Los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Barco y el M-19 en marzo de 1.990 y luego con el PRT, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y la reinserción de los combatientes de estos movimientos a la vida civil y la adopción de una nueva Constitución no lograron disminuir substancialmente la confrontación armada, pues los principales grupos insurgentes FARC, ELN y una parte del EPL no formaron parte de los acuerdos. Por otra parte el nuevo Presidente, Cesar Gaviria, desde el momento de su posesión les declaró a los grupos insurgentes la llamada guerra integral y el mismo día de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente ordenó atacar el campamento de las FARC en Casaverde, hecho que agravó la confrontación armada y estimuló el crecimiento de los frentes guerrilleros.

 

 

El gobierno de Gaviria en su pretensión de derrotar los grupos insurgentes con la guerra integral, apela a las facultades especiales del llamado Estado de Conmoción Interior para utilizar todos los recursos humanos, económicos y de servicios a las necesidades de la guerra, aplicando medidas que desconocían los derechos económicos de la población y violaban los derechos civiles y políticos, anulando la vigencia de los derechos consagrados en la nueva Constitución. Ante esta situación el VII Foro orienta la acción del Comité a procurar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución; exigir la depuración de la Fuerza Pública de los elementos responsables de la violación de los derechos humanos; desmilitarizar de la vida civil y desmantelar los grupos paramilitares: brindar garantías a los personeros municipales en su trabajo de defensa de los derechos humanos; derogar las normas dictadas al amparo del Estado de conmoción Interior y eliminar de la jurisdicción de orden público; garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen con previa indemnización y aplicar irrestrictamente el Derecho Internacional Humanitario por los actores del conflicto armado.

Las acciones del Comité en este período se ven seriamente limitadas ante la falta de recursos económicos, debido a que la fuente de financiación consistente en los auxilios parlamentarios asignados por un número muy reducido de senadores y representantes comprometidos con la causa de los derechos humanos, fueron suspendidos y el Comité quedó desprovisto de recursos, viéndose obligado a buscar financiación de entidades internacionales.

 


Vamos por la paz