Los proyectos que el CPDH ejecuta se encuentran en relación estrecha y directa con regiones donde la situación de la población, de los miembros de organizaciones sociales, y/o de los defensores de derechos humanos  es crítica. Así, acompañar, retroalimentar e impulsar experiencias de lucha contra la impunidad, por el respeto a los derechos humanos, por las libertades democráticas, y por la construcción de experiencias de participación ciudadana es fundamental.

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El primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas celebrado en Bogotá durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1.979, que dio lugar a la creación del Comité Permanente, convocó a los mas amplios sectores de la sociedad colombiana que se oponían a las medidas represivas y de supresión de las libertades democráticas adoptadas por el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala en aplicación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, para impedir las exigencias populares de solución a los problemas sociales.

 

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En la existencia del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) podemos diferenciar nueve etapas relacionadas con la modalidad predominante de violación a los derechos humanos, la situación social y política del país, el tipo de acciones impulsadas por el Comité y los recursos disponibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación y lucha por las libertades democráticas

 

 

El primer Foro Nacional por los Derechos Humanos y las Libertades Democráticas celebrado en Bogotá durante los días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 1.979, que dio lugar a la creación del Comité Permanente, convocó a los mas amplios sectores de la sociedad colombiana que se oponían a las medidas represivas y de supresión de las libertades democráticas adoptadas por el gobierno del presidente Julio Cesar Turbay Ayala en aplicación de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, para impedir las exigencias populares de solución a los problemas sociales.

 

La profundidad de los análisis contenidos en las ponencias, así como las ilustradas intervenciones de los asistentes precisaron los rasgos sobresalientes de la situación, esclarecieron la esencia de la doctrina de la Seguridad Nacional contenida en el decreto 1923 de 1.978, denominado Estatuto de la Seguridad Nacional, identificaron la detención arbitraria y la tortura como las modalidades principales de violaciones en ese momento, para acordar una táctica de lucha por la vigencia de los derechos humanos, que tuvo como actividades centrales:

 

- La creación de un Comité de carácter permanente que reciba las denuncias y acompañe a las víctimas o sus familiares en los trámites ante las autoridades.

 

- Adelantar contactos con Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos para darles a conocer la situación de Colombia a objeto de ampliar la denuncia y buscar la Solidaridad Internacional. Gracias a esta labor el gobierno tuvo que aceptar la visita de Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año de 1.980, las cuales terminaron con informes sobre Colombia y un seguimiento de varias organizaciones sobre las actuaciones del gobierno.

 

- Promoción de debates en el parlamento sobre las violaciones de los derechos humanos y sensibilización a comunicadores sociales a fin de mantener informada a la opinión nacional sobre esta situación.

 

 

 

 

 

Por lo derechos humanos y la amnistía general

 

 

Una vez constituido el Comité e impulsadas las primeras denuncias públicas, se inicia una etapa de exigencia por la libertad de los presos políticos, el levantamiento del Estado de Sitio y derogatoria del Estatuto de Seguridad, que el Comité complementa con la propuesta de una Ley de Amnistía General para los detenidos por razones políticas. Esta iniciativa fue aprobada en el II Foro Nacional de Derechos Humanos y presentado a consideración del senado por el doctor Gerardo Molina y a la Cámara por el doctor Gilberto Vieira, miembros del Comité, lo cual motivo la reacción del gobierno Turbay que presentó oficialmente un proyecto de Amnistía restringido y contrario al espíritu del proyecto aprobado en el II Foro, pero que con la presión del gobierno fue aprobado como la Ley 37 de 1.981, la cual no sirvió para la libertad de los presos políticos, pues ninguno se acogió a ella.

 

Un año mas tarde el Presidente Belisario Betancur recogiendo los elementos del proyecto impulsado por el Comité presenta oficialmente uno nuevo que se convierte en la ley 35 de 1.982, mediante la cual son puestas el libertad mas de 1.500 personas detenidas con motivo de la aplicación del "Estatuto de Seguridad Nacional" que había sido derogado con el ascenso del nuevo gobierno.

 

Durante esta época el Comité contaba con el apoyo del representante Hernando Hurtado, su Secretario Ejecutivo, quien puso su oficina de la Cámara como sede del Comité y sus asistentes como funcionarios del Comité Permanente.

