencia, este es firmado por un grupo autodenominado COMANDO SUR DE COLOMBIA DE LAS FUERZA ÁREA unidos con COMANDO DE LAS FUERZAS DE DIOS ISRRAELITAS”.

Alertamos a la comunidad nacional e internacional integrada por defensores de derechos humanos, para que se preste especial atención y debida diligencia frente a las amenazas y el contenido de este panfleto. No es natural que nuestras comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas tengan que seguir viviendo en medio de las amenazas, que la situación de derechos humanos en el departamento este en juego o a voluntad de las administraciones municipales y sea la omisión institucional sea la constante, frente a las situaciones que se denuncian estamos una vez más en constante riesgo, en especial las personas que habitan las áreas rurales, campesinos en su gran mayoría que construyen y confían en los retos políticos, económicos y sociales de construir un territorio digno frente a las trasformaciones que buscan una paz, estable y duradera.

Para nosotros, no es coincidencia que aún se estén utilizando cualquier clase de amenazas para reprimir a la población en general, que se usen artimañas para intimidar en contra de quienes persisten en los territorios, en contra de quienes no van abandonar su derecho a la tierra, territorios que el Estado ha olvidado y que sólo son visibles por las riquezas invaluables, territorios donde la presencia estatal sólo es reflejada en el Ejército Nacional pero con especialidad en Operaciones Minero energéticas, sólo están como se expresa coloquialmente: para cuidar a unos y no al pueblo. Territorios en los que hay presencia de exploración o explotación de hidrocarburos y minería por empresas privadas multinacionales, y territorios en donde aparece este tipo de panfletos y el fenómeno de violencia pareciera no acabar. En estos territorios en los que se han encontrado con los que aman y abrazan la vida y anhelan seguir aquí en el territorio, junto con sus hijos.

En recientes hechos para el Municipio de Valle del Guamuez y San Miguel, para la Baja Bota Caucana y para el Corregimiento de Cofania Jardines de Sucumbíos de Ipiales-Nariño, se registra constantes infracciones al DIH en operaciones conjuntas de la lucha contra las drogas por parte de la Policía Nacional y el Ejército Nacional; y es justo en estos municipios y zonas rurales donde las amenazas por parte de grupos ilegales al parecer sucesores del paramilitarismo, contra campesinos son más frecuentes.

Por otro lado, se denuncia que por parte del ente acusador, Fiscalía General de la Nación, las judicializaciones aumentaron, para la historia de la región, estas acciones en su mayoría obedecen a cumplir con estándares y cifras del cumplimiento nacional e internacional en la llamada “lucha contra los drogas”, es el desarrollo de una política criminal que busca mostrar resultados mediante funcionarios judiciales que en repetidos procedimientos de detención y captura violan la presunción de inocencia, las normas y estándares internacionales de protección y consideración frente al estado de cosas inconstitucionales derivado del desplazamiento forzado, el contexto del conflicto armado y el abandono estatal; estamos observando como víctimas del conflicto armado se ven sistemáticamente revictimizadas y perseguidas por programas metodológicos temerarios que buscan judicializar, en operaciones conjuntas con la fuerza pública al cultivador de coca; acciones en su conjunto que desconocen para la mayoría de los casos, la participación voluntaria de comunidades enteras y campesinos cultivadores de coca en los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos, acciones temerarias que sin contexto, se desarrollan paralelamente al desarrollo de los diálogos regionales del Gobierno Nacional con la Mesa de Organizaciones Sociales- MEROS-.

La respuesta y presencia estatal para estas comunidades rurales sólo se ve en un tratamiento penal dirigido al eslabón más débil y el que ante el actual ordenamiento jurídico no cuenta con igualdad procesal en su derecho al debido proceso y de defensa, son constantes las acusaciones temerarias, estigmatizadoras, peyorativas a quien diga que proviene de una u otra vereda en áreas de cultivos de coca. Acabar con el problema de las drogas ilícitas, recientemente ha sido el logro del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en el punto 4; y por lo anterior, no es lógico que en estas operaciones de la fuerza pública, se incrementen y desconozcan el contexto nacional e internacional que busca priorizar siempre la solución dialogada de los conflictos y eliminar la fuerza violenta y la imposición.

Enfatizamos que no es lógico que incrementen las operaciones militares o judiciales en medio de situaciones de restablecimiento de derechos, abandono estatal, miseria y pobreza, situaciones de necesidades básicas insatisfechas, riesgo o incremento del desplazamiento forzado, generación de miedo y zozobra como afectaciones psicológicas que incrementan con la aparición de los panfletos amenazantes contra comunidades rurales y que se extienden a los cascos urbanos. Una vez más se reitera en el derecho a la denuncia como defensores de derechos humanos, que estas operaciones conjuntas de la fuerza pública son desmedidas y desproporcionadas con el DIH, situaciones que han sido verificadas y comprobadas por instituciones y entidades defensoras de DDHH como Personerías Municipales y Defensoría del Pueblo. Pareciera por algunos funcionarios y miembros de la fuerza pública, omitir el principio de precaución y prevención para salvaguardar la vida e integridad de quienes habitan el territorio, y priorizar en sus comportamientos un afán por hacer sentir en los habitantes quien es la fuerza, como si estuviera en sus funciones un juego de poderes.

