Una vez constituido el Comité e impulsadas las primeras denuncias públicas, se inicia una etapa de exigencia por la libertad de los presos políticos, el levantamiento del Estado de Sitio y derogatoria del Estatuto de Seguridad, que el Comité complementa con la propuesta de una Ley de Amnistía General para los detenidos por razones políticas.

Esta iniciativa fue aprobada en el II Foro Nacional de Derechos Humanos y presentado a consideración del senado por el doctor Gerardo Molina y a la Cámara por el doctor Gilberto Vieira, miembros del Comité, lo cual motivo la reacción del gobierno Turbay que presentó oficialmente un proyecto de Amnistía restringido y contrario al espíritu del proyecto aprobado en el II Foro, pero que con la presión del gobierno fue aprobado como la Ley 37 de 1.981, la cual no sirvió para la libertad de los presos políticos, pues ninguno se acogió a ella.

Un año mas tarde el Presidente Belisario Betancur recogiendo los elementos del proyecto impulsado por el Comité presenta oficialmente uno nuevo que se convierte en la ley 35 de 1.982, mediante la cual son puestas el libertad mas de 1.500 personas detenidas con motivo de la aplicación del "Estatuto de Seguridad Nacional" que había sido derogado con el ascenso del nuevo gobierno.

Durante esta época el Comité contaba con el apoyo del representante Hernando Hurtado, su Secretario Ejecutivo, quien puso su oficina de la Cámara como sede del Comité y sus asistentes como funcionarios del Comité Permanente.

 


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