 

 

 

 

 

Por el derecho a la vida y la apertura democrática 

 

 

Liberados los presos políticos y comprobada la aplicación de tortura en establecimientos militares, como método de interrogatorio. Las pruebas sobre torturas son consignadas en informes elaborados por misiones Internacionales de Derechos Humanos, que permiten establecer la responsabilidad de agentes estatales, ante lo cual, miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas idean la fórmula de evitar testigos en los cargos de violación de los derechos humanos y cambian la modalidad de detención y tortura a los llamados enemigos internos, por la eliminación física o la desaparición forzada, ampliando para estas labores la utilización de personal civil, vinculado de manera indirecta a las Fuerzas Armadas en la estrategia contrainsurgente, es la Jpoca del auge de asesinatos selectivos de dirigentes populares y políticos de izquierda, y la desaparición forzada de personas, crímenes que corren paralelos con el fortalecimiento de las autodefensas campesinas y la aparición del MAS y otros grupos paramilitares con siglas parecidas, a los cuales se les atribuyen varias masacres.

 

Este cambio de modalidad de violación a los derechos humanos coincide con el impulso del Comité Permanente a la creación de seccionales en varias regiones del país, actividad que se vio afectada en el Magdalena Medio por el asesinato de Fernando Vélez Méndez, Presidente del Comité Permanente de Puerto Berrio (Antioquia) ejecutado en el Parque Obrero de esa localidad el 27 de enero de 1.983, hecho que marca el comienzo de la campaña de exterminio contra defensores de derechos humanos.

 

El tercer Foro Nacional, "por el Derecho a la Vida, la Paz y la apertura Democrática" caracteriza este período, orienta la acción por la desactivación de los grupos paramilitares, las reformas políticas y sociales, como premisas de paz.

 

Aquí se comienza a hablar de diálogo con las fuerzas guerrilleras.

 

 

 

 

 

Por el respeto a la vida y el derecho internacional humanitario

 

 

El agravamiento del conflicto, armado dado por el crecimiento de los grupos insurgentes y la utilización cada vez mayor de grupos paramilitares por parte de las Fuerzas Armadas en desarrollo de la estrategia contrainsurgente que convierte a la población civil en objeto de ataques por todos los actores armados, contrariando las mas elementales normas del Derecho Internacional Humanitario.

 

Al tiempo que el conflicto se agudizaba, el gobierno del Presidente Belisario Betancur mantenía contactos con grupos insurgentes para adelantar diálogos orientados a buscar una solución negociada al conflicto armado, estos dieron lugar a la firma de acuerdos de cese al fuego, tregua y dialogo nacional entre el gobierno de Belisario Betancur y el Ejército Popular de Liberación "EPL", el Movimiento 19 de abril M-19 y el Autodefensa Obrera "ADO" en agosto de 1.984 y el pacto de paz con las "FARC" en 1.985. La fragilidad de los acuerdos llevó a su pronta ruptura y reanudación de la hostilidades, de manera que en el año de 1.985, la toma del palacio de justicia pone fin a las expectativas de solución negociada al conflicto armado propuesta por Belisario Betancur y marca un cambio en el tratamiento gubernamental a los problemas nacionales.

 

El IV Foro Nacional "por la Reformas Políticas y la Paz" expresó su apoyo a la tregua, a los acuerdos de cese al fuego y propuso una serie de reformas sociales y políticas, al tiempo que denunció los nexos de altos mandos del ejército con los grupos paramilitares en la ejecución de graves crímenes.

 

 

 

 

 

 

 

Por el derecho a la vida y a la democracia 

 

 

Después del holocausto del palacio de justicia en que fue sacrificada la Corte Suprema de Justicia y las reglas del Derecho Internacional Humanitario fueron totalmente ignoradas por el gobierno, que desoyó la petición de parar el asalto de la tropa al palacio, en busca de una salida incruenta a la toma guerrillera, hecha por el Presidente de esa institución y miembro del Comité Permanente doctor Alfonso Reyes Echandía, el gobierno retrocede frente a la búsqueda de soluciones políticas y opta por las medidas represivas como solución a los reclamos populares, lo cual agrava la violencia, desde entonces generalizada en la modalidad de guerra sucia, y que se expresa en el aumento de homicidios, masacres, desapariciones e incremento de grupos paramilitares, ante lo cual el derecho a la vida es casi inexistente y la democracia es simplemente formal.

 

Para esta Jpoca el Comité lucha por el derecho a la vida y el desmantelamiento de los grupos paramilitares lo mismo que por la reconstrucción y fortalecimiento de la rama judicial como forma de evitar el derrumbe total de los rezagos democráticos.