Exigimos por parte del Ministerio de Defensa y sus dependencias y departamentos internos de Derechos Humanos que se denuncie la aparición de los manuales de convivencia contenidos en los panfletos que denunciamos, más cuando usan sellos y lemas privativos de la misma fuerza pública. En nuestros hallazgos como defensores de derechos humanos encontramos y denunciamos el despliegue de altos presupuestos contra las comunidades campesinas, en un aparente afán por mostrar resultados a los planes de consolidación, aparente afán que no se refleja dirigido a verdaderos grupos criminales sucesores del fenómeno paramilitar que en otras ocasiones se han autodenominado mano negra, bandas criminales que hoy amenazan constantemente a los campesinos, imponiendo reglas a su cotidianidad, sus costumbres, creencias, derecho a la libertad de expresión, educación, cultura, trabajo, entre otras imposiciones que incluso extorsivamente solicitan pago de multas; recordamos a toda la institucionales y al Gobierno Nacional que en estas áreas rurales para marzo y septiembre de 2016, se ha reportado la muerte violenta de jóvenes en manos de criminales que firman estos panfletos o pasquines.

RESPONSABILIZAMOS

Al Estado Colombiano en cabeza del señor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, a la Gobernación del Putumayo, a las Alcaldías Municipales del Bajo Putumayo, por lo que pase a la integridad física y psicológica de las comunidades rurales campesinas, afrodescendientes e indígenas, y en especial a las áreas priorizadas que hagan parte de Programas de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito; y en especial por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.

EXIGIMOS

Responsabilidad y respuesta eficaz e inmediata estatal frente a los derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad, derecho al trabajo, derecho a la cultura, la recreación y la cultura de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y a las y los integrantes de las organizaciones sociales, líderes y defensores de derechos humanos, que se están viendo afectados por las amenazas de grupos desconocidos e ilegales con patrones o conductas sucesoras del paramilitarismo.

AL ESTADO COLOMBIANO

  • El inmediato cumplimiento de las reiteradas recomendaciones que sobre el respeto y acatamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha formulado la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, La comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y demás organismos internacionales.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en las situaciones descritas de esta Denuncia Pública.

A LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

  • Adelantar las medidas necesarias para lograr garantizar derechos a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad, derecho al trabajo, derecho a la cultura, la recreación y la cultura de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y a las y los integrantes de las organizaciones sociales, líderes y defensores de derechos humanos que se están viendo afectados por las amenazas de grupos desconocidos e ilegales con patrones o conductas sucesoras del paramilitarismo
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en las situaciones descritas de esta Denuncia Pública.

A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

  • Cumplir con su papel institucional de velar por la garantía y el respeto a los derechos fundamentales a la vida, la seguridad personal, la integridad física y psicológica, la intimidad personal, a la libre movilidad, derecho al trabajo, derecho a la cultura, la recreación y la cultura de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas y a las y los integrantes de las organizaciones sociales, líderes y defensores de derechos humanos, en especial de los municipios de Valle del Guamuez, y San Miguel.
  • Desarrollar las acciones legales necesarias para determinar las responsabilidades colectivas e individuales por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, consagrados en los hechos de esta Denuncia Pública.

SOLICITAMOS

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (OACNUDH)

En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las Normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.

INSTAMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES, SINDICALES Y AGRARIAS A MANTENERSE ATENTOS Y ALERTA, ANTE LA CRÍTICA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE SE PRESENTA PARA LA REGIÓN DEL PUTUMAYO, LA BAJA BOTA CAUCANA Y COFANÍA JARDINES DE SUCUMBIOS DE IPIALES NARIÑO

 

INSTITUCIONES A DONDE SE DEBE RADICAR LA PRESENTE DENUNCIA PÚBLICA

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la República

Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Cauca Bogotá

Fax. 5662071

Fax: (+57 1) 566.20.71

 

JUAN FERNANDO CRISTO.

Ministro del Interior

Carrera 9a. No. 14-10 - Bogotá, D.C.

e-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

PBX (+57) 444 31 00 Ext. 1820

 

JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA

Ministro de Justicia y del Derecho

Carrera 13 No. 52 - 95

 

NESTOR HUMBERTO MARTINEZ

Fiscal General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 - Bogotá, D.C.

Teléfonos: 570 20 00 - 414 90 00

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Defensoría del Pueblo

Calle 55 # 10-32, Bogotá

Fax: (+571) 640.04.91

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.,

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Procuraduría General de la Nación

Cra. 5 No.15 – 80F Bogotá D.C.

anticorrupcióEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., reygon@procuraduría.gov.co

 

OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Calle 114 No. 9-45 Torre B Oficina 1101

Edificio TeleportBussines Park – Bogotá, Colombia

Teléfono PBX (57-1) 629 3636 (57-1) 629 3636 Fax (57-1) 629 3637

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

FAVOR REMITIR CORREO ELECTRÓNICO Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

LOS OFICIOS, GESTIONES E INFORME DE LAS ACCIONES QUE ADELANTEN CON BASE EN ESTA INFORMACIÓN

 

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PUTUMAYO, BAJA BOTA CAUCANA Y COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS DE IPIALES- NARIÑO

Puerto Asís, Putumayo.

16 de noviembre de 2016

 

     

 

 


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