 

En este período se pretende impedir la actividad del Comité Permanente mediante la eliminación de los miembros, siendo asesinados José Cardona Hoyos, fundador y miembro del Comité seccional del Valle del Cauca, Pedro Nel Jiménez Obando, Presidente del Comité Seccional del Meta y Sotero Escobar Presidente del Comité Seccional de Arauca.

 

 

 

 

 

 

 

Por el derecho a la vida y a la recuperación democrática en Colombia

 

El cambio del gobierno de Betancur por el de Barco se dio en medio de un alto grado de violencia, que el nuevo presidente prometía disminuir dando mayor poder a las Fuerzas Militares y expidiendo nuevas normas represivas, como el llamado Estatuto de la Democracia, sin tocar los problemas sociales. Estas medidas contribuyeron a agravar la situación, los grupos paramilitares crecieron con el apoyo de las Fuerzas Militares y la financiación del narcotráfico, constituyéndose en grandes ejércitos de la muerte, dotados de modernos armamentos y entrenados por mercenarios israelíes e ingleses para cometer las grandes masacres, entre otras recordamos: la de Cimitarra - Santander el 14 de abril de 1.987, con 10 muertos; Honduras y la negra en Antioquia, marzo de 1.988 - 17 muertos, Coquitos en Antioquia - abril de 1.988 - 26 muertos; Segovia en Antioquia - noviembre de 1.988 - 42 muertos; Caño Viejo en Santander 19 de febrero de 1.988 - 12 muertos; Llama Caliente en Santander 29 de mayo de 1.988 - 12 muertos; El Carmen en Santander 20 de julio de 1.988 - 10 muertos; La Rochela en Santander 18 de enero de 1.989 - 12 muertos.

 

En este período el Comité Permanente afronta una campaña muy grave de exterminio, el VI Foro de Derechos Humanos da cuenta de 22 de sus mejores miembros asesinados, entre ellos su Vicepresidente Nacional Héctor Abad Gomez y 6 Presidentes de Comités departamentales, sin que los asesinos fueran aprehendidos y castigados.

 

El Comité Permanente gravemente afectado por la guerra sucia, exigió del gobierno medidas efectivas para desarticular los grupos paramilitares y castigar a los responsables de organizarlos, financiarlos, entrenarlos y darles apoyo logístico en la ejecución de los crímenes.

 

De manera paralela a la degradación del conflicto armado, el Presidente Barco llegaba al pacto político por la paz y la democracia con el M-19 que consignaba aspectos importantes para la reconciliación, como la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de aprobar una nueva Constitución, propuesta que fue apoyada por el Comité Permanente en su aspiración de lograr la consagración Constitucional de los Derechos Humanos.

 

 

 

 

 

Por la paz y los derechos humanos

 

Los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Barco y el M-19 en marzo de 1.990 y luego con el PRT, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y la reinserción de los combatientes de estos movimientos a la vida civil y la adopción de una nueva Constitución no lograron disminuir substancialmente la confrontación armada, pues los principales grupos insurgentes FARC, ELN y una parte del EPL no formaron parte de los acuerdos. Por otra parte el nuevo Presidente, Cesar Gaviria, desde el momento de su posesión les declaró a los grupos insurgentes la llamada guerra integral y el mismo día de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente ordenó atacar el campamento de las FARC en Casaverde, hecho que agravó la confrontación armada y estimuló el crecimiento de los frentes guerrilleros.

 

El gobierno de Gaviria en su pretensión de derrotar los grupos insurgentes con la guerra integral, apela a las facultades especiales del llamado Estado de Conmoción Interior para utilizar todos los recursos humanos, económicos y de servicios a las necesidades de la guerra, aplicando medidas que desconocían los derechos económicos de la población y violaban los derechos civiles y políticos, anulando la vigencia de los derechos consagrados en la nueva Constitución. Ante esta situación el VII Foro orienta la acción del Comité a procurar el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución; exigir la depuración de la Fuerza Pública de los elementos responsables de la violación de los derechos humanos; desmilitarizar de la vida civil y desmantelar los grupos paramilitares: brindar garantías a los personeros municipales en su trabajo de defensa de los derechos humanos; derogar las normas dictadas al amparo del Estado de conmoción Interior y eliminar de la jurisdicción de orden público; garantizar el retorno de los desplazados a sus lugares de origen con previa indemnización y aplicar irrestrictamente el Derecho Internacional Humanitario por los actores del conflicto armado.

 

Las acciones del Comité en este período se ven seriamente limitadas ante la falta de recursos económicos, debido a que la fuente de financiación consistente en los auxilios parlamentarios asignados por un número muy reducido de senadores y representantes comprometidos con la causa de los derechos humanos, fueron suspendidos y el Comité quedó desprovisto de recursos, viéndose obligado a buscar financiación de entidades internacionales.

 

 

 

 

 

 

 

Por "paz: democracia, justicia y desarrollo"

 

 

La generalización de la crisis colombiana, expresada en la agudización de las diferentes modalidades de violencia como masacres, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos por intolerancia social, cuyos resultados en los últimos 10 años arrojan la muerte de un cuarto de millón de personas y en el deterioro de las condiciones económico-sociales del pueblo, sin que se apliquen rectificaciones que permitan cambiar esta trágica situación que caracteriza el momento actual del país.

 

Frente a este estado de cosas, el Comité Permanente interpretando los anhelos de paz de los colombianos en la aspiración de fortalecer una corriente de opinión democrática fundamentada en propuestas políticas sólidas para la superación de la violencia y la inequidad, convoca con el apoyo de varias entidades financieras internacionales el VIII Foro con el lema "Paz: Democracia, Justicia y Desarrollo" buscando con ello el estudio y la elaboración de una política global para neutralizar las causas de la violencia y buscar una paz basada en serias transformaciones culturales, políticas, económicas y sociales.

 

El Foro después de estudiar una variedad de temas como: el Régimen Político, la Impunidad, la Política de Seguridad del Estado, el Tráfico de Drogas, la Desigualdad Social, el Problema Agrario, la Violencia Urbana, la Juventud, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, adoptó una serie de conclusiones que señalaron la orientación de las actividades del Comité para los últimos años, que podemos resumir en las siguientes:

 

8.1. La continuación de la defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, decepcionando las quejas de violaciones y acompañando a las víctimas.

 

En este sentido hemos buscado coordinar acciones concretas con las ONG de Derechos Humanos y las que trabajan temas ambientales y de desarrollo.

 

Para lograr mas eficacia, se han integrado con la participación del Comité los siguientes espacios:

 

a. Equipo Operativo de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, espacio de coordinación de todo el trabajo internacional de denuncia de las violaciones de derechos humanos y de acción ante la comunidad internacional para concertar proyectos de observación, protección, programación de campañas específicas y visitas de misiones internacionales.

 

b. El Proyecto Nunca Mas, que actualmente realiza la sistematización de crímenes de lesa humanidad y realiza la investigación de los casos.

 

c. Grupo Ad-hoc de Defensores de Derechos Humanos, conformado con motivo de los asesinatos de Defensores y atentados contra sedes de organizaciones miembros de estas.

 

d. Plataforma Colombiana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

8.2. Lucha contra el paramilitarismo, en desarrollo de esta hemos venido acompañando a las víctimas de este fenómeno, realizando denuncias, previniendo ataques, como el de Puerto Elvira en el Municipio de Mapiripán y al municipio de Paratebueno en Cundinamarca.

 

En otros casos hemos impulsado acciones conjuntas con otras organizaciones de derechos humanos y de sectores afectados, desarrollando la campaña por el desmonte de las CONVIVIR (formas legalizadas de paramilitarismo)

 

8.3. Sobre los derechos sociales, lanzamos la iniciativa de constituir una comisión amplia, con representantes de organizaciones sindicales, de trabajo por el desarrollo, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y otras para analizar en conjunto una serie de problemas del desarrollo, para realizar este objetivo hemos citado dos reuniones, sin embargo la idea de una comisión estable no ha cristalizado.

 

8.4. Sobre el Proceso de Paz. El Comité ha venido trabajando de tiempo atrás con este propósito, impulsando acciones de paz y propiciando espacios de paz, entre los cuales podemos relacionar:

 

a. El Comité de Búsqueda de la Paz, constituido con mas de 60 organizaciones populares que ha hecho importantes propuestas y ha impulsado entre otros eventos el Congreso por la Paz, la Asamblea de Ecopetrol por la Paz y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz.

 

b. La Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, espacio que aglutina actualmente las distintas expresiones sociales en favor de la paz. El Comité halla ligado a este espacio con la presencia de dos de sus miembros en el Comité de Impulso.

 

c. Consejo Nacional de Paz, constituido mediante la Ley 434 de 1.998, del cual forma parte un miembro del Comité, designado por un conjunto de organizaciones de derechos humanos como reconocimiento del Trabajo por la Paz. Aún cuando el nuevo gobierno parece no tener intención de que este órgano funcione, allí se ha planteado la importancia de incluir los derechos humanos en la agenda de paz.

 

8.5. Sobre la creación de Comités Municipales de Derechos Humanos y apoyo a la Labor de los Personeros se ha fortalecido el proceso mediante la sistematización del trabajo, el impulso a las propuestas de los Personeros y Comités, que vienen presentando iniciativas y mostrando experiencias muy variadas e importantes, según las particularidades de los municipios.

 

Los Personeros vienen siendo objeto de atentados, amenazas y otros actos de persecución en razón de su carácter de defensores de derechos humanos, casos que el Comité ha presentado ante las autoridades 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas   

 

 

- La Paz

 

Partiendo de la observación de la situación colombiana en materia de paz y derechos humanos, confirmamos la persistencia de los actos de guerra cometidos por los diferentes actores armados que siguen desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario y perjudicando gravemente a la población civil, mientras que los agentes del Estado continúan desconociendo y violando los derechos humanos. Sin embargo apreciamos unas mejores condiciones para lograr por la vía de la negociación política, los acuerdos de paz que deseamos los colombianos, con esta visión consideramos que la perspectiva del Comité en el inmediato futuro esta ligada a la activa participación en el proceso de paz, propiciando el análisis de cada paso y la injerencia de la sociedad civil en las decisiones, a objeto de que sus derechos sean contemplados en los acuerdos posibles. Pero evitando la ruptura de las negociaciones por cualquier incidente.

 

Esta participación implica la promoción de eventos amplios por la paz, el fortalecimiento de los espacios de estudio del proceso y de organización social, la difusión de documentos sobre contenido de agendas, acuerdos o desacuerdos referidos a los temas discutidos.

 

En lo relacionado al grupo de coordinación sobre derechos humanos y procesos de paz, trabajaremos por vincular al mayor número de organizaciones en el estudio de los puntos temáticos sobre los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que deben ser incluidos y consignados en cualquier acuerdo, para así lograr la consolidación de este espacio de coordinación.

 

- La Participación Ciudadana

 

Consideramos de vital importancia para la futura acción de defensa de los derechos humanos, el desarrollo de la participación organizada de la ciudadanía, desde la célula básica del Estado como es el municipio, para cumplir este objetivo seguiremos constituyendo Comités Locales de Derechos Humanos, tratando de consolidarlo mediante la aplicación de una pedagogía de participación.

 

Con el propósito de lograr una acción coordinada de los Comités Municipales, nos proponemos llevar a las Asambleas Regionales de la Asociación de Personeros, así como al Congreso Nacional, la iniciativa de creación de una Red que enlace los Comités regional y nacionalmente y un órgano de divulgación de documentos y materiales de derechos humanos.

 

Mientras subsista el conflicto armado y la actual crisis política, económica y social de Colombia, creemos que la proyección del Comité esta en poner el énfasis en estos dos objetivos, sin abandonar su labor habitual.

 

Recientemente, en Junio del 2000, se realizo el IX Foro "Por Paz, Bienestar y Soberanía Nacional" pronunciándose nuevamente a favor de la solución política del conflicto, el respeto por la integralidad de los derechos humanos como presupuesto para la paz y, el rechazo a la política de fumigaciones y escalamiento de la guerra contenidos en el Plan Colombia. El Comité ha sido reiterativo en la necesidad en que haya una política de Estado para la paz, que el proceso sea ininterrumpido, que se mantengan áreas de despeje para el dialogo, tanto con las FARC como con el ELN, y que se hagan esfuerzos de las partes para avanzar en la concreción de acuerdos sobre los temas de las agendas, perceptibles para la opinión publica.

 

 


Este programa recepciona y tramita ante las autoridades nacionales y las instancias internacionales competentes, las quejas por violaciones a los derechos humanos. Igualmente promueve acciones urgentes destinadas a corregir actos arbitrarios, lograr la libertad de personas retenidas y evitar hechos violatorios

Con este programa el CPDH busca construir y fortalecer los Comités Municipales de Derechos Humanos como organismos de convergencia de las autoridades locales, entre ellas las Personerías Municipales, y las organizaciones de la sociedad, para la promoción, defensa y superación de la problemática de derechos humanos a nivel local.

Los Comités Municipales cumplen una doble función al posibilitar la integración de los diferentes sectores de la comunidad a la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos a la par que contribuyen al fortalecimiento de la institucionalidad colombiana garante de los derechos humanos: democracia participativa, pluralismo, solidaridad y la dignidad humana.

En cumplimiento de la misión institucional, el CPDH promueve la coordinación de las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos en torno a la paz y los derechos humanos, a través de las acciones de coordinación, convergencia y de fortalecimiento del movimiento social por la paz.

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